Acosan ministeriales en Tixtla a padres y estudiantes de Ayotzinapa, denuncian

*La instalación de casillas electorales sería una provocación al pueblo y no  permitirán que entren militares, declara el Comité Promotor del Consejo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las últimas semanas se incrementó el acoso y hostigamiento a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y a los estudiantes de Ayotzinapa así como a los activistas que participan en el movimiento contra las elecciones del 7 de junio en Tixtla, que son vigilados por policías ministeriales vestidos de civil, denunció el Comité Promotor del Consejo Municipal de Tixtla.
En un comunicado, exigió a los políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno que respeten el dolor de los padres de los desaparecidos, que exigen la suspensión de las elecciones en Guerrero, y que no envíen militares ni policías a intimidar a la población, tampoco a cuidar las urnas porque no permitirán la instalación de casillas y “no queremos otra masacre”.
Aclararon que no quieren elecciones ni van a permitir la militarización, “no buscamos otra masacre más (sólo) que respeten la decisión del pueblo al no querer elecciones y denunciamos que la instalación de las casillas electorales es una provocación al pueblo”.
Del acoso, señalaron que en los alrededores del poblado han hecho recorridos recientes convoyes de militares y marinos “para vigilar y amedrentar. Esta persecución en contra de los ciudadanos movilizados se enfatiza después del pronunciamiento de los padres de familia de que en Guerrero no habrá elecciones”.
Consideraron que Tixtla hay mayor hostilidad del gobierno porque ahí está asentada la Escuela Normal de Ayotzinapa, hacen faltan 43 normalistas detenidos-desaparecidos, no hay habido justicia para los estudiantes asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014, tienen presos políticos, en alusión a los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina Gonzalez, y Arturo Campos Herrera, cuya defensa promueve la Policía Comunitaria del barrio de El Fortín. También apoyan la demanda de libertad de todos los presos de la CRAC.
Ratificaron que mantienen la posición contra las elecciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos por policías el 26 y 27 de septiembre del 2014, por la complicidad y colusión de narco-gobierno, y la colaboración que existe entre la fuerza pública con la delincuencia organizada “probada y reconocida por las investigaciones”.
Para evitar que los responsables eludan la justicia, exigieron juicio político para el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, los últimos dos acusados por delincuencia organizada y no por desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinado de seis personas el 26 de septiembre.
Insistieron en que ningún partido político representa estas demandas, y si llegan al poder es porque el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de las elecciones, legitima a los políticos coludidos con el narcotráfico.

Sesión permanente hasta el 8 de junio

Informaron que en la quinta asamblea popular de Tixtla, del 30 de mayo, donde participaron colonos, estudiantes normalistas y universitarios, se acordó conformar la Dirección Colectiva, con la representación de las organizaciones que coordinen las acciones emanadas de la Asamblea.
Ahí, se instaló la Asamblea de forma permanente en el auditorio municipal de Tixtla, que desde abril está en manos del Comité Promotor del Consejo Popular Municipal.
Convocaron a observadores y visitadores de derechos humanos para que den seguimiento a las acciones que se realicen la semana previa a las elecciones.
Frente a la amenaza real, responsabilizaron los tres niveles de gobierno y particularmente a David Martínez Valadez ex síndico procurador del extinto ayuntamiento, porque sugirió que habrá represión contra los que se opongan a los comicios.
“Él será responsable directo de las amenazas, de lo que pretendan hacer contra el pueblo, de cualquier agresión en contra de cada uno de los compañeros movilizados y de sus familiares, así como señalamos y responsabilizamos a todos los partidos políticos y sus candidatos, al instituto nacional electoral y todos sus membretes, a los medios de desinformación pagados por el Estado y demás personas que actúen por cuenta propia”.
Señalaron que impunemente, le gobierno utiliza la masacre, la desaparición forzada, los asesinatos políticos, la tortura y el encarcelamiento de los luchadores sociales, para contener las demandas sociales.
En este sentido, denunciaron como estrategias mediáticas de distracción, la detención arbitraria de tres padres de familia de los 43 desaparecidos el día 20 de mayo, precisamente, cuando llegó la papelera electoral en Guerrero.
Así como la detención de estudiantes de la Normal Rafael Ramírez el sábado, y la persecución y uso de gases lacrimógenos contra padres y estudiantes de Ayotzinapa la tarde del viernes en Chilpancingo, para evitar el retiro de propaganda política de las calles.
Aseguraron que los ciudadanos están en contra de la partidocracia, que se apropia de los poderes y de los recursos públicos, “no queremos más parásitos, queremos que los recursos lleguen íntegros a las comunidades, que no haya necesidad de realizar una marcha para exigir obras, las comunidades tienen el derecho de administrar esos recursos de acuerdo a la ley 701, así como también tenemos el derecho de organizarnos y manifestarnos en contra de la oligarquía que gobierna este país y no permitir que lo sigan saqueando”.
Insistieron en que los políticos “respeten el dolor de los padres de familia, que no puede haber elecciones mientras no haya justicia, que ningún partido político nos representa y el hecho de que sigan con sus campañas políticas es muestra de la indiferencia ante este crimen de lesa humanidad.