Se sumará al boicot electoral si no libera a los presos políticos antes del 1º de junio, advierte la CRAC a Ortega

*Ya tiene tiene lista la Ley de Amnistía para enviarla al Congreso del Estado, pide a Tlachinollan que la revise y que le explique si el gobierno del estado puede emitir un indulto

Mariana Labastida

San Luis Acatlán

Coordinadores, consejeros y policías comunitarios advirtieron al gobernador Rogelio Ortega Martínez que tiene hasta el 1 de junio para liberar a los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, y que de no ser así se sumarán al boicot a las elecciones del 7 de junio.
En una reunión de hora y media en la Casa de Justicia matriz de la CRAC en San Luis Acatlán, el gobernador dijo que tiene la voluntad política, pero que no tiene la facultad para liberarlos, y convocó a trazar una ruta jurídica juntos.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Rogelio Teliz García le recordó al gobernador que desde diciembre entregaron a sus abogados las rutas jurídicas para conseguir la libertad de los presos políticos, y reprochó que sea hasta ahora que esté diciendo que se fije una ruta.
Acordaron que hoy se reunirán en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) junto con la magistrada presidente Lambertina Galeana Marín, para revisar cada uno de los casos, darle trámite a los incidentes y recursos de apelación para lograr la libertad de los presos políticos.
El coordinador Abad García García dijo que de no tener una respuesta favorable en esta reunión se sumarán al boicot de las elecciones.
Más de cien coordinadores, consejeros y policías comunitarios reunidos en la Casa de Justicia matriz de la CRAC, pidieron la liberación de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá presa en Tepic, Nayarit, Nestora Salgado García (quien tiene 22 días en huelga de hambre), de los promotores de la CRAC Gonzalo Molina (quien lleva 12 días en huelga de hambre en el penal federal de El Altiplano), de Arturo Campos Herrera, del vocero del Cecop y de los policías comunitarios presos en Acapulco y Chilpancingo.
A la reunión no se le permitió acceso a los reporteros, sin embargo desde afuera se escuchó parte de la lectura de un documento que las autoridades comunitarias entregaron al gobernador, dirigido también al presidente de la República Enrique Peña Nieto, en el cual además de exponer que los pueblos originarios son marginados, tratados como mexicanos de segunda clase y discriminados, pidieron que se mejoren los presupuestos en sus comunidades para el sector educativo.
En el texto resaltan que el sistema comunitario ha demostrado más eficiencia en la aplicación de justicia, y aunque hay una ley que lo avala, son reprimidos y los agentes de los ministerios públicos y jueces del sistema judicial humillan “a quienes apoyamos, a quienes dan seguridad”.
Afirman que por eso se les fabricaron delitos a los coordinadores y policías comunitarios y ahora están en prisión.
“Con razón y derecho nos dirigimos a pedir la liberación inmediata” mencionaron, y dieron como fecha para liberar a los presos políticos el 1 de junio, de no ser así indicaron que se sumarán al boicot de elecciones federales y locales, además de llevar sus protestas a los “altos tribunales de justicia” para exponer su demanda.

Aprovechar lo que le queda de gobierno, propone Rogelio Ortega

El gobernador Rogelio Ortega respondió a la CRAC que se debe de aprovechar el tramo de gobierno que le queda y trabajar juntos pueblo y gobierno, para que los luchadores sociales que están en prisión sean liberados, que ese es un compromiso que él tiene.
Reiteró que tiene voluntad política para dejar a los integrantes de la CRAC y del Cecop en libertad, sin embargo indicó que no depende de él dejarlos libres, que no tiene capacidad jurídica para “abrir cárceles y sacarlos”.
Indicó que ha mandado mensajes al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y al abogado Vidulfo Rosales Sierra para que trabajen juntos en las rutas jurídicas, pero que no recibió respuesta.
Expuso que le ofreció al abogado de Nestora Salgado, Leonel Rivero Rodríguez, que fuera trasladada a Guerrero, que él se hacía responsable de la seguridad, la salud y la alimentación, además de que eso serviría para agilizar el proceso jurídico, pero le dijo que no y recordó que ahora tampoco la quieren aceptar en la cárcel de Tepepan, en la ciudad de México.
Informó que ya tiene tiene lista la Ley de Amnistía para enviarla al Congreso del Estado, pidió al abogado de Tlachinollan, Rogelio Teliz García que el organismo de derechos humanos la revise, y que explique si el gobierno del estado podría emitir el indulto, para que se trabajara.
Ortega Martínez también dijo que visitará a Arturo Campos y a Gonzalo Molina, aunque no dijo cuándo, y que el sábado hará lo mismo con Nestora Salgado.
Los asistentes a la reunión reprocharon a Rogelio Ortega que hay intereses políticos a los que no les conviene que los luchadores sociales estén libres, por eso es que los juicios por delitos del fuero común han sido tan lentos en sus procesos.

En diciembre le propusieron rutas jurídicas, responde abogado de Tlachinollan

El abogado de Tlachinollan, Rogelio Teliz expuso al gobernador que desde diciembre del 2014 entregaron un cuadro con la ruta jurídica para la liberación de los 12 presos políticos de los que reclaman su libertad, que nunca tuvieron respuesta de los abogados del gobierno del estado y Ortega Martínez apenas propone que se marque el camino.
Reprochó al gobernador que no ha sido serio y por eso no se ha avanzado en las reuniones que se han tenido.
Teliz García indicó que los delitos de los que están acusados los presos políticos son del fuero común, que se llevan en juzgados del estado o federales.
“Como el Poder Judicial del estado es parcial y responde a intereses políticos”, no se ha podido lograr la liberación porque seguramente no quieren que regresen los luchadores sociales y no continúen la lucha por los derechos humanos en sus respectivas zonas.
El consejero regional Ignacio Navarro Mosso reprochó al gobernador que mientras sus compañeros no pueden conseguir su libertad, a Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia de Juchitán desconocida por la casa matriz, detenido el 14 de mayo, tenga privilegios para su libertad.
Después de enfrascarse un intercambio de comentarios entre los asistentes que insistían en que el gobernador tiene las facultades para liberar a sus compañeros, y de Rogelio Ortega que decía que no tiene la capacidad jurídica pero sí la disposición, el asesor del gobierno del estado y ex coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán propuso que un encuentro con los representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el Poder Legislativo y suscribir un acuerdo donde los jueces tomen en cuenta la ley 701, para que no se den más detenciones de policías comunitarios.
El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Abad García pidió que les ayuden a que las dependencias validen el reglamento interno de la CRAC, para que no tengan a más de sus compañeros detenidos.
Después de una hora y media de reunión, el gobernador acordó con los representantes de la CRAC que se reunirán nuevamente hoy en Protur para trabajar en cada uno de los casos de los presos políticos. A la reunión asistirá, dijo Rogelio Ortega, la magistrada presidenta Lambertina Galena.
También acordó ir el próximo miércoles 3 de junio a entregarles la Casa de Justicia de Espino Blanco.

Que intervenga para liberar al cuñado y sobrinos de Eliseo, pide al gobernador

Al final de la reunión antes de abordar su camioneta que lo llevaría a la unidad deportiva donde aterrizó el helicóptero en el que viajó a San Luis Acatlán, el gobernador fue abordado por la hermana de Eliseo Villar Castillo, Cristina, quien le pidió que intervenga por su esposo Wenceslao Sotelo Emilio y sus hijos, quienes fueron detenidos por los de la Casa de Justicia matriz, acusados de secuestro.
Cristina Villar relató que su esposo e hijos fueron liberados, sin embargo les han pedido un pago por reparación de daños que suma más de 300 mil pesos.
Expuso que la reparación de daño es para quienes fueron retenidos el 21 de junio por Eliseo Villar y su grupo en la irrupción de la casa matriz. Sin embargo su esposo, aseguró, no era parte del grupo, que ella y él fueron a ver lo que ocurría y por eso lo vieron en el lugar pero no participó en la irrupción.
Con lágrimas en los ojos dijo que no le da pena decir que es hermana de Eliseo Villar y que él ya está detenido por lo que se le acusa, y ahora tiene el problema de salud de su esposo que mientras estuvo detenido se puso mal de la presión y no se recupera, además del pago que le están pidiendo.
El gobernador se comprometió a que su situación se expondrá en la reunión de hoy en Protur y le informará lo que se acuerde al respecto.