Gaspard Estrada

¿Deberá Dilma romper con Rousseff?

Una de las particularidades de Brasil es su régimen político. Efectivamente, esta República Federal, dirigida por Dilma Rousseff desde 2011, tiene un régimen político presidencialista que evoluciona dentro de un sistema de partidos altamente fragmentado (“el presidencialismo de coalición”), lo cual dificulta la construcción y el mantenimiento de mayorías estables. A pesar de su casi-omnipresencia mediática en la prensa internacional, así como en una buena parte de la literatura académica sobre los partidos políticos, el Partido de los Trabajadores (PT) nunca ha sido mayoritario en el Parlamento. Es por eso que los presidentes brasileños, aun cuando en general obtienen votaciones superiores a sus pares mexicanos, siempre han tenido que forjar alianzas con liderazgos políticos no siempre afines con la orientación política gubernamental. En el caso de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), la coalición gubernamental fue muy amplia, yendo de la extrema izquierda al centro derecha. Esta mayoría heterogénea, dentro de la cual coexistían intereses divergentes (u opuestos), fue la columna vertebral del primer gobierno de Dilma Rousseff.
Sin embargo, el legado político y económico de los gobiernos de Lula, que constituía la médula de esta columna, comenzó a mostrar fisuras. La economía, que se había desarrollado gracias al aumento de los precios de las materias primas destinadas a la exportación así como por la dinamización del mercado interno, ya no creció al ritmo esperado. Sobre todo, la percepción de un aumento del costo de la vida se cristalizó, degradando las expectativas económicas de los brasileños, en particular de aquellos que accedieron por primera vez al mercado de consumo de masas durante los gobiernos de Lula (40 millones de personas, según el Inegi de Brasil). Estos últimos, que habían constituido el corazón del electorado cautivo del PT desde 2002, han tomado distancia con la Presidenta. Poco a poco, ese hiato entre el discurso (positivo) del gobierno y la percepción (negativa) de los brasileños de la “Classe C” ha crecido, transformándose en una molestia silenciosa que desembocó, en junio de 2013, en una revuelta social en los grandes centros urbanos. Esta movilización masiva erosionó la imagen de la presidenta, que tenía hasta ese momento una buena aprobación en las encuestas de opinión. A partir de ese momento se transformó su relación con la mayoría parlamentaria, de por sí difícil, y las críticas que se expresaban mezza voce, se volvieron explícitas.
Efectivamente, contrariamente a su mentor, adepto del contacto con los políticos, Dilma Rousseff fue reacia a ese tipo de encuentros, para liberar tiempo en su agenda, volcada al seguimiento detallado –obsesivo para algunos– de los programas gubernamentales. Teniendo el viento en popa en la opinión pública al comenzar su mandato, la presidenta no dudó en despedir a once ministros de su gobierno acusados de malversaciones. Estos cambios en el gabinete, realizados de manera abrupta, contribuyeron a distanciarla de su coalición en el Congreso, en particular del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Por ende, el silencio de los congresistas oficialistas durante las manifestaciones de 2013 no fue una sorpresa. Sin embargo, en la perspectiva de las elecciones presidenciales de 2014, Dilma Rousseff disponía del atributo de su investidura presidencial (en particular de su poder de nombramiento a cargos públicos), así como del apoyo del carismático ex presidente Lula para ser reelecta. La oposición, por su lado, no había logrado traducir políticamente la insatisfacción popular. Sin alternativas concretas de poder, los partidos de mayoría parlamentaria acabaron adhiriendo, con un entusiasmo relativo, a la campaña de la presidenta. Como en 2010 (cuando Dilma Rousseff fue electa por primera vez), Franklin Martins y João Santana, los directores de la comunicación de la campaña, lograron hacer un tour de force electoral, al posicionar a la presidenta como un actor de cambio, cuando su cargo ejecutivo la predestinaba a encarnar la continuidad. Al término de una campaña electoral de una rara agresividad, Dilma Rousseff fue reelecta con 51.6 por ciento de los votos. De su lado, el PT lograba obtener la Presidencia de la República por cuarta vez consecutiva. Un récord.
Sin embargo, a pesar de la puesta en evidencia de la fragilidad de la coalición gubernamental durante el ciclo electoral de 2013-2014, Dilma Rousseff evitó acercarse nuevamente a su base de apoyo parlamentaria después de su victoria, al tiempo que un escándalo de implicaciones políticas mayúsculas acababa de aparecer en la plaza pública. Efectivamente, durante la campaña electoral varios medios de comunicación (la mayoría con simpatía con la oposición) habían comentado la existencia de una investigación en curso de la policía federal relativa a un amplio sistema de corrupción que implicaba a miembros eminentes de la mayoría parlamentaria así como de la oposición con intermediarios poco recomendables, con empresarios del ramo de obras públicas y dirigentes de la principal paraestatal del país, Petrobras, con el objetivo de alimentar las cajas chicas de los partidos políticos y las cuentas bancarias de estos individuos. Después de la elección de octubre, la justicia puso bajo investigación a varios empresarios y a más de cincuenta congresistas de la coalición gubernamental sospechosos de haber creado y fomentado esos delitos. Sin embargo, el gobierno federal no solamente no se pronunció sobre el tema, sino que intentó aprovechar esta coyuntura política para intentar reconfigurar la arquitectura de su mayoría en el Congreso en detrimento del PMDB, después de los diferendos entre la presidenta y este partido durante el primer mandato. La elección de las Presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados, en febrero, fue la ocasión para el partido centrista de hacer valer su influencia sobre los partidos de la coalición gobernante. A pesar de las investigaciones en su contra, y de las advertencias del gobierno federal, Renan Calheiros y Eduardo Cunha consiguieron su elección como presidentes de ambas Cámaras. A partir de ese momento, utilizando de manera inmoderada sus prerrogativas, estos últimos construyeron una agenda legislativa contraria a los intereses del gobierno, provocando una tensión palpable entre los dos poderes.
Este problema político apareció en un mal momento económico del país. Brasil tiene un déficit de crecimiento desde la investidura de Dilma Rousseff para su segundo mandato. La paralización de los sectores de obras públicas y de la energía (que representan 10 por ciento del PIB brasileño en promedio) a raíz del escándalo Petrobras llega en el peor momento para el gobierno, que apuesta ahora a la inversión privada para relanzar la actividad económica (por la vía de la atribución de concesiones), al mismo tiempo que reduce el gasto público para mejorar su cuenta pública. Sin embargo, sin el respaldo del Congreso, esos objetivos parecen inalcanzables.
Es frente a esta crisis política y económica inédita, traducida por una caída brusca de la popularidad de la Presidente (apenas 15 por ciento de personas satisfechas con la acción gubernamental en marzo del 2015), que Dilma Rousseff tuvo que reaccionar y aceptó sacrificar buena parte de sus prerrogativas. En relación con la economía, dio una amplia autonomía a su ministro de Hacienda, Joaquim Levy (bien visto por el sector financiero internacional), para captar inversiones privadas. En cuanto a la política, decidió dar a su vicepresidente, Michel Temer (presidente del PMDB), un poder de negociación relacionadocon la designación de cargos en el gobierno federal, con el objetivo de neutralizar la rebelión existente dentro de su mayoría en el Congreso. Hoy en día, a pesar de algunas señales positivas, es difícil saber si esta mutación forzada de Dilma Rousseff le permitirá recuperar la iniciativa política y sobre la economía del país, y más todavía, si le permitirá regresar a mediano plazo a la “época de oro” de los gobiernos de Lula.

* Analista del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) con sede en París.*