El gobierno mexicano “fue omiso” en su deber en el caso de la masacre de El Charco, concluye la ONU

*El Consejo de Derechos Humanos del organismo mundial determinó que “la criminalización a la protesta social en el estado de Guerrero aumenta, así como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y hostigamientos a defensores de derechos humanos y activistas sociales”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En su 29 periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el gobierno mexicano “fue omiso en su deber de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército en contra de indígenas y estudiantes universitarios durante la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, el 7 de junio de 1998”.
Determinó que, mientras tanto, “la criminalización a la protesta social en el estado de Guerrero aumenta, así como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y hostigamientos a defensores de derechos humanos y activistas sociales”.
Asimismo, en su declaración A/HRC/29/NGO/17 del 3 de junio, el organismo solicitó al Estado mexicano: “Establecer la verdad y la responsabilidad de esta masacre; que los responsables sean investigados, procesados y juzgados; que las víctimas y sus familiares reciban una adecuada reparación integral; la no repetición de ejecuciones extrajudiciales; que el Ejército mexicano no realice funciones de seguridad interna que le corresponden a autoridades civiles; y que se respeten los derechos civiles y políticos fundamentales de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho a la consulta, el derecho de reunión, el derecho de opinión y de expresión”.
Otras peticiones son: que se frene la criminalización a los defensores de derechos humanos y a los activistas sociales; y apela a la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; al relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; al relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; al relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; al relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, a “dirigir su atención sobre la situación de los derechos humanos en el estado de Guerrero”.
La declaración de la ONU es compartida por los organismos internacionales: France Libertés; Fondation Danielle Mitterrand; American Association of Jurists; Cultural Survival; Emmaus International Association; Netherlands Centre for Indigenous Peoples (NCIV), organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas especiales.
Asimismo, Indian Council of South America (CISA); Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, y la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que son organizaciones no gubernamentales reconocidas en la lista.
Bajo el titulo: “Violaciones de derechos humanos en el estado de Guerrero-México”, el organismo internacional hace un breve recuento de algunas de las violaciones de los derechos humanos en el estado, pero se centra en el caso de la masacre de El Charco, al que considera como un caso “paradigmático” en esta entidad.
El su declaración, dice que “en México existe una situación de violencia permanente en contra de defensores de los derechos humanos y activistas sociales”, y que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró de 2006 a 2010 “un número notable de amenazas de muerte, ataques, homicidios y procesos penales emprendidos contra defensores y defensoras, casos en los que la impunidad rige en más del 90 por ciento”.
También cita que durante este mismo periodo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registró que al menos 61 defensoras y defensores fueron asesinados y cuatro desaparecidos en México.
En cuanto a Guerrero, dice que este estado “ha sufrido niveles de violencia sin precedentes en los últimos seis años, siendo algunas de sus ciudades clasificadas de entre las más violentas del mundo según el Informe de la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU”.
Agrega que bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, las fuerzas armadas han asumido tareas de seguridad pública; “patrullan calles, realizan arrestos, cateos, instalan retenes, revisan personas”, y que este despliegue militar da como resultado acciones represivas contra la población, en especial en contra de defensores de derechos humanos y activistas sociales, sobre todo en el estado de Guerrero, “donde aún permanecen en total impunidad asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y masacres”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU subraya que un caso paradigmático en el estado de Guerrero es la masacre de El Charco, en donde “sus habitantes viven en extrema pobreza, son indígenas na savi, una gran parte de esta población sólo habla el mixteco, y en el año de 1998 conformaban la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT)”.
Recuerda que el 7 de junio de 1998, integrantes del Ejército mexicano ejecutaron a 10 indígenas mixtecos y un estudiante universitario que se encontraban durmiendo en la escuela primaria de esa comunidad, después de una asamblea general donde se trataron temas de proyectos productivos y alfabetización.
“Bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, el Ejército ejecutó y torturó a los que ahí pernoctaban, y el gobierno mexicano fue omiso en su deber de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército en contra de indígenas y estudiantes universitarios”, dice el documento.
Recuerda que el informe que presentó en 1999 la entonces relatora de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, Asma Jahangir, presentado en cumplimiento de la resolución 1999/35 de la Comisión de Derechos Humanos, “pone de manifiesto que en todas las versiones recogidas por la relatora especial, salvo la del gobierno, indican de forma convincente que las fuerzas armadas hicieron uso excesivo de la fuerza”.
Añade que en los testimonios que le rindieron manifiestan que las personas que se encontraban en la escuela de El Charco se rindieron, que no hubo bajas en las filas de los militares y que la relatora enfatiza que de haber habido realmente un intercambio de fuego, tampoco se justifican las violaciones de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones sumarias, presuntamente cometidas por los militares.
“Por lo que la relatora especial manifestó que existían muy buenas razones para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas armadas en este incidente”.
Sin embargo, expresa que el gobierno mexicano incumplió la recomendación y el caso continúa en la impunidad, mientras que “la criminalización a la protesta social en el estado de Guerrero aumenta, así como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y hostigamientos a defensores de derechos humanos y activistas sociales”.
También cita que otro caso “paradigmático” es el del activista social Arturo Hernández Cardona, torturado y ejecutado extrajudicialmente en Iguala, el 30 de mayo de 2013.
Afirmaque en este caso el Estado “violó el derecho a la vida, plasmado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
Añade que la familia de Arturo y el testigo presencial son amenazados, mientras que el expediente fue trasladado a Matamoros y que la distancia entre Iguala y Matamoros en ruta es de 716.44 millas, es decir, en automóvil se harían aproximadamente 13 horas manejando a una velocidad aproximada de 89 kilómetros por hora”, lo que complica a los familiares y a su defensa estar al pendiente del proceso.

El caso de El Charco, a la OEA

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, informó que el próximo sábado una delegación de ese organismo partirá a Washington y de ahí a Nueva York, para poner en la primera ciudad en la mesa de discusión de la Organización de Estados Americanos (OEA) el caso de la masacre de El Charco, que a 17 años permanece en la impunidad.
Informó que en la segunda ciudad se reunirán con organizaciones sociales de ese país, “donde realizaremos algunas actividades para poner en la mesa el tema de la masacre de El Charco”.
Explicó que la intención es subrayar en la OEA y en Estados Unidos que el estado de Guerrero ha sido administrado desde 1988 a la fecha por cinco gobernantes; dos de ellos interinos, pero que “ninguno posó su mirada en los sobrevivientes, las viudas y los huérfanos de la masacre de El Charco”.