Denuncian precaristas de Tixtla a líder; los defraudó con 30 mil pesos a cada uno, dicen

Rosendo Betancourt Radilla

Tixtla

Habitantes de la colonia irregular Alejandro Cervantes Delgado, de Tixtla, denunciaron que el candidato del PT a diputado local por el distrito 24, Ismael Sánchez Muñoz, los defraudó con más de 30 mil pesos a cada uno de los 126 habitantes, por lo que, 56 de ellos lo demandaron penalmente hace dos meses.
La demanda quedó asentada bajo el expediente GUE/SC/02/293/2011 en la agencia del Ministerio Público de Tixtla.
El ex presidente de la colonia, Leobardo Gregorio Morales, acusó al político de tener su forma de vida en la localización de terrenos deshabitados, la ocupación de los terrenos con personas de bajos recursos económicos y sin hogar, y el posterior cobro de cuotas semanales y mensuales a estas personas, bajo el argumento de que tiene que cubrir gastos del litigio.
Reunidos en la colonia, unos 30 habitantes visiblemente molestos, pidieron la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero en este caso, pues desde 2009 le han pagado al político del PT, “mil pesos mensuales con la promesa de que nos daría escrituras, 50 pesos semanales para el agua, 50 pesos semanales para arreglar la calle y otros 50 para arreglar un terreno y habilitarlo como cancha”.
Algunos vecinos suman el fraude en 45 mil pesos, otros han dado en este tiempo 30 mil pesos, algunos más dejaron de dar las cuotas que les pedía el que fuera su líder, porque se dieron cuenta de que era un fraude.
De esto último da cuenta Bernardino Flores Muñoz, un hombre de 75 años, quien asegura que el candidato con antecedentes penales lo amenazó con sacarlo a la fuerza del lugar porque dejó de pagarle lo que le exigía.
“Vino a decirme que ya había vendido mi casa a otras personas porque conmigo ni pa’tras ni pa’delante, le dije que por muy licenciado que fuera conmigo se iba a atascar, porque ya me había dado cuenta que todo lo que hace es un fraude”, agregó.
La colonia, es claramente de gente de muy bajos recursos económicos, sus hogares se encuentran entre una cerca que hace de establo y campos arados en los que salen retoños verdes, que dicen es el maíz que sembraron.
Las calles que los rodean son de barro que se hizo lodo por el agua y ahí se forman profundos charcos en los que juegan sus hijos, llenos de lodo y, todos, con unas enormes barrigas que asombran porque contrastan con lo pequeño de sus cuerpos.
Quienes acuden a dar la denuncia ante diferentes medios de comunicación, visten playeras, shorts, chanclas, huaraches, pantalones de mezclilla y hablan con un acento propio de las zonas rurales de la zona Centro del estado, poco entendible para los habitantes de la capital.
Los habitantes, que en momentos hablan todos al mismo tiempo, dan cuenta de que el candidato del PT trabaja en contubernio con el abogado Mario Martínez Ortiz, quien les exige dinero “con la promesa de que iba a ganar el litigio por la tierra”.
El terreno que tienen ocupado desde 2009, explicó el colono Leobardo Gregorio, lo cedió el gobierno del estado al municipio, para que ahí se realizara una planta de tratamiento de aguas negras, donde desembocarían los drenajes de Tixtla, “pero pasaron 30 años y nunca se hizo nada, por eso nos venimos de paracaidistas”.
Así, el dirigente acusa a Ismael Sánchez “es un estafador, tiene cinco averiguaciones previas, viene a amenazarnos de sacarnos de aquí, a los que logra sacar no les devuelve ni un peso, y a los que llegan les vende más caro, con la promesa de que ya va a ganar el litigio”.
Como muestra de lo anterior llegó una señora de 60 años, Marta Deloya Rodríguez, quien presentó documentación en la que da a conocer que demandó al petista porque se apropió de unos terrenos que, asegura, son de su propiedad.
La operación fue la misma: organizó a personas de bajos recursos económicos y los arengó para que ocuparan, como paracaidistas, el terreno; después se fue a litigio y presentó documentación de propiedad que le expidieron en el municipio de Ometepec.
Esas escrituras son falsas, dice la afectada, y también pide la intervención del gobernador, pues por su demanda se giró una orden de aprehensión en contra del político, pero “nunca se ejecutó porque le dio dinero al juez y a la policía”.