Documenta Tlachinollan 107 quejas entre 2011 y 2012, principalmente contra la CFE por altos cobros

Sergio Ferrer

Tlapa

De junio 2011 a mayo 2012, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recibió mil 112 casos de los cuales documentó 107 quejas, principalmente por cobros excesivos en el servicio de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por abuso de autoridad y extorsiones.
Lo anterior forma parte del 18 informe de actividades de Tlachinollan titulado Desde el grito más hondo y digno, presentado el 15 y 16 de junio durante la celebración de su aniversario.
El documento vienen dividido en ocho capítulos en donde detallan los casos que hasta hoy han tenido impunidad como el de Ayotzinapa sobre el violento desalojo del 12 de diciembre de 2011 en donde fueron muertos dos normalistas rurales Jorge Alexis Herera  Pino y Gabriel Echeverría de Jesús de 19 y 20 años de edad. También destaca el caso de las indígenas violadas por militares en 2002, Inés Fernández y Valentina Rosendo.
Lo mismo desarrolla la problemática derivada de las violación a los derechos sociales. La ancestral invisibilidad de la problemática de los jornaleros agrícolas.
Dentro de violaciones graves a derechos humanos que se cometen en agravio de la sociedad civil  a raíz de actos u omisiones das autoridades, Tlachinollan  informa que existen casos como el de Llano de la rana, Metlatónoc  en cuya localidad se han registrado violaciones al derecho a la salud,  negligencia médica y falta de garantías de acceso a la salud, llegando incluso a ocurrir decesos.
Bajo la misión de promover y defender derechos de los pueblos me´phaa, naa savi,nahuas,  Nn´´anncue y mestizos, para Tlachinollan el  despojo, desprecio,  explotación y represión que sufren los pueblos se debe a un sistema de gobierno y  el modelo económico en el que se administra y fomenta la miseria, orillando a que más de 351 mil personas que habitan La Montaña  sean la población más vulnerable.
La gente que acudió a Tlachinollan el lapso de tiempo que marca el informe fue de 75 hombres y  36 mujeres. Indica que 82 fueron indígenas de las comunidades de la región, 25 mestizos. La población indígena que planteó alguna violación a derechos humanos cometidas por autoridades fue de 35 del pueblo ñuu savi, 24 naua y 23 me´phaa

La PIM es la corporación que más abusos comente: Tlachinollan

De junio 2011 a mayo de este año, brindaron atención a mil 119 casos, de los cuales 107 fueron el módulo de quejas, es decir, violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos de los tres niveles de gobierno en agravio de la sociedad civil. Por otra parte, fueron mil 12 asesorías legales gratuitas en distintas materias.
El Área Jurídica de Tlachinollan, atendió mil 12 asesorías de la cuales 498 fueron atenciones a mujeres y 514 hombres.  El 78 por ciento de atención fue proporcionada a población indígena de la región; 293 na savi, 294 me´phaa, 247 nauas, 230 mestizos y dos zapotecos. De estas personas, la mayoría dijeron ser campesinos o dedicarse al hogar.
Tlachinollan lleva 18 años proporcionando atención jurídica a pueblos de la  Montaña y Costa Chica de Guerrero. En base a fichas de registro, datos del informe anual indican que el mayor número de asesorías se dan a la población indígena y monolingüe con un alto grado de analfabetismo.
En su 18 informe sobre el apartado de la migración, Tlachinollan toma datos del INEGI para subrayar el cálculo de que cada año más de 73 mil guerrerenses oriundos en su mayoría de algunos de los 37 municipios con comunidades en muy alta marginación, abandonan  el país en busca de un trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica.
El centro, a través de su sede en Tlapa y en Ayutla de los libres,  documenta violaciones graves a derechos humanos como son el coartar los derechos económicos, ambientales, sociales y culturales. También  han documentado violaciones al derecho a la educación.
En La Montaña lugar donde existen comunidades con alta marginación y pobreza, la carencia de infraestructura para centros educativos, falta de personal y ausencia de educadores obstaculiza el proceso de formación y desarrollo de las niñas y niños de la región.
Asimismo el informe remarca que se registraron violaciones graves al derecho a la vivienda, alimentación, agua, trabajo y a un ambiente sano, por parte de las autoridades. Guerrero es una de las entidades que más sufre pobreza patrimonial lo cual genera la migración hacia campos agrícolas al no haber fuentes de empleo, por parte de familias  de los 19 municipios que componen la región montaña.
La mayoría de las indígenas que denunciaron violaciones a derechos humanos residían en el municipio de Tlapa, fueron 35 quejas. Ayutla de los Libres atendió 16.
Otros municipios que concentraron la mayoría de los quejosos fueron Cochoapa el Grande con ocho quejas, Metlatónoc  con siete casos, Tecoanapa con cinco quejas y Malinalaltepec con cinco, entre otros.
De dichas quejas, 20 fueron por cobros excesivos en el servicio eléctrico por lo que es la Comisión Federal de Electricidad, quien más abusos cometió.  Hubo 16 quejas por extorsión, 14 por violación al derecho a la salud, 11 por violación al derecho a la educación, nueve violaciones al desarrollo, siete  por violación a derechos laborales,  y siete por daños a propiedades particulares.
Es así que los altos cobros de la CFE son un problema grave para los usuarios quedando en evidencia que, para las autoridades garantizar un servicio  de energía eléctrica acorde a las necesidades y características de la población más vulnerable no es prioridad.
En cuanto a las autoridades responsables de cometer violaciones a derechos humanos, la Policía Investigadora Ministerial (PIM) fue señalada en 17 casos por abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y extorsiones. La Secretaría de Salud estatal genero 15 quejas que van desde la negativa de brindar servicio, la falta de medicamentos y negligencia de personal al prestar servicio.
Otra secretaría señalada es la de Educación Guerrero con 13 quejas por violación al derecho a la educación en agravió de niñas y niños principalmente de zonas con presencia de pueblos originarios.  Hubo abuso de ayuntamientos, empresas privadas, comisarios municipales y otros.
Tlachinollan, además de los casos cotidianos,  da seguimiento a casos como el de José Rubio Villegas, docente nahua que busca justicia desde 2009 por la muerte de su hermano Bonfilo, ejecutado extrajudicialmente por elementos del ejército mexicano mientras viajaba en un autobús.
El Centro acompaña también la búsqueda de la justicia por las ejecuciones extrajudiciales de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a manos de elementos de cuerpos policiacos del estado y la federación durante un desalojo violento el 12 de diciembre de 2012.