Irrumpen policías embozados en siete casas y amenazan a vecinos en Papaxtla, Chilapa

*Preguntan agentes federales y estatales por los delincuentes del pueblo, se llevan un rifle calibre 22, una escopeta 20, una pistola 22 y una 9 milímetros, municiones y tres radios de comunicación de la casa del coordinador de la CRAC, Genaro Francisco. Exigen respeto a la Policía Comunitaria

Luis Daniel Nava

Chilapa

Sin la orden de un juez, policías federales y de Fuerza Estatal irrumpieron con violencia y amenazaron a los ocupantes de siete viviendas de la comunidad de Papaxtla, municipio de Chilapa, denunciaron vecinos e integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
De la casa del coordinador regional de la Policía Comunitaria, Genaro Francisco Santos, se llevaron escopetas, armas cortas, municiones y radios de su organización, mientras que de la vivienda del comisario, Pablo Narciso Rosario, se llevaron una identificación porque no lo localizaron.
Los policías comunitarios que se deslindaron de la toma de la cabecera de Chilapa de pobladores armados y autoridades comunitarias del sur del municipio del 9 al 14 de mayo, exigieron al gobierno federal y al estatal que respeten su territorio, y dieron un plazo de 48 horas al gobernador Rogelio Ortega Martínez, para que les devuelvan sus pertenencias o de lo contrario accionarán.
La Policía Comunitaria que tiene su Casa de Justicia en Rincón de Chautla fue creada el 27 de agosto de 2014, y se coordina con la CRAC de los pueblos fundadores con sede en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec.
La conforman 15 pueblos de los municipios de Chilapa y Hueycantenango: Papaxtla, Zompeltepec, Monte Emperador, Ahuixtla, Xolotepec, San Jerónimo, Xicotlán, Tula, Alcozacán, Acahuehuetlán, Rincón de Chautla, Zacapexco, Ayahualtempa, Apozonalco y El Terrero I que aseguraron, se reunirán el domingo.
Ayer después de las 2:00 de la tarde en la explanada de la comisaría de Papaxtla, pobladores que sufrieron el allanamiento narraron que alrededor de las 4:30 de la tarde del miércoles, entre 12 y 15 camionetas de la PF y de las Fuerzas Estatales ingresaron al poblado, primero rompieron la cadena de su entrada principal.
Papaxtla es una comunidad de unos 320 habitantes y está ubicada a una media hora de la cabecera municipal, al lado de la carretera federal Chilapa-Tlapa.
Los policías artillados y encapuchados iban con agentes de la PGR vestidos de civil, y un helicóptero que sobrevoló la localidad, informaron.
La presencia de los policías federales y estatales en la comunidad duró alrededor de 15 minutos, lapso en el que ingresaron por la fuerza a siete casas, en unas rompieron chapas, esculcaron entre la ropa, zapatos y utensilios de cocina, y tomaron fotografías.
“Entraron sin permiso del dueño y amenazando a las familias, los niños lloraban”, relató un testigo.
La población asustada preguntaba qué pasaba al ver el aparatoso convoy de camionetas artilladas y a los policías federales y estatales, quienes entraban por la fuerza a las viviendas y amenazaban a los vecinos.
Los policías embozados exigieron a las personas que se encontraban dentro de las casas que les dijeran quiénes eran los delincuentes del pueblo, o de lo contrario se los llevarían a ellos.
También entraron a la casa del comisario, Pablo Narciso Rosario, y al no encontrarlo le arrebataron a su esposa su credencial de elector, y se llevaron una lámpara de cacería.
Denunciaron que los policías entraron a la bodega del pueblo donde rompieron la chapa y se llevaron un marro, mientras que de otra vivienda sustrajeron otros dos marros y una barreta.
Entraron a la casa del coordinador regional de la Policía Comunitaria, Genaro Francisco Santos, de donde sustrajeron un arma larga calibre 22, una escopeta calibre 20, una pistola calibre 22 y una más calibre 9 milímetros.
Además dos cajas de cartuchos calibre 20, una calibre 41 y otra más de cartuchos calibre 9 milímetros, y tres radios de comunicación de la CRAC, denunciaron.
Intentaron derribar con la barreta puertas de otras viviendas pero no lo lograron, afirmaron algunos testigos.

“Las armas se compraron con dinero del pueblo”

El coordinador de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, Bernardino Sánchez Luna pidió al gobernador Rogelio Ortega que devuelva las armas a la organización porque fueron compradas con el sacrificio del pueblo, para proteger a sus familias de la delincuencia.
Si no las devuelve, agregó, van a determinar en una asamblea la forma de actuar.
“Estamos cuidando nuestro territorio, no permitimos que haya inseguridad, el pueblo está en paz. ¿Por qué no agarran a los delincuentes que están en Chilapa?”, preguntó.
Agregó que los alrededor de 300 policías comunitarios de 15 comunidades no participaron en la irrupción de civiles armados y comisarios en la ciudad de Chilapa el 9 de mayo.
En tanto, el también coordinador de la CRAC, Margarito González Nava exigió que las fuerzas del Estado los respeten, porque sólo se dedican a cuidar sus pueblos.
“Necesitamos respeto, que devuelva las cosas del pueblo donde las agarraron, si no la gente se va a organizar y no queremos más violencia. Si no hay respeto no habrá paz”, advirtió.
“No robamos, no cobramos, las armas se compraron con dinero del pueblo, que agarren a los que hacen el mal, el mismo gobierno sabe dónde están, en todo el estado hay muertos casi a diario”, se quejó.
En esa región dijo, lo que necesitan son proyectos para que la gente trabaje, mejores caminos y comisarías a las que no se les filtre el agua, como pasa en la de Papaxtla.
Aseguró que la Policía Comunitaria brindará seguridad en sus comunidades para que se realice la elección el 7 de junio, y que no permitirán que a la gente se le obligue a votar por algún partido político o candidato.
Tampoco dejarán que entre gente armada a sus pueblos, como sucedió hace tres años, para operar a favor de un partido.

Llega el Ejército, Fuerza Estatal y la Policía Ministerial

Alrededor de las 3:30 de la tarde cuando los pobladores y policías comunitarios mostraban la cadena que los federales y estatales rompieron en la entrada a la población, llegaron patrullas del Ejército, de la Fuerza Estatal y de la Policía Ministerial.
Los uniformados dijeron que habían recibido el reporte de la presencia de personas armadas en esa comunidad, y que acudieron para proteger a la población.
Los coordinadores de la Policía Comunitaria se identificaron, explicaron su función y su presencia en 15 comunidades de esa región y denunciaron el allanamiento violento de la tarde del miércoles, realizado por policías federales y estatales.
Al mayor de infantería, Francisco Piña, le exigieron respeto a su organización comunitaria y le dijeron que no pertenecen a ningún grupo delictivo.
“Queremos que no asusten a los niños ni a las señoras”, dijo Bernardino Sánchez.
El mando militar les expuso que en la constitución se señala que hay armas que son prohibidas por ser de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre ellas los rifles de asalto como el AK-47 o cuerno de chivo y las armas cortas de 9 milímetros.
Después de registrar datos y tomar fotografías, los militares y policías se retiraron.