Desde la alcaldía del perredista Ariza, hace 13 años, el crimen organizado controla Chilapa: FDP

*Efraín Torres denuncia que lo gobiernos municipales han utilizado a Los Rojos para reprimir a las organizaciones sociales. Presentó denuncias en la Procuraduría estatal y en la PGR, pero no actuaron y hasta desaparecieron los expedientes, afirma. También la Segob ignoró las quejas, señala

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el municipio de Chilapa, desde el periodo del alcalde perredista, Maclovio Ariza Acevedo (2002-2005) las administraciones municipales han venido tolerando y hasta trabajando con los grupos de la delincuencia organizada, a quienes utilizan para amenazar, hostigar y reprimir a las organizaciones sociales disidentes, denunció el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro.
Recordó que en esa administración, integrantes de su organización sufrieron un desalojo violento por gente de Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, presunto líder de Los Rojos en esa plaza y que agredieron a Rodolfo Colorado, uno de los dirigentes a quien dejaron por muerto y hasta lo sepultaron, pero fue rescatado aún con vida por mujeres que vieron donde lo enterraron.
Aseguró que desde entonces han presentado varias denuncias en contra de este grupo criminal ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado) pero que todos los expedientes desaparecieron. Dijo que también acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) pero que les dijeron que eran delitos del orden común y que deberían denunciarlos en el Gobierno local.
Torres Fierro informó que también acudieron a la Secretaría de Gobernación, en donde se reunieron con el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, pero que su denuncia fue ignorada.
Denunció que los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, sabían desde hace muchos años quiénes encabezaban al crimen organizado en ese municipio, pero que no sólo lo protegieron sino hasta lo utilizaron en contra de las organizaciones disidentes.
Incluso, denunció que por estas acciones de la delincuencia organizada que mantienen bajo su control el municipio de Chilapa, más de cien colonos de su organización que fueron desalojados violentamente en agosto del 2003 de un predio por los delincuentes, abandonaron la ciudad y se dispersaron por el estado, o por entidades del norte del país.
Las autoridades municipales de entonces, a manera de “premio” donaron dos predios en donde los integrantes de la delincuencia organizada que participaron en el desalojo fundaron sus colonias, una de ellas lleva el nombre de Corral de Piedra como reconocimiento a uno de los líderes del grupo criminal Los Rojos, originario de ese pueblo del municipio de Heliodoro Castillo.
Esa colonia se encuentra en el tramo que va de Chilapa a Atzacoaloya, en donde han ocurrido el mayor número de desaparecidos.
El líder del FDP recordó que desde la administración que encabezó el perredista Ariza Acevedo, los habitantes de Chilapa comenzaron a vivir las situaciones de violencia que hoy se han agudizado, pero insistió que fue siempre con la complicidad de los tres niveles de gobierno, puesto que las denuncias por las acciones delictivas del grupo criminal no sólo se hicieron públicas, sino que de manera formal, ante la entonces Procuraduría General de Justicia del estado, ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la Secretaría de Gobernación.
“De hecho ellos (los delincuentes) son los que han sostenido a los presidentes municipales desde Maclovio Ariza, él fue el que le dio vida, él fue el que le dio entrada a la delincuencia”, acusó Torres Fierro.
“Eso lo habíamos venido denunciando desde hace muchos años, dijimos entonces que el dueño de la ferretería Ferrebazar (no dijo el nombre) era la cabeza de la delincuencia y es él el que ha hecho lo que ha querido con los presidentes municipales, se asigna las obras que más le convienen, y El Chaparro (Zenén Nava Sánchez) era su trabajador”, denunció.
Torres Fierro informó que, incluso, se dieron cuenta de que mucho tiempo después ya en el periodo de gobierno de Ángel Aguirre, cuando estaba como procuradora Martha Elba Garzón Bernal, el propietario de Ferrebazar pretendió colocar gente suya en la dependencia y que las denuncias que presentaban en su contra y de El Chaparro, todas desaparecieron de la entonces Procuraduría.
Recordó que una de ellas fue la agresión que sufrió el dirigente del FDP en Chilapa, Rodolfo Colorado, por integrantes del grupo delincuencial. Dijo que el dirigente, tras la agresión fue sepultado por los delincuentes porque pensaron que ya estaba muerto, pero que un grupo de mujeres vieron donde lo sepultaron y fueron a rescatarlo y se percataron que todavía estaba vivo.
Dijo que fue entonces cuando fueron a la Secretaría de Gobernación “a exigir que se hiciera una investigación en contra del presidente municipal y del director de Seguridad Pública porque nosotros sabíamos que quienes lo agredieron eran de “la maña” y que contaban con la protección del presidente municipal y del director de Seguridad Pública. Mencionó que entonces estaba de presidente municipal, Sergio Dolores Flores.
Otra de las denuncias fue por la amenaza que sufrieron los integrantes del FDP por personas armadas que llegaron a un predio que tenían tomado. “En esa ocasión llegaron y les dijeron que desalojaran porque ese terreno era del jefe, les aclararon que no era una amenaza, pero cuando les dijeron que se fueran les enseñaron las armas que llevaban”, dijo Torres Fierro.
Explicó que entonces ya encabezaba el grupo de hombres armados El Chaparro.
“Todas las agresiones que sufrimos las hicimos públicas y formalmente ante todas las instancias que debieron haber intervenido pero nunca se hizo nada”, aseguró el dirigente del FDP.
Recordó que precisamente por las agresiones con gente de civil armada en contra de los integrantes del FDP solicitó al Congreso local la revocación de mandato del edil perredista Maclovio Ariza Acevedo, petición que, dijo tampoco prosperó.
Añadió: “Desde entonces los grupos de la delincuencia organizada ya estaban metidos en las esferas del gobierno municipal, pero en los últimos seis años ya se agravó”.
Mencionó que hace casi tres años, cuando iniciaba el gobierno municipal del priista Francisco Javier González, los delincuentes armados desalojaron nuevamente a 200 familias que desde el 2000 tenían tomado un predio de más de 2 hectáreas donde construyeron sus viviendas.
Torres aseguró que a pesar de que muchas de las familias ya tenían escrituras de su terreno, al grupo armado no le importó y en pleno día llegaron para desalojarlas.