Queman padres de Ayotzinapa carteles del INE y la FEPADE en Tixtla y toman una camioneta

En sus retenes en el camino a Chilpancingo, policías estatales intimidan a conductores y cobran a choferes de urvans para dejarlos pasar, denuncian

Lourdes Chávez

Tixtla

El movimiento magisterial y popular de Tixtla quemó carteles de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que promueven la denuncia de delitos electorales, y volantes de promoción del voto del Instituto Nacional Electora (INE) que decomisó en un filtro sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, en esta ciudad.
Los manifestantes revisaron cajuelas de autos de quienes identificaron como activistas políticos, y les pintaron leyendas con plumón de “no habrá elecciones” en la mayoría de los vehículos que cruzaban por el lugar, de las 10:30 de la mañana a las 3:00 de la tarde. También retiraron propaganda política que encontraron.
Por el lugar cruzaron dos funcionarios electorales en una camioneta blanca Nissan, sin logos ni identificación oficial, no dieron sus nombres ni la institución donde trabajaban, pero los inconformes descubrieron carteles y se los quitaron junto al vehículo en el que viajaban. Se retiraron en medio de abucheos.
Al pasar por la protesta, un conductor denunció que sufrió una agresión en el retén de los policías estatales y federales sobre el libramiento viejo a Tixtla, cerca de la cabecera municipal. En los acceso a la población hay tres filtros de cientos de uniformados para evitar el paso de los manifestantes a Chilpancingo.
El campesino y comerciante de aguas y refrescos, Andrés Nava Romero, originario de Tixtla, denunció que entre las 7 y 8 de la mañana en el retén de la presa de El Molino, los uniformados detuvieron una camioneta con dos jóvenes que son sus trabajadores, a quienes los policías estatales hostigaron.
Indicó que cuando los detuvieron para la revisión le quitaron de la camioneta dos calcomanías en apoyo a los 43 desaparecidos que decía “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y con el membrete en la mano se burlaron de ellos.
Los acusaron de llevar envases de vidrio vacíos de la empresa Coca-cola a los normalistas para que hicieran bombas molotov.
Aunque quiso hacer el reporte telefónico de la agresión informó que la telefonista le exigía el número de la patrulla, pero los vehículos sólo dicen Fuerza Estatal, y no tienen número.
Comparó la burla de los policías con una agresión a la humanidad, porque los crímenes de Iguala (el asesinato de estudiantes, un ama de casa  y el chofer de un autobús y como la desaparición forzada de normalistas, cometidos por policías municipales) no deberían suceder en ningún lado. “Ellos están agrediendo a la sociedad”, señaló.
Un testigo aseguró que los policías piden dinero a los choferes del transporte público. Dijo que en el filtró de la carretera libre observó tres Urvan del servicio público esperando el paso. Mientras en la primera eran revisados todos los pasajeros, a la que seguía le pidieron 100 pesos dejarlos pasar sin revisión, sólo les dieron 50.
En la protesta donde participaron docentes, vecinos y padres de los 43 alumnos desaparecidos, se informó de la alternativa para elegir a una autoridad municipal sin los partidos políticos.
Mediante un tríptico explicaron que en lugar de un Ayuntamiento se puede integrar un Concejo Municipal Popular, cuyo máximo órgano de gobierno es la Asamblea Popular Municipal, que se conforma de representantes de los diferentes pueblos y colonias, llamados concejales. Ellos se encargarían de orientar el plan de gobierno en cinco ejes: política, seguridad  y justicia, salud, desarrollo comunitario y urbano y comunicación comunitaria.
Indicaron que esta forma de gobierno se sustenta en el artículo 39 de la Constitución, que establece que la soberanía popular reside en el pueblo, “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.