La falta de voluntad del gobernador mantiene en la cárcel a líderes de la CRAC, acusa Vidulfo

*Para liberar a 11 presos políticos de la Policía Comunitaria bastaría un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, afirma el abogado de Tlachinollan. Ortega Martínez acata al pie de la letra las instrucciones del gobierno federal para castigar y acallar las voces de los dirigentes, señala

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La falta de voluntad y de decisión del gobernador Rogelio Ortega Martínez, “subordinado al gobierno federal”, mantiene en prisión a los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
El integrante del organismo civil que acompaña la mesa política de la CRAC con el gobierno estatal por la libertad de los presos políticos, aseguró que si el gobernador tuviera peso e independencia, los luchadores sociales estarían libres porque no hay elementos para retenerlos en prisión.
Afirmó que para liberar a 11 detenidos de la CRAC bastaría un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, sustentado en una resolución del primer juez unitario de Distrito, en favor de los líderes comunitarios Nestora Salgado García, Gonzalo Molina Gonzalez y Arturo Campos Herrera, por ejemplo.
Recordó que el juez de distrito analizó todas las denuncias de secuestro contra los líderes y policías de la CRAC, y concluyó que no se acredita el delito de delincuencia organizada (en la modalidad de secuestro).
“Dice (el juez) que actuaron en ejercicio de sus derechos como pueblos indígenas, amparados en tratados internacionales y protocolos de aplicación de la justicia indígena que emitió la Suprema Corte”. Es decir, en el fuero federal no hay elementos para que sigan detenidos, pero siguen acusados por el mismo delito en el fuero común.
Del vocero de los opositores del proyecto de la presa La Parota, en Acapulco, Marco Antonio Suástegui, indicó que ganó varios amparos, particularmente por el delito de robo calificado que no alcanza fianza, pero porque se violentaron todos sus derechos procesales.
Dijo que están en espera de que la sala segunda del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fije una audiencia de vista, para resolver de inmediato su caso, pero no ha habido un decisión política para agilizar el proceso.
Ortega Martínez acata a pie de la letra las instrucciones del gobierno federal para castigar y acallar las voces de los dirigentes de la CRAC y del Cecop, y para detener la amenaza de boicot electoral a cambio de la libertad de los luchadores sociales, acusó.
Pasada la elección, la CRAC ni los familiares tendrán un recurso tan claro para presionar a las autoridades como el boicot de la elección, advirtió.
Asimismo, descartó que antes de las votaciones se consiga el traslado a Guerrero de Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina Gonzalez, presos en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, como planteó la CRAC y sus familiares para agilizar sus procesos judiciales.
Informó que los abogados elaboraron una solicitud a los jueces para que soliciten su traslado a Guerrero, como hicieron los abogados de Nestora Salgado, que solicitó su traslado de Tepic, Nayarit, a un penal de la ciudad de México, ante la insistencia de los asesores del gobernador.
Consideró que ese trámite no era necesario porque los jueces no sacaron a los presos políticos de Guerrero, fue el gobierno estatal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario.
El sábado se llevaron las solicitudes en los juzgados, las entregaron ayer porque el sábado no hubo quién las recibiera, “esperemos ver si avanza, (aunque) desde mi punto de vista no era necesario, pero sus abogados (del gobernador) dicen que debe haber una autorización del juez, vamos a cumplir lo que ellos piden y veremos si opera o no”.
Aclaró que el caso de Nestora Salgado es distinto al de Gonzalo y el de Arturo, pues su traslado a un penal del Distrito Federal se planteó por sus familiares desde el año pasado, en la mesa de negociación con el exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Su familia nunca pidió que la regresaran a Guerrero.
De la amenaza de detenciones a quien retire propaganda política del gobernador, denunció que “sacó a relucir su talante represivo y de guerrillero arrepentido, porque tiene la instrucción de llevar a cabo las elecciones a sangre y fuego, aunque los candidatos estén ligados con el narcotráfico, pese a los discursos banales tiene que demostrar que hay orden y gobernabilidad”.
Afirmó que la encomienda de Rogelio Ortega es garantizar la elección para el régimen priista, no para los ciudadanos, y su ahora su estrategia es de medios junto a la CRAC (de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán) para ganar tiempo mientras trascurre el proceso, “y habrá cumplido exitosamente su encomienda de desarticular los movimientos y llevar a cabo la elección”.