Piden la intervención de la Segob en Chilapa para hallar a los desaparecidos en la irrupción armada

*Ayer se cumplió el plazo que los familiares dieron al gobernador para que presentara a los “retenidos” y ni siquiera se comunicó, se queja el vocero José Díaz. El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Bernardo Ortega, debe tener información porque sus familiares son los líderes del grupo criminal Los Ardillos, afirmaa

Beatriz García

Chilapa

Ayer a las 3:00 de la tarde se cumplieron las 48 horas que familiares de desaparecidos durante la irrupción de civiles armados dieron al gobernador Rogelio Ortega Martínez para que los presentara con vida, pero no obtuvieron respuesta.
El gobernador ni siquiera se comunicó con algún familiar, así que los afectados exigieron la presencia del secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong.
El domingo familiares de 14 de los desaparecidos durante la irrupción de civiles armados –del 9 al 14 de mayo–  se reunieron con el gobernador y le reprocharon que frente a policías estatales, federales y soldados del Ejército, se hayan llevado a unos 30 vecinos de Chilapa. Antes se habló de 16 casos documentados de desaparecidos en esos seis  días, y más de 30 en total, incluyendo los que no están documentados por temor de las familias, amenazas contra ellas o porque huyeron de la ciudad.
El gobernador y el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz dijeron en esa reunión que las personas no estaban desaparecidas sino “retenidas”, y ante ese argumento los familiares les dieron 48 horas para que les entregaran a sus familiares.
Este martes a las 3:00 de la tarde se cumplió el plazo y el gobernador no hizo presencia, ni se comunicó con algún familiar.
El vocero de los familiares de los desaparecidos durante la irrupción, José Díaz Navarro afirmó que debido a que el gobierno municipal y el estatal quedaron rebasados, ahora exigen la presencia en la ciudad del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
“Pedimos la presencia de Miguel Ángel Osorio Chong para que directamente nos dé una respuesta a esta situación que estamos viviendo, puesto que él ya tiene información de la Policía Federal (PF) y de las diferentes instancias que le proporciona, información”, dijo Díaz Navarro.
Pidió que se traslade a Chilapa para atender a los familiares de las personas desaparecidas por el grupo criminal Los Ardillos.
“Aquí no manejamos el término de civiles armados, porque ellos actuaron como delincuentes profesionales del crimen organizado, así que directamente nosotros queremos que venga el secretario de Gobernación que nos dé una explicación, un informe de lo que él ya tiene, lo que ya le proporcionaron su cuerpos de seguridad”, agregó.
José Díaz expuso que desconoce si el fiscal ya se reunió con los comisarios de las comunidades que formaron parte de los civiles armados, y que no ha tenido contacto con él desde el domingo que se presentó con el gobernador.
Comentó que le pedirán un explicación a Osorio Chong sobre los familiares del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Bernardo Ortega Jiménez, porque son los líderes del grupo delincuencial Los Ardillos, y manifestó que lo más probable es que él tenga información al respecto. Afirmó que los delincuentes se han valido  del apoyo político de su hermano.
Aseguró que en la zona donde están asentados, en Tlanicuilulco, no se ha montado ninguna operación, “y queremos pensar que es por la presencia o por el poder que tiene el presidente del Congreso”.
“Vemos la negativa del gobierno del estado y dejamos el caso directamente con la federación”, expuso el vocero de los familiares.
Mencionó que por el momento no tienen otras actividades previstas, sólo “esperar la respuesta de Miguel Ángel Osorio Chong, esperamos que su agenda no esté muy saturada y esperemos que sí le dé prioridad a 14 vidas humanas, pueden ser más pero no podemos documentarlas por las amenazas, por temor a venir a declarar, pero sí tenemos 14 denuncias”.
Díaz Navarro recordó que los familiares  tienen datos específicos como edades, fechas de desaparición y evidencias que incriminan a los civiles armados.
Denunció que hay familiares de los desaparecidos que fueron amenazados, algunos le mostraron los mensajes en los que les exigen que no interpongan denuncias, incluso algunos se fueron de Chilapa.
Manifestó que los familiares de los desaparecidos no quieren ningún contacto con los comisarios, que no les corresponde a ellos andar investigando sino a las autoridades.

Se reúnen familiares de desaparecidos con funcionarios federales y estatales en Iguala y demandan apoyo a víctimas

*Hubo representantes de la CEAV, la Sedesol, la FGE, el gobierno del estado, del DIF estatal y de la CNDH. Presentan al nuevo subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, quien releva a Eliana García Laguna

Alejandro Guerrero

Iguala

En la presentación de la segunda fase de la Estrategia de Intervención psicológica y jurídica integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), hubo representantes y titulares de dependencias federales y estatales, a quienes familiares del comité Los Otros Desaparecidos demandaron que se les entreguen los apoyos que han gestionado desde hace seis meses, con la aplicación de la Ley General de Víctimas.
En la reunión de ayer en la parroquia de San Gerardo María Mayela, que fue fuertemente custodiada por la Marina, la PGR y la Policía Federal, se presentó el nuevo subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, quien relevó en el cargo a Eliana García Laguna.
A medio año de la creación del comité de familiares de víctimas de desaparición forzada, Los Otros Desaparecidos de Iguala, ayer por primera vez coincidieron el Presidente de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón; el delegado federal en Guerrero de la Sedesol, José Manuel Armenta; el fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz; el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado; la presidenta del sistema DIF, Marxitania Ortega; y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), algunos de ellos, funcionarios que nunca antes habían pisado este lugar.
El párroco de la iglesia de San Gerardo, Óscar Mauricio Prudenciano González, dio la bienvenida y narró la creación del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala con la llegada de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), la búsqueda de fosas clandestinas y la llegada de decenas de familiares de víctimas de desaparición forzada, muchos de ellos casos documentados que prueban la responsabilidad de policías.

Los testimonios de los familiares

En la reunión, los familiares exhibieron cartulinas en demanda de apoyos a la CEAV y las otras dependencias, y mostraron fotografías de víctimas de desaparición forzada.
La señora Adriana Bahena Cruz, esposa del asesor jurídico de la Policía Ministerial del estado en Iguala, Saulo Rodríguez Cruz, desaparecido el 8 de enero de 2011, encaró a los funcionarios y les cuestionó la falta de apoyos para localizar a su familiar, “yo di gracias a Dios cuando pasó (lo de) Ayotzinapa, porque aquellos 43 muchachos hicieron que todos los ojos de la República se fijaran en ellos, y aquí somos 450 familias queriendo que alguien nos voltee a ver… lo único que pedimos es que los ojos del mundo se den cuenta que sentimos”.
Evidenció que no le dieron ni un peso desde la desaparición de su esposo, no le pagaron el seguro de vida “porque no hay un cuerpo”, y sus sueldos fueron congelados desde su desaparición, dejándola sola con sus dos hijos.
Demandaron becas para sus hijos, pagos de viáticos, alimentación, proyectos productivos, fuentes de empleo, atención médica y todos los beneficios que contempla la Ley General de Atención a Víctimas (LGAV), “no pedimos limosnas, sólo pedimos lo que nos corresponde como víctimas”, dijo Adriana Bahena.
Mario Vergara, uno de los familiares que junto a su hermana Mayra ha dedicado su tiempo completo a la unidad del grupo en busca de su hermano Tomás, un taxista secuestrado en Huitzuco hace ya tres años, “yo estoy aquí porque no sé si quiero salvar a mi mamá o a mi hermano, a mi mamá la tengo y veo cómo se está acabando, porque quiere recuperar a su hijo y me pide, búscalo en los cerros… los cerros son grandes y hemos subido con el corazón y el dolor buscando fosas, a veces no comemos en todo el día, pero tenemos a nuestras madres que se nos están muriendo en casa”.
La señora Grisel Pavón Valdez se unió al grupo en búsqueda de su esposo desaparecido hace dos años y siete meses, se quedó sola con tres hijos, “mi hija mayor ya no va a la escuela porque me piden uniformes y no tengo”. Ella sube todos los días con la unidad de la PGR a las fosas, “con la esperanza de encontrar a mi esposo”.
Las dos hijas del señor Nicolás Arango Porcayo, Karla y Blanca Arango Arce de 30 y 20 años, desaparecieron el 3 de junio de 2012, Karla dejó dos hijos, que ahora él y su esposa cuidan y mantienen. Pidió vigilancia en su domicilio, ya que teme que a sus dos nietos les hagan algo, y dijo que ha valorado huir de Iguala, “es mentira que se han ido, aquí andan en Iguala”, dijo en referencia a los miembros de la delincuencia.
También dio su testimonio el señor Claro Raúl Canaán Ramírez, militar retirado, a quien el 30 de agosto de 2008 le desaparecieron a sus dos únicos hijos en la carretera Mezcala-Iguala, después de cruzar “el retén de la muerte”, como llaman al retén de policías de Iguala en la entrada de la comunidad de El Tomatal.
Recordó a las autoridades que los familiares han recuperado 101 cuerpos en medio año, “lo que muchos no han hecho ni se habían atrevido, y lo vamos a seguir haciendo, la búsqueda de nuestros desaparecidos, que es el alma del grupo”.
Por su parte, Yolanda Álvarez Antúnez de 57 años, habló de la desaparición de su esposo el 10 de enero de 2013 en la comunidad de Ahuehuepan, a quien hombres armados sacaron de su pequeño negocio para pedir rescate. Con sacrificios y el apoyo de vecinos, reunió la cantidad que le pidieron los delincuentes, y fue ella directamente a pagar el rescate, pero los delincuentes ya no la dejaron ir porque, le dijeron, su esposo se había escapado; también pidieron rescate por ella, que también pagaron sus familiares. Su familia, todavía no se ha recuperado de esa crisis económica ni recuperó a su esposo.

Prometen apoyos para los familiares de las víctimas de desaparición

Julio Hernández Barrios, de la CEAV, presentó el proyecto de la Estrategia de Intervención Psicológica y Jurídica Integral para los familiares de las víctimas que ofrece apoyos en aspectos Psicológicos, trabajo social, salud, atención jurídica, traslados, hospedaje y alimentación, y acompañamiento emocional.
El delegado de la Sedesol en Guerrero, José Manuel Armenta dijo que están ofreciendo más de 300 becas de educación básica para los hijos de los familiares de desaparecidos, también del seguro de vida para las jefas de familia y la implementación de los programas que maneja esta secretaría.
Jaime Rochín del Rincón dijo que empezarán a pagar los viáticos a los familiares sin necesidad de que les justifiquen sus gastos y sin tanto trámite, y mencionó que ellos tienen el registro de cerca de 250 personas desaparecidas.
Reconoció que al inicio de la intervención de la comisión “hubo errores, lo digo públicamente, hubo personas acusadas de no ser suficientemente sensibles, y esas personas ya no están en el CEAV”, dijo.
Rochín declaró que la CEAV tiene un fondo anual para la reparación integral del daño de 500 millones de pesos, para el apoyo a las víctimas de desaparición forzada, que tendrán derecho a una reparación integral del daño “que es el último paso”, y que el fideicomiso se creó en enero de este año.
Dijo que Guerrero es el estado en el país con más víctimas de desaparición forzada, aunque no detalló la cifra, junto con Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y Jalisco.
El comisionado ejecutivo de la CEAV, Julio Hernández Barrios, dijo que no hay problema o trauma humano más grave que el de los desaparecidos, y comparó “10 veces más grave y grande el caso de los desaparecidos de Iguala que el caso Ayotzinapa, que movió al mundo”.
Finalmente la presidenta del DIF Guerrero, Marxitania Ortega, dio a conocer a los familiares de víctimas de desaparición forzada que, después del proceso electoral del 7 de junio, nuevamente seguirán apoyando el comedor comunitario que se suspendió hace tres meses por la veda electoral.