Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Elecciones a la fuerza

“Qué más castigo nos pueden dar, que haberse llevado a nuestros hijos”, dijo el martes el señor Epifanio Álvarez Carbajal, padre de Jorge Álvarez Nava, uno de los 43 normalistas desaparecidos. Y a continuación reconfirmó la determinación del movimiento de los padres de no permitir el próximo domingo la instalación de casillas a pesar del profuso despliegue policiaco y militar destinado a impedir que ese objetivo sea alcanzado.
Al día siguiente, ayer, en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla llegó la respuesta gubernamental a la movilización que los padres de los normalistas y el Movimiento Popular Guerrerense han emprendido contra las elecciones del domingo en protesta por la desaparición de los estudiantes y en reclamo de su aparición con vida: el uso de la fuerza policiaca.
La utilización de la fuerza pública contra la protesta de los padres es acompañada por un discurso oficial que pretende justificarse en la recuperación del Estado de derecho y el respeto a la ley, expresado el mismo miércoles con toda claridad por el gobernador Rogelio Ortega Martínez. Lo que significa que debe esperarse más intervenciones de la policía de aquí al domingo. Esa política contra los padres los sitúa en el terreno de la proscripción y la incertidumbre, donde cualquier cosa puede suceder, y lo que suceda estará amparado en el dictum del poder.
La candidata del PRD a la gubernatura, Beatriz Mojica Morga, respondió también el miércoles, mientras la policía arremetía contra estudiantes y padres en la carretera. “No podemos quedarnos solamente en la tragedia”, dijo, frase en la que se resume la filosofía del olvido en el que las autoridades quisieran sepultar el dolor y la protesta de las familias de los muchachos victimados en Iguala. Esta expresión, como el “supérenlo” del presidente Enrique Peña Nieto, ofende y sataniza a los padres igual que el discurso del gobernador. Como si la vida transcurriera solamente en el mundo de intereses en el que políticos y gobernantes conviven ajenos al sufrimiento social.
La crispación y los estallidos de violencia que Guerrero experimenta en la semana previa a las elecciones del domingo –con características propias y diferentes de lo que sucede en Oaxaca y Chiapas, aunque todo esté hermanado– no son sino manifestación de la negligencia y cerrazón del gobierno federal y estatal ante el malestar acumulado durante meses. No es el escenario ideal para los comicios, ni el que deseaba el gobierno, pero es el que su insensibilidad, su indiferencia o su incapacidad produjo. Los problemas y las tensiones sociales afloran ahora y crean un nudo porque no están resueltos. Nunca lo estuvieron, aunque el gobernador se acostumbró a presumir que su intervención había tranquilizado al estado para que los comicios fueran como un paseo por jauja.
Sin embargo, no son las protestas ni el boicot del movimiento social la verdadera amenaza para las elecciones, sino la inseguridad pública y la violencia criminal, como quedó demostrado en Chilapa. Tampoco en esa materia se mostró diligente el gobierno, y su negligencia dio lugar a otro episodio de desaparecidos, con el dato adicional de que en el caso de Chilapa los hechos ocurrieron a la luz del día, a la vista de todos, con total libertad de movimiento e impunidad para los criminales, quienes hayan sido, y sin que se sepa con certeza cuántas son las víctimas excepto que son muchas como en Iguala.
En esas circunstancias extraordinarias, por el boicot o por la violencia, las elecciones serían irrealizables en muchos municipios, de ahí que la solución que el gobierno encontró al cabo de meses desperdiciados, sea recurrir al Ejército. Así se configuró el contexto en el que los guerrerenses irán a votar el domingo: con la entidad ocupada por los militares, bajo el acecho de la delincuencia organizada y una sociedad atemorizada. Por este clima azaroso, lo único que se puede pronosticar es incertidumbre y un alto abstencionismo. Eso es lo que ocurre cuando se imponen soluciones falsas a problemas y necesidades reales.

Morena alcanzó al PRD en el DF

De acuerdo con una encuesta del periódico Reforma, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtendrá 26 por ciento de los votos en la elección de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y el PRD 25 por ciento. Es un empate. El PRI y el PAN obtendrían 10 por ciento cada uno. Y aunque Morena podría ganar con Ricardo Monreal sólo una de las 16 delegaciones –la principal que es la Cuauhtémoc–, es previsible que el partido de Andrés Manuel López Obrador emergerá del 7 de junio como la fuerza de mayor consenso en la capital, con posibilidades de disputar al PRD la jefatura de Gobierno en el 2018. Y López Obrador como la principal figura de la izquierda para la elección presidencial. Tiene razón el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, quien anticipa la derrota del PRD en el Distrito Federal en el 2018, como dio a conocer el diario El Universal esta semana. En Guerrero no parece que Morena levante la cosecha de votos que pudo haber conseguido. Por cierto, debe registrarse la descripción que en esa misma nota de El Universal hizo Navarrete de la corriente Nueva Izquierda, la suya, en la ciudad de México. Dijo que es una “federación de capos”.
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