No hay lugar para la indiferencia ni la insensibilidad ante la creciente violencia electoral, reclama la CNDH

*En el 25 aniversario de la institución, el ombudsman Luis Raúl González Pérez destaca ante Peña Nieto la necesidad de conocer la verdad en los casos de Iguala, Apatzingán y Tanhuato. El presidente demanda corresponsabilidad de la sociedad para cumplir la ley y aplicar la justicia

Érika Hernández y Diana Baptista / Agencia Reforma

Ciudad de México

Para consolidar a México como un país donde la ley se cumple y se aplica la justicia, se requiere corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto.
Al conmemorar el 25 aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que las instituciones deben atender hechos coyunturales, pero también diseñar y aplicar estrategias de largo plazo que garanticen un Estado de derecho y de derechos.
Ante el llamado que previamente hizo el ombudsman Raúl González a los gobiernos federal y estatales a trabajar juntos por la paz, la aplicación de la ley, la justicia y la igualdad, Peña Nieto se dijo dispuesto a sumar esfuerzos.
“Quiero reiterar la invariable y plena disposición del gobierno de la República, como estoy seguro la habrá de los otros órdenes de gobierno, para conjuntar esfuerzos, para asumir corresponsabilidad en el impulso que estamos dando a una nueva cultura y, sobre todo, a mejores prácticas en el diario actuar de las instituciones del Estado mexicano, que nos permitan asegurar una sociedad de derechos”, apuntó.
Peña Nieto consideró que “la voz firme y la autoridad moral” de la CNDH han modificado positivamente la actuación y los protocolos de las instancias de seguridad.

Urge el ombudsman a frenar violencia

No hay lugar para la indiferencia ni la insensibilidad ante los niveles que ha alcanzado la violencia en el actual proceso electoral, advirtió ayer Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al conmemorar los 25 años de ese organismo, llamó a apostar por la vigencia de la ley y la educación, para evitar que la violencia sea la protagonista de la convivencia en México.
“Los niveles de violencia que se viven generan una nueva realidad a la que no nos debemos acostumbrar y que nos demanda acciones responsables y compromisos inmediatos para ser atendida. La frecuencia e intensidad de hechos violentos, que también se han registrado durante el proceso electoral, resultan preocupantes y no pueden ser aceptables. La educación, en y para los derechos humanos, además de un derecho constitucional es un elemento indispensable para la prevención de violaciones a la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente”, señaló.
González Pérez alertó que la violencia en algunas zonas del país pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos, además de que evidencia las carencias, desigualdades y falta de respuesta por parte de las autoridades.
En lugar de acciones reactivas que pueden desembocar en el autoritarismo, el ombudsman llamó al Estado mexicano a solucionar los problemas de raíz.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto y miembros del gabinete de seguridad, lamentó que la CNDH no haya podido evitar casos de graves violaciones a derechos humanos, como los de Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Chalchihuapan y Tlatlaya, y destacó la necesidad de conocer la verdad en los casos de Iguala, Apatzingán y Tanhuato.
“Desafortunadamente hoy se siguen presentando (prácticas) como son la tortura, la desaparición forzada y los problemas relativos a las personas en condición de migrantes, agravados por la presencia de organizaciones criminales.
“Esto nos impone la necesidad de revisar si los derechos humanos efectivamente se han puesto como eje de toda decisión de gobierno”, indicó.
El funcionario hizo un llamado a la sociedad mexicana para asumir el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos.
Insistió que incumplir la ley con el fin de obtener un beneficio personal a corto plazo, ocasiona un daño que supera al individuo y afecta a toda la comunidad.
“La autoridad tiene la obligación de sujetar sus actos a los previsto por las normas, de aplicar la ley a quien la incumpla y no permitir forma alguna de impunidad… Como sociedad, debemos empezar por ser nosotros mismos quienes observemos las normas”, apuntó.