El INNE debe interponer una controversia constitucional, aconsejan expertos

Sonia del Valle y Víctor Fuentes / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) debe ejercer sus facultades e interponer una controversia constitucional en contra de la Secretaría de Educación por la suspensión de la evaluación docente, plantearon expertos.
“Dado que la SEP invadió atribuciones del INEE, se tiene que establecer una controversia constitucional, con base en el Artículo 105, por dos razones: por omisión de la autoridad educativa federal, al no cumplir lo que mandata el artículo tercero de la Constitución, de establecer un sistema de evaluación”, explicó el investigador del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández.
“Además, por la invasión de atribuciones que hizo la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP”, indicó.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks, coincidió en que el INEE tiene la facultad legal para interponer la medida.
“El INEE tiene facultades para interponer una controversia constitucional, dado que la SEP no es autoridad en el tema, y suplanta a una autoridad, y ahí hay una falla legal”, señaló.
A partir de junio de 2013, el Artículo 105 de la Constitución permite a los órganos autónomos, como el INEE, acudir directamente a la Corte por vía de la controversia.
El viernes 29, la SEP informó, en un comunicado de dos párrafos, que suspendía “indefinidamente” las fechas de la evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior.
Este comunicado sería el acto que el INEE reclamaría ante la Corte, donde bastaría una mayoría de 6 de los 11 Ministros para invalidar la decisión del Ejecutivo, ya que el boletín de prensa no es una norma general y, por tanto, no se requiere mayoría calificada de 8 Ministros para anularlo.
Aunque la Corte suele tardar más de un año para resolver este tipo de juicios, el presidente de cualquiera de de las Cámaras del Congreso podría conminarla a darle trato “urgente y prioritario”, por razones de interés social, según prevé el artículo 94 de la Constitución, lo que obligaría a los Ministros a sacar el asunto en cuestión de semanas.