Admite la CIDH investigar la masacre de El Charco

* El 7 de junio de 1998 soldados ejecutaron a 10 indígenas na’saavi y a un estudiante de la UNAM en esa comunidad de Ayutla y estos crímenes no se han investigado, señala ONG

*En los próximos días responderá la solicitud de entrevistar a militares sobre Ayotzinapa, dice el secretario de Gobernación al Grupo de Expertos

*Programan cuatro marchas para hoy en el DF a ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas

*Hoy sería trasladada Nestora Salgado a una prisión del DF; cumple 21 días en huelga de hambre y Gonzalo Molina 11 en el penal del Altiplano

*Ya está “casi lista” la ley de aministía, dice el secretario de Gobierno David Cienfuegos

Admite la CIDH revisar las violaciones a derechos que cometió el Ejército en El Charco, informa la Red Solidaria

*El 7 de junio de 1998 soldados ejecutan y torturan a 10 indígenas na’saavi y a un estudiante de la UNAM en esa comunidad de Ayutla y estos crímenes no se han investigado, señalan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que preside el obispo José Raúl Vera López, celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de dar trámite a su petición, para que se revisen las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército mexicano, quienes ejecutaron y torturaron extrajudicialmente a 10 indígenas na’saavi y a un estudiante de la UNAM, el 7 de junio de 1998, en la comunidad El Charco, municipio de Ayutla.
El organismo no gubernamental de derechos humanos, por medio de Ericka Zamora Pardo, sobreviviente de la masacre de El Charco; Ernesto Rodríguez Cabrera, abogado de  la Red, y Magdalena López Paulino, secretaria  ejecutiva, anunciaron que este martes a las 11 de la mañana, ofrecerán una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) de la Ciudad de México, con motivo del 17 aniversario de esa masacre.
El organismo adelantó que ha habido una omisión del gobierno mexicano, para investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de estas violaciones a los derechos humanos, por lo que solicitaron la revisión del caso a la CIDH, organismo que lo admitió.
López Paulino dijo que el Estado mexicano ha violado el principio del derecho a la verdad histórica, de lo que sucedió esa madrugada, en la que fueron ejecutados 10 indígenas na’savi y un estudiante universitario, y la tortura de la cual fueron víctimas los indígenas y la entonces estudiante universitaria Ericka Zamora, quienes fueron detenidos.
“La masacre de El Charco se ha convertido en un recuerdo doloroso, de la impunidad con que actúa del gobierno mexicano y sobre todo, subraya su incapacidad de avanzar en materia de derechos humanos, ya que no ha sido un hecho aislado en el país, y sin embargo es un eslabón más a la cadena de impunidad para el sufrido pueblo del estado de Guerrero”, denunció por su parte el organismo, mediante un pronunciamiento, a unos días del 17 aniversario de esa masacre.
Para la Red, Guerrero ha padecido no solamente hechos de barbarie, como la masacre de El Charco, sino acciones como la llamada guerra sucia, la matanza de Aguas Blancas, la desaparición de activistas sociales, ejecuciones a activista sociales, entre ellas la de Arturo Hernández Cardona, que dirigía la organización Unidad Popular; la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el encarcelamiento de activistas sociales, así como las diversas órdenes de aprehensión que hay en contra de activistas sociales y el hostigamiento permanente a la Policía Comunitaria, como lo es la casa de justicia de El Paraíso.
En este sentido, el organismo añadió que el gobierno mexicano está obligado a solucionar la grave crisis de derechos humanos en la que se encuentra, así como a combatir la cultura de impunidad, “un primer paso que está a su alcance, es que se conozca la verdad histórica de la masacre de El Charco, y que las víctimas y sus familiares reciban una adecuada reparación, hay que recordar que la entonces relatora de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU,  Asma Jahangir, manifestó que existían muy buenas razones para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas armadas en este incidente, recomendación incumplida hasta el día de hoy por el gobierno mexicano”, añadió la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
Agregó que el gobierno mexicano tiene el reto de enfrentar los desafíos en materia de derechos humanos, como restringir la jurisdicción militar, frenar las ejecuciones extrajudiciales, las privaciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura.
“Es necesario que se conozca la verdad histórica de la masacre de El Charco, que los sobrevivientes y sus familiares tengan acceso a la justicia, que este 7 de junio no sea un año más de impunidad y olvido para los sin rostro de La Montaña y Costa Chica”, expresó.
Mientras tanto, López Paulino adelantó que este martes, en conferencia de prensa, exigirán al gobierno mexicano que los autores intelectuales y materiales de la masacre de El Charco sean procesados, y las víctimas y sus familiares obtengan la reparación adecuada a los daños que les fueron ocasionados.
Asimismo, que cese el hostigamiento del que siguen siendo víctimas los sobrevivientes, entre los que destacamos el de la defensora de derechos humanos, Ericka Zamora, y que el gobierno mexicano garantice la no repetición de una masacre.

Pronto responderá al Grupo de Expertos su solicitud de entrevistar a militares sobre Ayotzinapa, dice Osorio

Redacción

El secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong se reunió ayer con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a las investigaciones de los ataques de policías a normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre en Iguala, cuando 43 jóvenes fueron detenidos-desaparecidos.
En un boletín, la dependencia federal dijo que durante el encuentro en las instalaciones de la Segob, se dio cuenta de los trabajos del GIEI, entre los que destacan las reuniones con la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer los avances en la investigación, las entrevistas que han realizado a los procesados y los distintos encuentros con familiares de las víctimas, “en los que han participado funcionarios de esta dependencia para avanzar en las medidas de atención integral y reparación del daño”.
En su intervención Osorio Chong informó que en los próximos días el Estado mexicano dará una respuesta oficial a la solicitud del GIEI para sostener una entrevista con integrantes del Ejército.
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario reconocieron el apoyo que han tenido del gobierno de la República, para la adecuada realización de sus trabajos, afirma.
“El titular de esta Secretaría reiteró el compromiso y la disposición del gobierno de la República para, en el marco del convenio signado, continuar colaborando y brindar todas las facilidades necesarias para el buen desarrollo de las labores que realiza el GIEI en México”, se expone en la misiva.
Del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes asistieron Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Ángela María Buitrago.
Al secretario Osorio Chong lo acompañaron el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y el coordinador de Asesores del secretario, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje.

Programan cuatro marchas para hoy en el DF para exigir la presentación de los 43 normalistas

Como en enero, los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos organizaron cuatro marchas simultáneas que convergerán hoy en el Zócalo de la Ciudad de México, para exigir la presentación con vida de sus hijos.
Al cumplirse ocho meses de los ataques de policías y sicarios a normalistas en la ciudad de Iguala, los familiares y compañeros de los estudiantes saldrán a las 10:00 de la mañana desde Taxqueña, Indios Verdes, Zaragoza y el Auditorio Nacional.
La movilización será a menos de dos semanas de las elecciones intermedias, mismas que los padres han amenazado con boicotear por considerar que no existen las condiciones para que se lleven a cabo.
Este domingo prendieron fuego a propaganda electoral frente al Palacio de Gobierno en Chilpancingo, que previamente bajaron de paredes y bardas y advirtieron que en los próximos días arreciarán sus protestas para impedir las elecciones.
El domingo, en esa manifestación contra las elecciones en Chilpancingo, el representante de los padres de los desaparecidos, Melitón Ortega, recriminó que casi se cumplen ocho meses de la desaparición forzada de los estudiantes y no tienen una respuesta favorable y concreta.
Reiteró que lo que se plantea en las movilizaciones es que no se instalen las casillas, porque eso implica avalar todo lo que está planteando el Estado, “nosotros no vamos a permitir que se instalen  las casillas”, enfatizó.
A diferencia de las últimas dos marchas, en las de este martes participarán la mayoría de los familiares y estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, luego de que han terminado las caravanas informativas que se encontraban en Estados Unidos, Europa y Canadá.
Sólo tres padres de familia no acudirán, ya que se encuentran en Argentina.
Entre los principales motivos por los que continúan las movilizaciones están la exigencia de investigar la participación del Ejército en los ataques de la noche del 26 de septiembre.
Además no reconocen la versión de la Procuraduría General de la República de que los 43 desaparecidos fueron calcinados en un basurero de Cocula, porque según ellos, expertos de la UNAM y forenses argentinos, presenta contradicciones.
En la movilización del mes pasado, los familiares instalaron, con el respaldo de organizaciones civiles, un “antimonumento” en el camellón central de Paseo de la Reforma, al cruce con Eje 1 Bucareli.
La estructura roja es un signo de suma y el número 43, en referencia a que en México no son sólo los 43 normalistas los que se encuentran desaparecidos. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Hoy sería trasladada Nestora a una prisión en el DF; cumple 21 días en huelga de hambre

“Esperemos que (esta vez) así sea, la defensa ya promovió el traslado, las juezas lo concedieron y el trámite  corresponde al gobierno federal llevarlo a cabo”, explica el abogado Leonel Rivero. La dirigente de la CRAC en Olinalá sufre de maltrato, aislamiento y tortura en la cárcel de Tepic, denuncia su hija Saira Rodríguez. Le niegan los reportes médicos que solicitó por escrito, le dicen que son confidenciales, se queja

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Anoche la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dijo que “en cuestión de horas” se concertaría el traslado de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, del penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, a una prisión del fuero común en la ciudad de México, informó el abogado defensor Leonel Rivero.
En consulta telefónica el abogado estimó que en el transcurso de la madrugada o en la mañana la luchadora social podría ser llevada al  penal de Tepepan, en el Distrito Federal, donde sus familiares confían que reciba atención especializada para sus padecimientos, agravados por la huelga de hambre que comenzó hace 21 días en demanda de su libertad.
Sin embargo, desde el domingo el abogado indicó que el mensaje de las autoridades es que el cambio de penal se realizaría en cuestión de horas: “esperemos que (esta vez) así sea, la defensa ya promovió el traslado, las juezas lo concedieron y el trámite  corresponde al gobierno federal llevarlo a cabo”.
Desde el viernes los familiares de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá están atentos a la posible la llegada de Nestora Salgado a un penal en el DF para seguir su defensa y las gestiones de visitas familiares, informó su hija Saira Rodríguez.
Ayer en la tarde el esposo de Nestora Salgado, Luis Ávila Báez informó vía telefónica desde Seattle que su abogado habló con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, que en la mañana le dijo que aún no estaba resuelto el traslado que se acordó el lunes de la semana anterior.
Por separado, Saira Rodríguez informó que seguían esperando la notificación, pues en Tepic, Nayarit, su mamá padece maltrato, aislamiento y tortura, documentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó en febrero al gobierno mexicano garantías para su integridad y su vida.
“No sé nada del traslado ni de su salud, nadie la ha entrado a ver, me imagino que está tan grave que están guardando los reportes médicos, salen con la excusa de que es confidencial”, denunció ayer vía telefónica.
Consideró “ridículo” que le nieguen los reportes médicos del penal porque no es una extraña en el caso, “he pedido un reporte por escrito y no me lo entregan, se quedan con esa información”.
Explicó que  verbalmente dicen que está bien de la presión arterial, del pulso, en perfecto estado de salud, a pesar de que la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctimas) informó que tiene síntomas de desnutrición.
“¿Cómo es posible? -cuestionó-, acaso están viendo a dos diferentes personas o tienen dos escalas para medir la salud de las internas, o esa condición es la normal para los detenidos en esa prisión”, inquirió.
Recordó que está en riesgo la vida de su mamá y el gobierno federal tiene el deber de acatar las medidas cautelares que otorgó la CIDH para salvaguardar la vida y la integridad de la líder comunitaria.

Fustiga Gonzalo Molina la mofa del presidente del INE al dirigente de la nación Chichimeca

*La actitud de Lorenzo Córdova confirma que las instituciones como la que encabeza no representan a los pueblos marginados ni a las comunidades originarias, afirma en una carta el promotor de la CRAC preso en el Altiplano, que hoy cuple 11 días en huelga de hambre

El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México donde hoy cumple 11 días en huelga de hambre (en apoyo a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá presa en Tepic, Nayarit, Nestora Salgado García), Gonzalo Molina Gonzalez protestó por la mofa del presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello al líder de la nación Chichimeca, Mauricio Mata Soria.
A través de una carta que ayer dio a conocer su esposa Ausencia Honorato Vázquez, el luchador social llamó a la población de Tixtla a sentirse orgullosa de sus orígenes nahuas. Recordó que Tixtla es considerado un pueblo originario porque más del 40 por ciento de la población del municipio es indígena, y recordó que existen pirámides cerca de la población.
“Ustedes no hagan como esos que reniegan de sus raíces, siéntanse orgullosos de pertenecer a la cultura nahuatl, luchemos juntos hasta la construcción de una sociedad más justa, más segura para bien de nuestros hijos y nietos. Siempre firmes hasta el último momento de nuestras vidas, recordando siempre que el respeto a nuestros derechos será justicia”, dice en una carta que envío desde la prisión federal.
El martes pasado circuló en Internet una conversación telefónica de Córdoba Vianello con el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo el 24 de abril, donde hizo escarnio de la forma de hablar del jefe de la nación Chichimeca, Mauricio Mata Soria, luego de una reunión que sostuvo con él ese día.
Entre sus comentarios, Córdova Vianello mencionó la reunión del 26 de marzo en el INE con los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, quienes exigieron la suspensión de las elecciones porque no hay condiciones para un proceso democrático en paz y confiable.
Mata Soria solicitó que se incluyera una representación de los pueblos en los órganos de representación popular, porque los partidos políticos les cierran las puertas.
El funcionario federal dijo “es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto que, a ver, no voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Me decía: ‘yo jefe gran nación Chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones’”. “Yo no sé si sea cierto que hable así, pero vio mucho El Llanero Solitario cabrón, con ese Toro, no mames”.
En Guerrero la noticia no tuvo mayor repercusión en las organizaciones, pero desde prisión y estando en huelga de hambre desde el 15 de mayo, Molina González alzó la voz: “Va mi más enérgica protesta por los comentarios despectivos que hizo Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral, vía telefónica, quien ofendió al representante de la etnia indígena Chichimeca del estado de Guanajuato al compararlo con Toro Sentado, compañero del Llanero Solitario”.
Consideró que su actitud confirma que instituciones como el INE no representan a los pueblos marginados ni a las comunidades originarias, “creen que ellos no tienen raíces indígenas, cuando en el artículo 2 de nuestra Constitución dice que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada principalmente en sus pueblos y comunidades indígenas”.
Denunció que en Guerrero el Poder Judicial se niega a reconocer a la CRAC pese a los instrumentos legales que la sustentan, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, que se deriva del artículo 10 de la Carta Magna y tratados internacionales en materia indígena, y mantiene en prisión a nueve integrantes entre coordinadores, líderes y policías comunitarios.
“Precisamente por eso estoy en huelga de hambre, para pedir a los jueces y magistrados y a todas las dependencias del gobierno que respeten nuestra institución CRAC-PC y las leyes que nos amparan, tal y como lo manifiesta el artículo tercero de la ley 701”, menciona.
Indicó que este artículo obliga a los tres poderes de Guerrero, a los ayuntamientos, a los organismos públicos autónomos, a la comisión de defensa de los derechos humanos, a las dependencias, entidades y organismos de los poderes públicos de la federación, a garantizar y dar cumplimiento de esta ley.
“Los poderes públicos y demás sujetos obligados tienen la responsabilidad en sus distintos ámbitos, y a través de sus dependencias e instituciones de garantizar el cumplimiento de este ordenamiento, así como respetar y hacer respetar y proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y a proveer su desarrollo social, económico, político y cultural”, recuerda.
Su incumplimiento, añadió, es motivo de las responsabilidades en los términos de la ley 674 de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Guerrero y de lo que prevengan otras leyes en la materia.
Convocó al gobernador Rogelio Ortega Martínez a “que cumpla el acuerdo que hizo con el Movimiento Popular Guerrerense en el sentido de que impulsaría una ley de amnistía y al Congreso del Estado para que la apruebe”.
A la sociedad en general, y en particular al pueblo de Tixtla “que me conoce y que sabe que soy inocente de lo que se me acusa, -solicitó- que no me dejen solo en esta lucha, esta lucha también es su lucha”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

Más de 20, los presos políticos incluidos en la ley de amnistía, informa Cienfuegos

*Ya está “casi lista”, dice el secretario de Gobierno y subraya que “hay muchas personas que están injustamente en la cárcel”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, informó que son más de 20 los presos políticos que son reivindicados por diferentes grupos sociales para que sean incluidos en la ley de amnistía que ya está “casi lista”
Dijo que en el caso de los policías comunitarios que rebasan los 20, todos serán integrados “por estar defendiendo ellos una visión particular de los derechos humanos relacionados con un sistema normativo interno de las comunidades indígenas”.
Precisó que sólo incluirán a personas que estén procesadas, no quienes actualmente enfrenten acusaciones, averiguaciones previas u órdenes de aprehensión.
Explicó que se integrará una comisión que determinará qué casos serán “beneficiados con esa amnistía”, y que esta será una ley general y no está dirigida a una u otra persona.
“El gobierno del estado reconoce que hay muchas personas que están injustamente en la cárcel”, dijo, pero no calificó como presos políticos a los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
Pero sí precisó que los principales nombres que encabezan la lista de propuestas del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) como prioridades para acogerse a la ley de amnistía son precisamente los de integrantes de la CRAC como Nestora Salgado García, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y otros miembros de la Policía Comunitaria como Gonzalo Molina González y Arturo Campos, “se trata de ciudadanos que están reivindicados por diversos grupos”.
Los comisarios de Chilapa dijeron que no tenían a desaparecidos

Después de que los familiares de las personas desaparecidas en Chilapa durante la ocupación de la ciudad por civiles armados, del 9 al 14 de mayo, le dieron un plazo de 48 horas al gobernador Rogelio Ortega Martínez para localizarlas con vida, Cienfuegos dijo que no sabía qué avances se van a presentar hoy .
Después de su reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Gobierno del Congreso y otros diputados que llegaron a la sala José Francisco Ruiz Massieu, el secretario de Gobierno dijo .
Dijo que esos los conocía la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Federal, que recordó que también tiene tres grupos de investigación en Chilapa.
Una reportera preguntó si hoy tendrían respuestas favorables que darles a los familiares de los desaparecidos en Chilapa, y respondió que se tendría que esperar, pero “por el momento no tenemos ninguna respuesta favorable”.
Dijo que seguramente hay comunicación con los comisarios de los pueblos de donde son originarios los civiles armados que tomaron Chilapa y que forman parte de la investigación, pero insistió en que será el fiscal quien dará detalles.
Dijo que la semana pasada cuando se reunieron con el gobernador, los comisarios negaron que tuvieran a personas retenidas.