No reconocerán a ninguna autoridad tras las elecciones, advierten padres de Ayotzinapa

*Presenta el Grupo  Coordinación Guerrero denuncias por ataques a instalaciones electorales

*Se sumará al boicot electoral si no libera a los presos políticos antes del 1º de junio, advierte la CRAC a Ortega

*Pide el PRD al Ejército para Heliodoro Castillo y Cutzamala

No reconocerán a ninguna autoridad tras las elecciones, advierten padres de Ayotzinapa

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, Felipe de la Cruz adelantó que no reconocerán a ninguna autoridad de ningún partido político que resulte de las elecciones del 7 de junio.
A 10 días del proceso electoral, dijo que la postura de los padres de los 43 desaparecidos es la misma: no permitir que haya elecciones, “porque nos queda claro que si hoy permitimos las elecciones estamos eligiendo al mismo tipo de gobierno que ha asesinado, que ha desaparecido a los estudiantes y gente de la sociedad, hoy ya no se miden y también está el caso de Chilapa”.
Afirmó que se ve claro que los políticos y los partidos “se están disputando los huesos, matan al candidato del PRI en Chilapa, a la precandidata del PRD en Ahuacuotzingo, o sea es muy jugosa la cantidad que ellos están perdiendo y eso los hace actuar de esa manera, y se les olvida que faltan 43”.
Ayer en la tarde después de la colocación de ofrendas en los lugares donde tres normalistas fueron asesinados la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre, declaró que a ocho meses de los hechos, la exigencia es la misma, que las autoridades presenten con vida a los 43 desaparecidos.
“Nos queda claro que fue el gobierno el que hizo el crimen y hoy con el informe que dan los compañeros expertos en búsqueda, estamos seguros que fue el Ejército, la Policía Federal, la Estatal y la Municipal quienes participaron, y la declaración de los jóvenes sobrevivientes nos lo confirman también, por eso decimos que en Guerrero no puede haber elecciones”, explicó.
Criticó que los candidatos “como si no pasara nada siguen engañando a la gente, las mismas promesas, las despensas, las láminas y los 500 pesos a cambio de tres años de explotación y de traición”.
Consideró que ningún partido político es la solución a los problemas del país, y mencionó que en los municipios en los que principalmente accionarán el día de la jornada electoral, el 7 de junio, será en Tixtla y Ayutla, para evitar que se instalen las casillas y no permitir las elecciones.
Ante la pregunta, Felipe de la Cruz adelantó que no reconocerán a ningún ganador de las elecciones, “nosotros no vamos a reconocer a ningún virtual ganador de ningún partido, porque no lo vamos a nombrar nosotros, nosotros vamos a estar en contra siempre de las elecciones”.
Dijo que su llamado es no a las elecciones para que no se instalen las casillas y no se lleve a cabo el proceso electoral.
De los que han minimizado el movimiento que apoya a Ayotzinapa, De la Cruz dijo que “es el miedo que sienten porque ven la realidad y la ocultan, como siempre han engañado a la sociedad y no nos parece raro que Rogelio Ortega y todos sus funcionarios actúen de esa manera”. (Alejandro Guerrero / Iguala )

Presenta el Grupo  Coordinación Guerrero denuncias por las afectaciones al proceso electoral

El grupo de Coordinación Guerrero informó que ayer se presentaron denuncias contra quien resulte responsable por “las afectaciones” a actividades de organismos responsables de la preparación del proceso electoral.
En un comunicado de prensa, el grupo Coordinación Guerrero (integrado por todas las fuerzas armadas federales y estatales que intervienen en el estado) se refiere, en clara alusión, aunque no menciona su nombre, a las acciones de protesta del martes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que fueron parte de las acciones de la doceava jornada global, a ocho meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los manifestantes quitaron propaganda electoral, en Chilpancingo tomaron la caseta de Palo Blanco, y en Ayutla  tiraron puertas y una ventana de las oficinas del INE.
En el boleteclara que, “derivado de los acontecimientos registrados en días pasados en los municipios de Tlapa de Comonfort, Ayutla de los Libres y Chilpancingo de los Bravo, cuando diversas personas afectaron las actividades de organismos responsables de la preparación del proceso electoral, el Grupo de Coordinación Guerrero informa que a partir de ayer se presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, contra quien resulte responsable por estas conductas que pueden ser constitutivas de delitos”.
Indica que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, ha integrado 86 investigaciones, de las que 71 son averiguaciones previas y 15 son carpetas de investigación.
Reitera que el Grupo de Coordinación Guerrero continúa trabajando de manera coordinada con el INE, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) y las fiscalías especializadas para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) estatal y federal, con el propósito de que la jornada electoral del próximo 7 de junio “se desarrolle sin contratiempos, con absoluta imparcialidad y ajustándose al marco constitucional y legal”.
Invita a los ciudadanos a sumarse a la construcción de una cultura de la denuncia, para “contribuir a la legalidad, transparencia y equidad para un correcto ejercicio de la democracia en el proceso electoral que actualmente se desarrolla en la entidad”. (Redacción).

Se sumará al boicot electoral si no libera a los presos políticos antes del 1º de junio, advierte la CRAC a Ortega

*Ya tiene tiene lista la Ley de Amnistía para enviarla al Congreso del Estado, pide a Tlachinollan que la revise y que le explique si el gobierno del estado puede emitir un indulto

Mariana Labastida

San Luis Acatlán

Coordinadores, consejeros y policías comunitarios advirtieron al gobernador Rogelio Ortega Martínez que tiene hasta el 1 de junio para liberar a los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, y que de no ser así se sumarán al boicot a las elecciones del 7 de junio.
En una reunión de hora y media en la Casa de Justicia matriz de la CRAC en San Luis Acatlán, el gobernador dijo que tiene la voluntad política, pero que no tiene la facultad para liberarlos, y convocó a trazar una ruta jurídica juntos.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Rogelio Teliz García le recordó al gobernador que desde diciembre entregaron a sus abogados las rutas jurídicas para conseguir la libertad de los presos políticos, y reprochó que sea hasta ahora que esté diciendo que se fije una ruta.
Acordaron que hoy se reunirán en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) junto con la magistrada presidente Lambertina Galeana Marín, para revisar cada uno de los casos, darle  trámite a los incidentes y recursos de apelación para lograr la libertad de los presos políticos.
El coordinador Abad García García dijo que de no tener una respuesta favorable en esta reunión se sumarán al boicot de las elecciones.
Más de cien coordinadores, consejeros y policías comunitarios reunidos en la Casa de Justicia matriz de la CRAC, pidieron la liberación de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá presa en Tepic, Nayarit, Nestora Salgado García (quien tiene 22 días en huelga de hambre), de los promotores de la CRAC Gonzalo Molina (quien lleva 12 días en huelga de hambre en el penal federal de El Altiplano), de Arturo Campos Herrera, del vocero del Cecop y de los policías comunitarios presos en Acapulco y Chilpancingo.
A la reunión no se le permitió acceso a los reporteros, sin embargo desde afuera se escuchó parte de la lectura de un documento que las autoridades comunitarias entregaron al gobernador, dirigido también al presidente de la República Enrique Peña Nieto, en el cual además de exponer que los pueblos originarios son marginados, tratados como mexicanos de segunda clase y discriminados, pidieron que se mejoren los presupuestos en sus comunidades para el sector educativo.
En el texto resaltan que el sistema comunitario ha demostrado más eficiencia en la aplicación de justicia, y aunque hay una ley que lo avala, son reprimidos y los agentes de los ministerios públicos y jueces del sistema judicial humillan “a quienes apoyamos, a quienes dan seguridad”.
Afirman que por eso se les fabricaron delitos a los coordinadores y policías comunitarios y ahora están en prisión.
“Con razón y derecho nos dirigimos a pedir la liberación inmediata” mencionaron, y dieron como fecha para liberar a los presos políticos el 1 de junio, de no ser así indicaron que se sumarán al boicot de elecciones federales y locales, además de llevar sus protestas a los “altos tribunales de justicia” para exponer su demanda.

Aprovechar lo que le queda de gobierno, propone Rogelio Ortega

El gobernador Rogelio Ortega respondió a la CRAC que se debe de aprovechar el tramo de gobierno que le queda y trabajar juntos pueblo y gobierno, para que los luchadores sociales que están en prisión sean liberados, que ese es un compromiso que él tiene.
Reiteró que tiene voluntad política para dejar a los integrantes de la CRAC y del Cecop en libertad, sin embargo indicó que no depende de él dejarlos libres, que no tiene capacidad jurídica para “abrir cárceles y sacarlos”.
Indicó que ha mandado mensajes al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y al abogado Vidulfo Rosales Sierra para que trabajen juntos en las rutas jurídicas, pero que no recibió respuesta.
Expuso que le ofreció al abogado de Nestora Salgado, Leonel Rivero Rodríguez, que fuera trasladada a Guerrero, que él se hacía responsable de la seguridad, la salud y la alimentación, además de que eso serviría para agilizar el proceso jurídico, pero le dijo que no y recordó que ahora tampoco la quieren aceptar en la cárcel de Tepepan, en la ciudad de México.
Informó que ya tiene tiene lista la Ley de Amnistía para enviarla al Congreso del Estado, pidió al abogado de Tlachinollan, Rogelio Teliz García que el organismo de derechos humanos la revise, y que explique si el gobierno del estado podría emitir el indulto, para que se trabajara.
Ortega Martínez también dijo que visitará a Arturo Campos y a Gonzalo Molina, aunque no dijo cuándo, y que el sábado hará lo mismo con Nestora Salgado.
Los asistentes a la reunión reprocharon a Rogelio Ortega que hay intereses políticos a los que no les conviene que los luchadores sociales estén libres, por eso es que los juicios por delitos del fuero común han sido tan lentos en sus procesos.

En diciembre le propusieron rutas jurídicas, responde abogado de Tlachinollan

El abogado de Tlachinollan, Rogelio Teliz expuso al gobernador que desde diciembre del 2014 entregaron un cuadro con la ruta jurídica para la liberación de los 12 presos políticos de los que reclaman su libertad, que nunca tuvieron respuesta de los abogados del gobierno del estado y Ortega Martínez apenas propone que se marque el camino.
Reprochó al gobernador que no ha sido serio y por eso no se ha avanzado en las reuniones que se han tenido.
Teliz García indicó que los delitos de los que están acusados los presos políticos son del fuero común, que se llevan en juzgados del estado o federales.
“Como el Poder Judicial del estado es parcial y responde a intereses políticos”, no se ha podido lograr la liberación porque seguramente no quieren que regresen los luchadores sociales y no continúen la lucha por los derechos humanos en sus respectivas zonas.
El consejero regional Ignacio Navarro Mosso reprochó al gobernador que mientras sus compañeros no pueden conseguir su libertad, a Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia de Juchitán desconocida por la casa matriz, detenido el 14 de mayo, tenga privilegios para su libertad.
Después de enfrascarse un intercambio de comentarios entre los asistentes que insistían en que el gobernador tiene las facultades para liberar a sus compañeros, y de Rogelio Ortega que decía que no tiene la capacidad jurídica pero sí la disposición, el asesor del gobierno del estado y ex coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán propuso que un encuentro con los representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el Poder Legislativo y suscribir un acuerdo donde los jueces tomen en cuenta la ley 701, para que no se den más detenciones de policías comunitarios.
El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Abad García pidió que les ayuden a que las dependencias validen el reglamento interno de la CRAC, para que no tengan a más de sus compañeros detenidos.
Después de una hora y media de reunión, el gobernador acordó con los representantes de la CRAC que se reunirán nuevamente hoy en Protur para trabajar en cada uno de los casos de los presos políticos. A la reunión asistirá, dijo Rogelio Ortega, la magistrada presidenta Lambertina Galena.
También acordó ir el próximo miércoles 3 de junio a entregarles la Casa de Justicia de Espino Blanco.

Que intervenga para liberar al cuñado y sobrinos de Eliseo, pide al gobernador

Al final de la reunión antes de abordar su camioneta que lo llevaría a la unidad deportiva donde aterrizó el helicóptero en el que viajó a  San Luis Acatlán, el gobernador fue abordado por la hermana de Eliseo Villar Castillo, Cristina, quien le pidió que intervenga por su esposo Wenceslao Sotelo Emilio y sus hijos, quienes fueron detenidos por los de la Casa de Justicia matriz, acusados de secuestro.
Cristina Villar relató que su esposo e hijos fueron liberados, sin embargo les han pedido un  pago por reparación de daños que suma más de 300 mil pesos.
Expuso que la reparación de daño es para quienes fueron retenidos el 21 de junio por Eliseo Villar y su grupo en la irrupción de la casa matriz. Sin embargo su esposo, aseguró, no era parte del grupo, que ella y él fueron a ver lo que ocurría y por eso lo vieron en el lugar pero no participó en la irrupción.
Con lágrimas en los ojos dijo que no le da pena decir que es hermana de Eliseo Villar y que él ya está detenido por lo que se le acusa, y ahora tiene el problema de salud de su esposo que mientras estuvo detenido se puso mal de la presión y no se recupera, además del pago que le están pidiendo.
El gobernador se comprometió a que su situación se expondrá en la reunión de hoy en Protur y le informará lo que se acuerde al respecto.

Pide el PRD que el Ejército esté el 7 en comunidades de Cutzamala y Heliodoro

*En sesión del IEPC, su representante dice que allí se ha amenazado a sus candidatos y militantes y a personal de los organismos electorales

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

El PRD anunció que solicitará a las autoridades federales que el Ejército permanezca durante toda la jornada electoral del 7 de junio en algunas comunidades de los municipios de Cutzamala de Pinzón y Heliodoro Castillo, donde, aseguró, hay amenazas en contra de sus candidatos y militantes y de personal de los organismos electorales.
Ayer, durante la sesión ordinaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el representante del PRD, Ramiro Alonso de Jesús, manifestó su inconformidad porque el Ejército solamente reguardó la paquetería electoral durante su traslado al estado y actualmente brinda seguridad únicamente a los distritos electorales federales,  no así a los distritos locales.
Ante esta situación dijo que pedirá que el Ejército permanezca en algunas comunidades el día de la elección, “no para inhibir el voto, sino para cuidar las manos traviesas de las fuerzas oscuras o la operación misma del dinero ilícito”.
Indicó que está elaborando una relación de las comunidades en las que, aseguró, es necesaria la presencia de las fuerzas castrenses durante los comicios, para garantizar que el proceso electoral “no se vea enturbiado por esos poderes fácticos, que de repente ponen y quitan candidatos y de repente quitan y ponen autoridades”.
En su intervención criticó que para la seguridad de los 28 distritos locales fueron asignados Policías Estatales, mientras que en los federales es el Ejercito el que brinda seguridad, y denunció que hay lugares en los que solamente son cuatro policías los que resguardan, y “en algunos casos ni siquiera están armados”.
Dijo que esta situación no permitiría una buena reacción de los uniformados en caso de que se registrara alguna emergencia en los distritos electorales locales.
Recordó que cuando se aprobó la contratación de Talleres Gráficos de México, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob) para que imprimiera la papelería electoral, existía el compromiso de la autoridad federal de que el Ejército resguardaría el material, por lo que criticó que esto solo se esté cumpliendo con los distritos federales.
Posteriormente, consultado por este reportero al concluir la sesión, el perredista aseguró que hay amenazas en algunas zonas de Cutzamala de Pinzón, de Tierra Caliente y Heliodoro Castillo en contra de candidatos del PRD, del propio partido y personal de los órganos electorales, pero por seguridad no precisó qué tipo de amenazas ni contra quienes específicamente.
“Ha habido amenazas de gente sin rostro, sin nombre, y estamos recurriendo a la institución (al Ejército) a la que le queda parte de la credibilidad de los mexicanos, es parte emblemática de los mexicanos, confiamos en ellos (en los militares) y vamos a solicitar el resguardo de ellos, su permanencia en algunas comunidades”.
–¿Las amenazas en contra de quién son? ¿De sus candidatos o de personal electoral? –se le preguntó.
–Hay de todo, hay candidatos, el partido mismo, el instituto mismo, tememos de repente por el robo de urnas, situación que puede afectar gravemente no tan solo la legitimidad de los futuros representantes populares, sino que afecte en consecuencia la votación global de la madre de todas las batallas, que es la gubernatura.
Explicó que solicitará la permanencia del Ejército durante toda la jornada del 7 de junio en Arroyo Grande, Zacapuato, Purua-to, Balderrama, Limón Grande, Cuatazeo y La Florida, todas comunidades de Cutzmala.
En el caso de Heliodoro Castillo no precisó en qué lugares pedirá la permanencia del Ejército el día de la elección.
Respecto al resguardo de militares en los nueve distritos federales, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) solamente está a cargo de una elección, que es la de diputados federales, mientras que el IEPC es responsable de tres, la de alcaldes, diputados locales y gobernador.
“Hay una seguridad selectiva, hay una seguridad unilateral, tendenciosa, únicamente para la autoridad federal cuando ahí hay una sola elección, no estoy hablando de que no debería ser así, pero se sigue demostrando la concentración y centralización del poder autoritario del Estado mexicano”.
Aseguró que al no ser militares quienes resguarden los distritos locales, existe un mensaje de que al gobierno federal no le interesan las elecciones locales, “nos ven aislados, nos ven como una elección mínima o de plano puede haber otros intereses en dejar al descubierto la paquetería electoral en los 28 consejos”.
Por esta razón dijo que solicitará formalmente a las autoridades federales que el Ejército resguarde los distritos locales y que también permanezcan todo el día en las zonas donde hay incidencia delictiva y amenazas en contra de candidatos.
Durante la sesión, tras el planteamiento del perredista, la presidenta del Consejo General del IEPC, Marisela Reyes Reyes, aseguró que el órgano electoral ha solicitado al gobierno federal que refuerce la seguridad en los 28 Consejos Distritales.