Emplaza la CIDH al Estado a responder en tres meses a un informe de la masacre de El Charco

Emplaza la CIDH al Estado mexicano a responder a un informe sobre la masacre de El Charco

*Da el organismos tres meses a partir del 20 de mayo, da a conocer la Red Solidaria Década contra la Impunidad. De la matanza han sido señalados como responsables el general de división del Estado Mayor de la Novena Región Militar, Luis Humberto Lopez Portillo y el comandante de la 27 Zona Militar, Juan Alfredo Oropeza

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado mexicano a responder en tres meses, a partir del 20 de mayo, a un informe sobre las ejecuciones de 10 indígenas na’saavi y un estudiante de la UNAM perpetradas por soldados, y de tortura a los sobrevivientes de la masacre en la comunidad de El Charco, en Ayutla de los libres, ocurrida el 17 de junio de 1998.
Así comenzó el proceso para que el organismo internacional defina si da entrada al caso que sigue impune en México y cuyo análisis es una posibilidad para las víctimas y deudos de tener acceso a la justicia, explicó la secretaria Ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), Magdalena López Paulino, en una conferencia que se transmitió en Internet desde la ciudad de México.
La sobreviviente de la masacre de El Charco, Ericka Zamora Pardo, entonces alumna de la UNAM y ahora defensora de Derechos Humanos, afirmó que las 22 personas que promueven la investigación, sobrevivientes y viudas, están dispuestas a llegar a las últimas consecuencia, es decir, que se investigue al Ejército y se castigue a los implicados en las ejecuciones y la tortura.
En su momento señalaron al general de división del Estado Mayor de la Novena Región Militar, Luis Humberto Lopez Portillo Leal y al comandante de la 27 Zona Militar Juan Alfredo Oropeza García de encabezar a los militares que ejecutaron a los indígenas na’saavi la madrugada del 17 de junio, que pernoctaban en una primaria de El Charco.
La activista recordó que tras el ataque todos los heridos y sobrevivientes fueron encarcelados y acusados de delitos federales, y absueltos tras un largo proceso legal donde demostraron su inocencia y denunciaron las ejecuciones y la tortura, pero ni los jueces ni la Procuraduría General de la República (PGR) iniciaron la investigación de los delitos ni abrieron las averiguaciones previas que correspondían.
Ericka Zamora relató que los campesinos estuvieron en una asamblea el 6 de junio en la localidad, que continuaría el siguiente día para discutir la implementación de proyectos de siembra de árboles de aguacate, alfabetización y convertir a la comunida na’saavi en una comunidad autónoma.
Pero la madrugada del 7 de junio soldados del Ejército rodearon la escuela primaria Caritino Maldonado donde se encontraban dormidos, los atacaron a balazos y con dos granadas de fragmentación, asesinaron a 10 y dejaron cinco heridos, a quienes detuvieron junto a otras 22 personas, entre ellos a cinco menores de edad.
Para explicar por qué esperaron tanto tiempo para recurrir a la justicia internacional -hace tres años solicitaron la investigación de la CIDH-, Zamora Pardo recordó que aquellos fueron años muy difíciles para muchas organizaciones que los apoyaron, “nadie quería saber nada de nosotros o pocos se querían involucrar porque el Ejército mantenía un poder muy recio sobre todo”.
Posteriormente, con la lucha de derechos humanos se abrieron muchos espacios para denunciar al poder, y para denunciar al Ejército en México dieron seguimiento a algunas sentencias de la CIDH que involucra a militares, así como a distintas masacres de otros países que antes no se habían analizado en el sistema interamericano.
El abogado de la Red, Ernesto Rodríguez Cabrera añadió que para sustentar el caso de El Charco recurrieron a tesis de masacres en Chile, Guatemala y el Salvador, que a la luz de la lucha por los derechos humanos empujaron corrientes no gubernamentales para acusar a los cuerpos castrenses, “se necesitaba este sustento, el Ejército era un ente del que ni siquiera se podía hablar de él”.
López Paulino indicó que un requisito básico para que la CIDH investigue el caso es que no haya tenido justicia en el país de origen, y el abogado añadió que el gobierno mexicano nunca reconoció a las víctimas de El Charco ni su vulnerabilidad como pueblos originarios que viven en condiciones de extrema pobreza, “y eso no se combate con armas ni con represión”.
Estimó que todos los casos de impunidad en Guerrero fueron factores para que la CIDH admitiera esta revisión, pero particularmente tomaron en cuenta las cartas personalizadas que enviaron varios teólogos de la liberación, intelectuales, y la información que recibió en las mesas de trabajo y sesiones donde se denunció de la impunidad militar en Guerrero.

Los sobrevivientes

Zamora Pardo recordó que los sobrevivientes fueron acusados inicialmente de terrorismo, asociación delictuosa, acopio y portación de armas.
Reconoció “el excelente trabajo” del abogado de oficio del Juzgado Cuarto de Acapulco, que logró el retiro de varios cargos, salvo el de portación de armas.
Una vez exonerados de tres delitos, la Procuraduría General los acusó de conspiración, incitación a la rebelión (pues se les vinculó con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)), “en el proceso demostramos que hubo ejecuciones extrajudiciales y tortura”.
Detalló que en los careos, donde los militares decían que hubo un enfrentamiento entre campesinos y soldados, desmintieron la versión oficial, fueron absueltos y sus denuncias quedaron en los expedientes pero no tuvieron seguimiento, “no hubo que nosotros sepamos ninguna averiguación previa ni nada”.
También presentaron una denuncia ante la PGR que no prosperó, y en esta exigencia de justicia su familia fue hostigada en su pueblo natal, su padre fue golpeado por soldados.
A pregunta de una reportera de Proceso, Zamora Pardo descartó cualquier “solución amigable con las autoridades porque con las violaciones a los derechos humanos en los casos de Ayotzinapa (26 de septiembre de 2014), Tlatlaya (30 de junio de 2014) y Michoacán (15 de mayo de 2015), me parece que no hay interés del Estado ni de las fuerzas armadas por querer respetar los derechos humanos de las organizaciones sociales o de ciudadanos comunes”.
Consideró que sin un verdadero cambio no puede haber “una amable solución, estamos dispuestos a llegar hasta donde sea necesario para que se haga justicia”.
Para confirmar que no existe voluntad del Estado para garantizar justicia y el respeto a los derechos humanos, recordó que la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por El Charco se refiere básicamente a cuestiones administrativas, no menciona la tortura ni las ejecuciones.
Fue distinto a los informes que elaboró la Relatora Especial de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, donde señala suficientes elementos para investigar al Ejército por uso excesivo de la fuerza, las ejecuciones y la tortura, al igual que Human Rights Watch, recriminó.
En la conferencia a través de una carta, el obispo de Saltillo y presidente de la Red Solidaria, Raúl Vera López declaró que están comprometidos a trabajar por la verdad y que se haga justicia a estas comunidades.
Indicó que desde junio de 2012 han alzado la voz en el parlamento Europeo y todos los escenarios que han pisado, y el 22 de mayo recibieron la notificación de que la CIDH remitió al gobierno de México la solicitud de la investigación, para que haga sus observaciones.
“Celebro poder compartir que nuestras esperanzas están germinando y que el 7 de junio que se cumple 17 años de la masacre, no sólo recordemos a las víctimas con tristeza y con lágrimas, sino que encendamos un cirio de esperanza y mantengamos la luz que alumbrará el camino de la anhelada justicia”, agregó.