Condena consejera del INE la divulgación de llamadas telefónicas de candidatos y políticos

*La inseguridad complica los trabajos de los capacitadores, advierte María Luisa Garfias. Se informa que 8 mil 500 ciudadanos desistieron de participar como funcionarios por temor. Defiende el presidente acciones de militares en Ayutla y niega que hayan arrojado gas pimienta a manifestantes

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, María Luisa Garfias Marín, aseguró que el actual proceso electoral ha sido “complejo, controvertido y violento”, y admitió que el “contexto social” y la inseguridad que priva en el estado ha complicado los trabajos de los capacitadores electorales en algunos municipios.
Al respecto, en uno de los informes de ayer, se dijo que hubo al menos 8 mil 500 ciudadanos (el 20 por ciento del monto total) que, pese a que ya habían accedido a participar como funcionarios, desistieron. El argumento fue el temor por el clima de violencia.En su intervención ayer, en la décima sesión ordinaria del Consejo Local del INE, condenó también la filtración de audios correspondientes a intervenciones de llamadas telefónicas a los que están recurriendo partidos políticos para desprestigiar a sus contrincantes, como le sucedió al presidente nacional del órgano electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, actos que calificó como “una violación grave a la privacidad”.
En tanto, la consejera Irma Maribel Nicasio González criticó que haya partidos y ciudadanos que estén solicitando la presencia del Ejército en las calles el próximo 7 de junio, “qué clase de democracia es en la que se pide que la fuerza pública la resguarde”.
Sin embargo, el presidente del INE en Guerrero, David Alejandro Delgado Arroyo, le contestó argumentando que la intervención de las fuerzas castrenses en el proceso electoral está regulado por la ley.
Ayer, en la Junta Local Ejecutiva del INE se celebró la décima sesión ordinaria, que se prolongó por casi 4 horas, en las que se desahogaron un total de 26 puntos, correspondientes a informes y acuerdos relativos a los preparativos del proceso electoral.
En la sesión, el PRD planteó la necesidad de que los 28 distritos electorales locales sean resguardados por el Ejército, como sucede en los distritos electorales federales, además pidió que las fuerzas castrenses permanezcan el próximo 7 de junio en comunidades de los municipios de Cutzamala de Pinzón y Heliodoro Castillo, donde, aseguró, hay problemas de inseguridad.
En el orden del día fueron incluidos dos asuntos generales, entre estos una intervención de la consejera y feminista María Luisa Garfias Marín, respecto al desarrollo del proceso electoral, que derivó en opiniones encontradas entre miembros del Consejo, incluidos consejeros y representantes de partido.
En su mensaje, Garfias Marín aseguró que en los recorridos hechos por los consejeros en los diferentes distritos y municipios, conoció la opinión de ciudadanos que están a favor de salir a votar el 7 de junio, pero también a otros que están en contra del proceso electoral, “también a las indecisas e indecisos a ejercer este derecho político”.
Indicó que “el contexto político y social en nuestro estado, aunado a la inseguridad por los grupos delincuenciales, dificultó en algunas cabeceras municipales el trabajo que las y los capacitadores y asistentes electorales realizaban, sin embargo, a pesar de ello, el compromiso por Guerrero y por la democracia pudo más”.
Aseguró que, a pesar de estas condiciones, los ciudadanos que fueron electos como funcionarios de casilla aceptaron sus nombramientos, y han participado en las prácticas y simulacros que se han realizado en todo el estado.
“El proceso electoral en Guerrero ha sido complejo, controvertido y violento, para qué negarlo, el INE en Guerrero ha hecho esfuerzos mayúsculos de responsabilidad y sensibilidad ante este contexto porque su función es organizar elecciones en tiempo de paz”.
En su intervención hizo mención de la llamada telefónica que fue intervenida y difundida en internet, del presidente nacional del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en la que se le escucha hablando de manera despectiva en contra de un líder indígena con el que se había reunido, que fue motivo de fuertes críticas por parte de organizaciones sociales y políticas que exigieron su renuncia.
Condenó que, en el caso de Guerrero, existan partidos políticos, sin precisar cuáles, que estén recurriendo a la misma práctica, hecho que calificó como “una clara violación al derecho de la privacidad.
Aludió así a la difusión de grabaciones de conversaciones teléfonicas que involucran al secretario de Finanzas, Eliseo Moyao Morales y al director general de Adquisicio-nes, Humberto Chávez Millán, las que presuntamente demostrarían el apoyo del gobierno del estado a los candidatos del PRD.
En el transcurso de la semana se difundieron más audios que exhiben una presunta relación entre el candidato a la alcaldía de Acapulco por el PRD y PT, Evodio Velázquez Aguirre, y el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y su hijo Rubén Figueroa Smutny.
Al respecto, Garfias Marín condenó “la violación al derecho a la privacidad en las comunicaciones, esta ha sido siempre la herramienta utilizada por los gobiernos autoritarios contra sus oponentes para destruirlos, no es gratis el que hoy en el proceso electoral se estén haciendo públicas filtraciones hacia otros partidos políticos”.
De Córdova dijo que fue un “resbalón”, y confió en que no impacte de manera negativa en el trabajo hecho por el Consejo Local en Guerrero, y “que los pueblos originarios participen el 7 de junio para elegir a sus autoridades”.
Pese a ello llamó a Córdova a cuidar “sus pensamientos y acciones” por ser la voz del INE.

Camacho, misógino

También acusó al candidato a gobernador del PAN, Jorge Camacho, de hacer uso de un discurso misógino, luego de comparar a las mujeres con las encuestas, al asegurar que “éstas son de quien las paga”, por lo que exigió al panista y a todos los candidatos a conducirse con respeto, puesto que ese tipo de discurso representa “una violación directa a los derechos de las mujeres”.
Posteriormente la consejera Irma Maribel Nicasio González criticó que haya partidos y ciudadanos que piden que el Ejército salga a las calles el próximo 7 de junio, “qué clase de democracia es donde se pide que la fuerza pública sea quien la resguarde, no estamos en un país en guerra”.
Hizo referencia a los estudios realizados por una organización extranjera que establecen que México ocupa el tercer lugar en número de homicidios, sólo después de Siria e Irak.
“Es sabido que estos dos países están en una situación de guerra interna, en México no, y entonces por qué si en México, se supone, no estamos en guerra, no hay una guerra civil ni una declarada por un país, ¿por qué razón hay militares, gendarmería y marines, policías federales y ministeriales en la calle? ¿Se trata entonces de nuevas modalidades de democracia?”
Al respecto, el representante de Nueva Alianza, Gerardo Robles Dávalos, aseguró que si es necesaria la presencia del Ejército en las calles es porque los jóvenes están engrosando las filas de la delincuencia organizada ante la falta de oportunidades para seguir estudiando o emplearse, situación de la que responsabilizó al gobierno federal.
Indicó que quienes deberían tener miedo de los militares “son los malosos, no nosotros, yo al contrario, que salgan los militares a las calles, que hagan sus rondines, que haya retenes, yo no tengo miedo que me retenga un convoy militar para revisar mis cosas, a mí me da miedo que gente, civil, con armas, me detenga para revisar mis cosas”.
Posteriormente, el presidente Delgado Arroyo, respondió a la consejera Nicasio, que “a veces caemos en contradicciones en la discusión pública, y a veces queremos más seguridad, pero que no esté ahí el Ejército ni la policía, vaya, y luego sucede un hecho ‘¿y por qué no se movió el Ejército?’ y si se movió ‘¿y por qué se movió?’”
Explicó que ante esos planteamientos se cae en “un absurdo”, y manifestó que la intervención de Ejército y de las corporaciones policiacas está regulada en la ley, “y no es la primera vez que ocurre, siempre ha habido condiciones de seguridad en la jornada electoral”.
Aclaró que lo que no puede ser es que militares o policías resguarden las casillas, mucho menos armados, por ser una prohibición de la ley, sin embargo dijo que sí están facultados a atender los llamados de los presidentes de las casillas o de los órganos electorales.
Indicó que el argumento de que las fuerzas armadas sólo intervendrán en caso de una invasión extranjera ya no aplica en estos tiempos, “ya no existen guerras entre países, ha cambiado la concepción de la intervención del Ejército y de la fuerza armada, tenemos que ser racionales sobre la reflexión sobre el tema, no es tampoco para asustar, por eso se tiene a ese tipo de fuerzas, porque tienen una disciplina para aplicar la fuerza pública”.
Antes de llegar a ese punto, el representante del PRD, Ramiro Alonso de Jesús, planteó la necesidad de que el Ejército ofrezca resguardo a los 28 distritos locales, como sucede con los federales.
El miércoles, en la sesión del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Alonso de Jesús manifestó su inconformidad porque los distritos locales son resguardados por policías estatales, mientras que en los federales son las fuerzas castrenses, situación que calificó como “centralista”.
Durante su exposición dijo también que hay comunidades de Cutzamala y de Heliodoro Castillo en donde, por problemas de seguridad, es necesario que permanezcan todo el 7 de junio militares en las calles, sin que esto signifique que deban resguardar las casillas.

Arremete el presidente del INE contra El Sur

En su intervención, Delgado Arroyo planteó que se aplique la misma dinámica de resguardo entre los paquetes electorales federales con los locales, incluso dijo que envió un mensaje a las autoridades federales en las que les recordó que el reguardo es un asunto de seguridad nacional, por lo que deben intervenir también en los consejos distritales locales, sobre todo porque el IEPC está a cargo de tres elecciones.
Aprovechó ese punto para manifestar que el Ejército está para resguardar únicamente las boletas, “ni más ni menos, y no hay ningún interés por hacer otra cosa, y hay una preocupación muy importante de no confrontarse, sino sólo contener en el caso de que sea estrictamente necesario, como sucedió en Ayutla”.
En ese momento Delgado acusó a El Sur de difundir “información falsa”, en alusión a la nota que se publicó en estas páginas el miércoles, en la que se informó de la protesta de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayutla como parte de la 12 acción global por Ayotzinapa.
En la nota se explicó que los manifestantes tiraron las puertas y una ventana del Consejo Distrital 08, que era custodiada por 50 militares con equipo antimotines y que con gas pimienta impidieron el paso a los manifestantes, además de que hubo intercambio de piedras entre inconformes y uniformados.
Al respecto, Delgado aseguró que la reacción de los militares fue muy disciplinada, “en ningún mo-mento como dicen de manera falsa algunos medios de comunicación, hubo regreso de piedras, la agresión fue del movimiento, no fue de los soldados, en ningún momento se lanzó gas pimienta, en ningún momento como falsamente lo dice un medio de comunicación”, en clara alusión a El Sur.
El miércoles, en su cuenta personal de Facebook, Delgado Arroyo compartió esa nota en su perfil acusando que en la información “hay un afán militante de mentir”, a pesar de que un reportero de este medio presenció la manifestación y constató con fotografías la respuesta de los militares.
Finalmente expuso que “tanto los movilizados en su manifestación violenta que cometen el delito de daños en propiedad ajena, como el medio en su afán de mentir, no aportan nada a una mejor sociedad”.
En la sesión se informó que para la elección del 7 de junio se instalarán 4 mil 806 casillas, lo que significa la participación de 43 mil 254 ciudadanos como funcionarios.