Confían viudas y sobrevivientes de El Charco en que se hará justicia a los 11 asesinados

*Beneplácito por la solicitud de la CIDH al gobierno de México de investigar los hechos del 7 de junio de 1998

Jacob Morales Antonio

El Charco, Ayutla de los Libres

Sobrevivientes y Viudas de la masacre del 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, Ayutla, confiaron en que con la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno de México para investigar los hechos, se haga justicia a las 11 personas asesinadas; diez campesinos y un estudiante de la UNAM.
En el ataque, también fueron heridos cinco vecinos que quedaron detenidos junto con otras 22, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura dos días, según el informé de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, emitida un años después.
Un día antes del 17 aniversario y por las elecciones de hoy, sobrevivientes, viudas y familiares de los asesinados conmemoraron 17 años de la matanza perpetrada por ejército en las instalaciones de la escuela primaria Caritino Maldonado, ubicada en la parte alta de la comunidad; una marcha, y una misa donde el padre Geovanny Manco pidió a los hijos de los muertos seguir defendiendo el pueblo.
Al mediodía, unos 200 hombres y mujeres marcharon en silencio, de la iglesia de la comunidad hasta la escuela. Un tramo de unos 800 metros. El contingente fue acompañado por los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa Justicia de El Paraíso. Entre ellos iban también el sobreviviente Efrén Cortez Chávez, y la viuda Eustolia Castro Ramírez.
En la escuela donde fueron asesinados los campesinos y el estudiante universitario siguen vivos los recuerdos de las balas de aquella madrugada. Los orificios de las ráfagas asesinas de gran calibre aún se ven en las paredes, “saben a injusticia, a dolor y coraje de un gobierno que se niega a investigar y dar con los responsables y castigarlos”, dijo Castro Ramírez.
En el salón del saber, donde se respira el olor de un funeral, una gran cruz de mármol con los nombres de las 11 víctimas se mantiene de pie, en ella cuelgan cadenas de flores de cempazúchil, en las faldas fueron colocadas 11 veladoras, cada una remplazada por otra cada vez que el fuego las consume por completo.
En la cancha techada, afuera del salón donde ocurrió el crimen, fue colocada una ofrenda a los muertos, al centro la figura de un Cristo y a sus alrededores 11 canastos de flores blancas; ahí, durante una hora hombres y mujeres oraron por sus muertos.
En declaraciones, el sobreviviente Efrén Cortez manifestó que la solicitud que se envió al gobierno del México, para investigar los delitos de “ejecuciones extrajudiciales… porqué aquí hubo asesinatos de gente rendida. El gobierno va argumentar que había guerrilla aquí, pero no se está diciendo si hay o no, sino aquí lo que se exige que se investigue. Porque después de que se da la agresión, el gobierno asesina a la gente”.
Dijo que la solicitud admitida por la Corte Interamericana es un paso para que se haga justicia, en un caso emblemático donde estuvo involucrado el Ejército. “Se sospecha de que ahí hubo gente asesinada a mansalva… Durante 17 años, el Estado mexicano nunca investigó y dijo que hubo un enfrentamiento entre el ERPI y el Ejército”.
Pero hasta ayer, no sabían si ya había respondido el gobierno a la CIDH, sobre la solicitud de investigación.
“Todos los sobrevivientes vimos, que después de que se da la rendición, la mayoría de los compañeros –de unos 80 en total– estábamos vivos, pero después de que estábamos rendidos –los militares–  empiezan a dispararles a las personas… no fue enfrentamiento”, insistió, porque ellos no llevaban armas.
Sobre si la admisión de la Corte cambia el contexto de exigir justicia, expresó que sí, “porque presiona al Estado mexicano, y el Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad. Porque el órgano ya no es una institución que podría ser presionado o dependiente, sino que es independiente y extraterritorial que le está exigiendo que le conteste”.
Abundó que “pensamos que puede ser más plural. Porque lo que vemos es que la justicia en México se acomoda a los intereses políticos; jueces y ministerios se alinean a los intereses del poder”.
Del antecedente por la negativa del gobierno de no aceptar que los enviados de la CIDH, entrevistaran al Ejército por el caso Iguala y de los 43 estudiantes desaparecidos, expresó que “tiene que darse ese trámite porque es un órgano. El gobierno, lo que está evitando para que no interroguen a los militares es para borrar huellas, entre más tiempo pase en buscarse la verdad, es mas difícil encontrarla”.
En el caso de El Charco, “hay testimonios, y la investigación que podría hacerse a los muertos podría hallarse la verdad, lo importante es que hay cuerpos, y sobreviviente que pueden decir y demostrar lo que pasó”.

Hijos de los asesinados siguen sin apoyos

La viuda de José Rivera Morales; Eustolia, recordó que las mujeres y sus hijos quedaron desamparados por el acto cometido por el Ejército la madrugada del 7 de junio de 1998. Además de que no se ha hecho justicia y no se ha dado con los responsables de las muertes.
Ella tenía 18 años y su esposo tenían 22 años cuando ocurrió el ataque, su hija ahora cumplió los mismos años que su padre lleva de muerto. La señora afirmó que, a 17 años, no han recibido ningún tipo de apoyos y menos una indemnización para que sus hijos e hijas sigan adelante. “nunca vio el gobierno por los hijos que se quedaron si papá, hay compañeras que tenían hasta 12 hijos que no tuvieron oportunidad de estudios, porque no hubo apoyos del gobierno, ni estatal, ni federal”.
“Nosotros seguimos exigiendo justicia. Los responsables siguen libres y el gobierno no se ha hecho cargo en resolver este asunto”. Rememoró que su hija sólo tiene el apoyo del programa Prospera, que la auxilia para seguir sus estudios.
De voz pausada pero firme, Eustolia confía en que la solicitud de la CIDH de que el gobierno de México investigue los hechos de ese día, y se haga justicia, porque acabó con las vidas de las familia. “Ahora confiamos de que hay esa posibilidad de que se investigue, pero estamos en espera de que el gobierno siga el proceso”, indicó.