Cierra comunidad indígena venezolana el aeropuerto en protesta contra la minería ilegal

EFE / DPA

Caracas / Washington

La comunidad indígena venezolana Kanaimó cerró ayer el aeropuerto que sirve al Parque Natural de Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992, para demandar acciones contra la explotación ilegal de oro en el territorio protegido y para pedir la presencia del presidente de ese país, Nicolás Maduro.
“Nosotros estamos protestando principalmente por la minería ilegal, la minería ilegal que se está practicando en nuestro río Carrao, cercanía del Salto Ángel, que es uno de las bellezas naturales del mundo”, dijo el vocero de la comunidad, Domingo Castro, en una entrevista con la emisora Unión Radio.
El cierre del aeródromo que sirve a Canaima, el sexto parque natural más grande del mundo, se inició ayer a las 06.00 horas, luego que un miembro de la etnia Pemón se instalará en el centro de la pista para impedir el despegue y aterrizaje de las aeronaves.
La comunidad asegura que el cierre de la pista será por tiempo “indefinido” hasta que acuda al lugar el presidente venezolano para que los habitantes puedan abordar el tema con el mandatario.
“El cierre del aeropuerto se levantará cuando se cumplan nuestras demandas, que en este caso será la llegada del presidente y podamos conversar sobre esto, mientras tanto el aeropuerto seguirá cerrado de manera indefinida”, dijo Castro.
El vocero indígena señaló que la medida de protesta fue tomada luego que consideraron que habían “agotado todos los medios”, sin obtener éxito alguno de parte de las organizaciones gubernamentales y que de no recibir respuestas arreciarán con nuevas medidas que prefirió no precisar de momento.
Por su parte, el director del diario El Nacional de Venezuela, Miguel Otero, denunció ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el “acoso” del gobierno de Nicolás Maduro, que le denunció por publicar informaciones que vinculan a altos cargos del Estado con el narcotráfico.
Otero, cabeza del diario que fundó su familia, presentó ante la CIDH, con sede en Washington, un informe en el que denuncia una “irreparable” violación de sus derechos humanos, así como la vulneración de la libertad de expresión de los periodistas, según se explicó.
Por otro lado, la causa judicial contra el opositor venezolano Leopoldo López, acusado de instigar las protestas del año pasado contra el gobierno, se reanudó ayer, por lo que el dirigente político fue trasladado en ambulancia a los tribunales pese a una huelga de hambre que comenzó hace ocho días.