Arturo Solís Heredia

Canal Privado

*Por un gobierno de convergencias

Es mas que posible que el o la candidato que gane la elección de gobernador obtenga menos votos que la suma de sufragios de sus adversarios; que el ganador supere por estrecho margen a su más cercano perseguidor; y que el domingo vote menos del 50 por ciento de los ciudadanos empadronados.
Ojalá me equivoque, pero este escenario parece el más probable al final de la jornada electoral de este 7 de junio.
Ojalá, porque si no me equivoco, el próximo gobierno será electo por una minoría, a pesar de que la mayoría de los votantes elija otra opción, y la mayoría de los empadronados no vote.
Ojalá, porque en un sistema de mayoría simple esas cifras podrán ser suficientes para legitimar el ejercicio del gobierno, pero no garantizan la gobernabilidad. Ojalá, porque dudo que esas cifras alcancen para gobernar con espacio político y respaldo social, siempre necesarios, pero nunca tan indispensables como ahora.
Si no me equivoco, ojalá y el gobierno electo demuestre madurez, inteligencia, humildad y estatura suficientes, para desfacer el enorme entuerto que enfrentará el arranque de su administración, y para superar el reto de gobernar bien a los guerrerenses en momentos y circunstancias tan complejos como estos.
Ojalá que el gobierno electo, y los candidatos y partidos derrotados, demuestren todas esas virtudes, porque para efectos de gobernabilidad, no hay más ni mejor camino que hacer coaliciones y lograr consensos entre los partidos, y construir un gobierno de convergencias.
Pero ese camino no será sencillo ni expedito.
Podría serlo, si todos (o casi todos) los dirigentes políticos tienen buena disposición; si la tienen, las voluntades deben converger en el bien del pueblo. ¿Hasta dónde?, eso depende de muchos factores, pues se trata de una gobernabilidad consensuada.
Ejemplos sobran de cuando un grupo llega el poder por una votación minoritaria, e intenta hacer o hace sólo lo que favorece a sus intereses particulares, por encima del bien común, las demás fuerzas políticas y la ciudadanía protestan. Con justa razón.
Los ciudadanos tienen derecho a la protesta frente al abuso o distorsión en el ejercicio del poder público, aunque ese poder se haya ganado en una elección legitima. En una verdadera democracia, es una obligación considerar a las demás minorías en los planes de gobierno.
Es cuando debe ejercerse la democracia entendida en un sentido moderno, mucho más amplio que el electoral, en la vida política de una comunidad.
La voluntad de los ciudadanos se manifiesta (al menos debe hacerlo), en diversas formas y niveles: los partidos políticos, los legisladores y las organizaciones sociales, y hasta la manifestación pública desorganizada.
Además, otras formas de participación democrática no-electoral formal, como el referéndum, el plebiscito, los consejos ciudadanos y otros instrumentos de consulta popular, y los medios de comunicación, para quienes pueden influir en las decisiones de los poderes públicos.
Así los ciudadanos exigen se respete el bien común y los intereses de toda la población, para gozar de un gobierno democrático en el más amplio sentido. Por su parte las minorías, que sumadas son la mayoría, deben legítimamente demandar la atención a sus voces políticas y ciudadanas a favor del bien común.
En este sentido, poniéndome optimista, aunque los tiempos no parezcan ideales, ojalá y el gobierno electo por minoría y los candidatos y partidos derrotados pensaran lo contrario, que la coyuntura y el contexto que vivimos parecen justos para ampliar la revocación de mandato para todos los cargos de elección.
Irónicamente, la revocación de mandato fue una iniciativa del ex gobernador Ángel Aguirre, que presentó al Poder Legislativo en abril de 2014, pero que la Comisión de Estudios Constitucionales retiró del dictamen final de la nueva Constitución. En ella, se planteó que en las leyes reglamentarias se establecieran los candados necesarios para que “no represente desestabilidad política o social y nadie abuse de la figura”.
En este sentido, vale la pena revisar la Constitución de Chihuahua, la única que contempla la revocación para todos los cargos electivos desde 1997. Aunque en esa entidad nunca se ha recurrido al expediente revocatorio, sería oportuno conocer una institución que forma parte del arsenal democrático local y que en cualquier momento puede salir del baúl de las herramientas ciudadanas.
Así entenderíamos que la revocación de mandato se fundamenta en el principio de soberanía popular, justo el origen legal del poder y la representación electoral. Y es que, si el PRI o el PRD ganan la elección de gobernador, cometerían un grave error si entienden el triunfo como un mandato incondicional, o peor aún, como un cheque en blanco para seguir haciendo lo que tan mal han hecho en el pasado.
Podrían entenderlo, si todos (o casi todos) tienen buena disposición y mejor voluntad para converger en el bien del pueblo.
Y eso, está por verse.
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