Jorge G. Castañeda

Tanhuato: ¿de quién es la carga de la prueba?

Prácticamente todo se ha dicho sobre las aparentes contradicciones en los números ofrecidos por las autoridades a propósito de la hecatombe de Tanhuato. Destacan la desproporción entre las armas recogidas y los cadáveres encontrados; entre los muertos y los heridos (el índice de letalidad); y entre los muertos de un lado y el otro. No existe razón para descreer a priori de las versiones del gobierno, pero es un hecho que éstas, hasta ahora, no se han visto respaldadas por pruebas “contundentes”, como diría Monte Alejandro Rubido.
Convendría agregar a estas presuntas paradojas dos motivos de incredulidad por parte de observadores, familiares, ONG, y medios de comunicación nacionales y extranjeros. El primero involucra el multicitado déficit de credibilidad que agobia al gobierno de Peña Nieto. Después de Tlatlaya, de Apatzingán, de las revisiones a la baja de las cifras económicas, de los escándalos de corrupción recurrentes, es evidente que existe una brecha muy grande entre lo que el régimen dice y lo que la sociedad cree. La sociedad no siempre tiene la razón en su escepticismo, y en ocasiones el gobierno dice la verdad aunque la gente no lo crea (quizás el caso de Ayotzinapa). Pero en vista de la innegable vigencia de ese déficit, la carga de la prueba le corresponde a la autoridad, no a la sociedad. No bastan las declaraciones de Rubido o de Galindo, ni de cualquier otro alto funcionario. Para que sea creíble la explicación del gobierno, necesita verse acompañada por investigaciones independientes de los medios, de ONG, de la CNDH, y de varias otras instancias. La presunción de inocencia ya no existe para este gobierno, como no lo ha existido para muchos gobiernos en México desde hace tiempo.
En este mismo espíritu, subsiste la pregunta de qué hacia un destacamento de varias decenas de efectivos, con varios vehículos y hasta un helicóptero, en el ya famoso Rancho del Sol. No es insostenible la versión del gobierno: que un aparente dueño del predio solicitó ante el Ministerio Público que lo desocuparan unos maleantes realizando actividades sospechosas; tampoco es inverosímil la tesis según la cual uno de los vehículos de la Policía Federal que circulaba por la carretera cercana recibió disparos de otro vehículo y lo persiguió. Lo que no queda del todo claro es porqué una concentración de tal fuerza en un lugar tan abandonado y por qué se emplea de inmediato, en lugar de esperar unas horas, un día o hasta tres semanas como lo hizo el FBI en la ciudad de Waco, hace más de 20 años en Texas. El uso de la fuerza, sus efectos y su rapidez no terminan de empatar con el objeto del uso de la fuerza. No es imposible que sí concuerde, pero hasta ahora el gobierno no ha dado una explicación que disipe las inevitables dudas que su comportamiento anterior ha suscitado.