Retirar propaganda atenta contra la propiedad, advierte el gobernador

*La policía actuará contra quienes delincan y sean hallados en flagrancia, dice Ortega

*Justifica la agresión con gases lacrimógenos contra padres de Ayotzinapa

*Se aplicarán “medidas especiales” en Tlapa y Tixtla, reitera

*Acosan ministeriales en la segunda ciudad a familiares y normalistas, denuncian

*La instalación de casillas sería una provocación y no  permitirán que entren militares, declara el Comité Promotor del Consejo Municipal

La policía actuará contra quienes delincan y sean hallados en flagrancia, dice Ortega

*Justifica el gobernador la agresión con gases lacrimógenos contra padres de Ayotzinapa. Sólo Tlapa y Tixtla son “focos rojos” para las elecciones y se aplicarán allí “medidas especiales”, reitera

Jacob Morales Antonio

El gobernador Rogelio Ortega Martínez advirtió que la policía del estado actuará contra quienes “atentan en contra del Estado de derecho y sobre todo que se les ubica en flagrancia, que realizan acciones delictivas”, cuando se le preguntó del proceder de los policías antimotines que lanzaron gases lacrimógenos contra los padres de los 43 normalistas desaparecidos, cuando protestaban el viernes retirando propaganda electoral en Chilpancingo.
La mañana de este domingo, Ortega hizo un recorrido por obras inconclusas del gobierno del estado, como el llamado edificio inteligente y el Acabús, antes de los actos de cierre de campaña de los candidatos del PRD-PT, Beatriz Mojica Morga, y del candidato del PRI-PVEM, Héctor Astudillo Flores, que se de-sarrollaron por la tarde.
En declaraciones, el gobernador opinó que la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales (Fepade), deberá “dar un veredicto” de las denuncias que ha presentado el PRI contra él y su gobierno, por presuntamente apoyar a la candidata Mojica.
Sobre el contexto político y del boicot electoral, afirmó que sólo Tlapa y Tixtla son “focos rojos”. Pero prevé que habrá una operación especial “en lugares que están ubicados como focos rojos de conflictividad, por la presencia de la delincuencia organizada, o todavía porque hay secuelas del conflicto político social que generó la tragedia de Iguala”, en referencia a las protestas del Movimiento Popular Guerre-rense (MPG), que impidió el sábado el cierre de campaña del candidato del PRI, al realizar un bloqueo y la quema de propaganda.
Abundó: “Por supuesto que tomaremos medidas especiales, para que se garantice a las ciudadanas y ciudadanos de Guerrero emitir su voto de manera libre, consciente y voluntaria”. Se le preguntó por los municipios donde no existen condiciones para realizar las elecciones, y respondió que son Tlapa y Tixtla. Se le preguntó por Chilpancingo, Acapulco, Tecoanapa, Ayutla y San Luis Acatlán, y el gobernador sólo sonrió.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, el miércoles se pronunció por que si no liberan a los presos de la organización, como Nestora Salgado, Gonzalo Molina y el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, no permitirán las elecciones en los municipios donde tienen presencia, en una visita que hizo el gobernador a su casa de justicia. También el Consejo Municipal Popular de Ayutla se ha pronunciado por el boicot.
Sobre el actuar de la policía antimotines contra familiares de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes y activistas, el viernes en Chilpancingo, a los que agredieron con gases lacrimógenos mientras retiraban propaganda electoral cerca del mercado central, el gobernador respondió que “es delito electoral atentar en contra de la propiedad, (ese) es el protocolo para intervenir frente a colectivos o personas en lo individual que realizan acciones delictivas”, subrayó.
Ortega Martínez abundó que se actuará “contra todas las personas que violan el estado de derecho, independientemente del nombre que tengan, y los apellidos que tengan. Las personas que atentan en contra del estado de derecho, sobre todo que se les ubica en flagrancia y en el lugar donde cometen ilícitos, por supuesto que tiene que intervenir la autoridad”.
Del anuncio de los familiares de los desaparecidos en Chilapa, quienes se pronunciaron en contra las elecciones, expresó: “Es una demanda que todo padre, que todo familiar hace, no quisiéramos que ni un segundo que pasara sin saber dónde están nuestros hijos, eso es absolutamente entendible, y por su puesto actuamos en coordinación y conjuntamente con las autoridades federales, para la búsqueda de las personas desaparecidas”.

Enviará al Congreso esta semana la ley de amnistía

De las investigaciones y luego de que funcionarios federales se reunieron con los familiares de los desaparecidos, el sábado, informó: “Realizamos un operativo de búsqueda, junto con el Ejército, Policía Federal y la Policía Estatal, a partir de las líneas de investigación y la información que nos han dado los propios familiares”, pero no quiso abundar en el tema.
El gobernador informó que está semana enviará al Congreso la Ley de amnistía para los presos políticos. El miércoles pasado, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, informó que son más de 20 los presos políticos que son reivindicados por diferentes grupos sociales para que sean incluidos en esa ley.
Ortega Martínez informó que la ley será enviada esta semana al Congreso. “Yo tengo un documento consensado, lo vamos enviar esta semana al Congreso”. Sobre su aprobación dijo que será asunto de los diputados, “yo cumplo con enviarlo”, afirmó.
De la situación de los promotores de la policía comunitaria, presos en penales federales y que se encuentran en huelga de hambre, como Nestora Salgado, quien desde hace  27 días no come, y Gonzalo Molina, que cumplió 18 días sin comer, respondió
“Mi esposa Rosa Icela acompañó a Nestora en el traslado de Tepic a la cárcel de Tepepan, a la ciudad de México. Nosotros somos de la opinión, lo hemos dicho con sus abogados, con sus familiares, de que las guerrerenses, los guerrerenses que están en procesos fuera de Guerrero, y no tienen delitos federales y su causa se lleva en el estado, deben de estar aquí en el estado de Guerrero, para acelerar su proceso”.
Se le insistió:
–¿Cuándo estará Nestora fuera de la cárcel?
–Ellos no quisieron que se trasladara a Guerrero.
–¿Quiénes? ¿Los familiares?
–Los familiares, pero específicamente el abogado.
–¿Porqué? ¿Cuáles son las razones?
–No lo sé.
–Pero eso es lo que han estado pidiendo gobernador.
–No, no.

Acosan ministeriales en Tixtla a padres y estudiantes de Ayotzinapa, denuncian

*La instalación de casillas electorales sería una provocación al pueblo y no  permitirán que entren militares, declara el Comité Promotor del Consejo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las últimas semanas se incrementó el acoso y hostigamiento a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y a los estudiantes de Ayotzinapa así como a los activistas que participan en el movimiento contra las elecciones del 7 de junio en Tixtla, que son vigilados por policías ministeriales vestidos de civil, denunció el Comité Promotor del Consejo Municipal de Tixtla.
En un comunicado, exigió a los políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno que respeten el dolor de los padres de los desaparecidos, que exigen la suspensión de las elecciones en Guerrero, y que no envíen militares ni policías a intimidar a la población, tampoco a cuidar las urnas porque no permitirán la instalación de casillas y “no queremos otra masacre”.
Aclararon que no quieren elecciones ni van a permitir la militarización, “no buscamos otra masacre más (sólo) que respeten la decisión del pueblo al no querer elecciones y denunciamos que la instalación de las casillas electorales es una provocación al pueblo”.
Del acoso, señalaron que en los alrededores del poblado han hecho recorridos recientes convoyes de militares y marinos “para vigilar y amedrentar. Esta persecución en contra de los ciudadanos movilizados se enfatiza después del pronunciamiento de los padres de familia de que en Guerrero no habrá elecciones”.
Consideraron que Tixtla hay mayor hostilidad del gobierno porque ahí está asentada la Escuela Normal de Ayotzinapa, hacen faltan 43 normalistas detenidos-desaparecidos, no hay habido justicia para los estudiantes asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014, tienen presos políticos, en alusión a los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina Gonzalez, y Arturo Campos Herrera, cuya defensa promueve la Policía Comunitaria del barrio de El Fortín. También apoyan la demanda de libertad de todos los presos de la CRAC.
Ratificaron que mantienen la posición contra las elecciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos por policías el 26 y 27 de septiembre del 2014, por la complicidad y colusión de narco-gobierno, y la colaboración que existe entre la fuerza pública con la delincuencia organizada “probada y reconocida por las investigaciones”.
Para evitar que los responsables eludan la justicia, exigieron juicio político para el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, los últimos dos acusados por delincuencia organizada y no por desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinado de seis personas el 26 de septiembre.
Insistieron en que ningún partido político representa estas demandas, y si llegan al poder es porque el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de las elecciones, legitima a los políticos coludidos con el narcotráfico.

Sesión permanente hasta el 8 de junio

Informaron que en la quinta asamblea popular de Tixtla, del 30 de mayo, donde participaron colonos, estudiantes normalistas y universitarios, se acordó conformar la Dirección Colectiva, con la representación de las organizaciones que coordinen las acciones emanadas de la Asamblea.
Ahí, se instaló la Asamblea de forma permanente en el auditorio municipal de Tixtla, que desde abril está en manos del Comité Promotor del Consejo Popular Municipal.
Convocaron a observadores y visitadores de derechos humanos para que den seguimiento a las acciones que se realicen la semana previa a las elecciones.
Frente a la amenaza real, responsabilizaron los tres niveles de gobierno y particularmente a David Martínez Valadez ex síndico procurador del extinto ayuntamiento, porque sugirió que  habrá represión contra los que se opongan a los comicios.
“Él será responsable directo de las amenazas, de lo que pretendan hacer contra el pueblo, de cualquier agresión en contra de cada uno de los compañeros movilizados y de sus familiares, así como señalamos y responsabilizamos a todos los partidos políticos y sus candidatos, al instituto nacional electoral y todos sus membretes, a los medios de desinformación pagados por el Estado y demás personas que actúen por cuenta propia”.
Señalaron que impunemente, le gobierno utiliza la masacre, la desaparición forzada, los asesinatos políticos, la tortura y el encarcelamiento de los luchadores sociales, para contener las demandas sociales.
En este sentido, denunciaron como estrategias mediáticas de distracción, la detención arbitraria de tres padres de familia de los 43 desaparecidos el día 20 de mayo, precisamente, cuando llegó la papelera electoral en Guerrero.
Así como la detención de estudiantes de la Normal Rafael Ramírez el sábado, y la persecución y uso de gases lacrimógenos contra padres y estudiantes de Ayotzinapa la tarde del viernes en Chilpancingo, para evitar el retiro de propaganda política de las calles.
Aseguraron que los ciudadanos están en contra de la partidocracia, que se apropia de los poderes y de los recursos públicos, “no queremos más parásitos, queremos que los recursos lleguen íntegros a las comunidades, que no haya necesidad de realizar una marcha para exigir obras, las comunidades tienen el derecho de administrar esos recursos de acuerdo a la ley 701, así como también tenemos el derecho de organizarnos y manifestarnos en contra de la oligarquía que gobierna este país y no permitir que lo sigan saqueando”.
Insistieron en que los políticos “respeten el dolor de los padres de familia, que no puede haber elecciones mientras no haya justicia, que ningún partido político nos representa y el hecho de que sigan con sus campañas políticas es muestra de la indiferencia ante este crimen de lesa humanidad.