Exigen ejidatarios de Chichihualco a Propeg y Semarnat que se cancele un permiso forestal

*Denuncian que el 5 de mayo presentaron a la Procuraduría una petición para que se cancelara la autorización para la explotación, otorgada por diez años a partir del 25 de octubre de 2011, a una empresa que hasta 2014 consumió 553 hectáreas, pero nadie les ha dado respuesta

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

La organización civil Protegiendo el Planeta, que integran ejidatarios de Chichihualco, se presentó en la Procuraduría de Protección Ecológica (Propeg), para exigir respuesta a la solicitud de cancelación de permiso forestal a Asesoría Forestal Técnica y Operativos SA de CV, presentada el 5 de mayo pasado.
Durante la mañana de este jueves el presidente de la organización, Tomás Chávez Ortiz, acompañado por dos ejidatarios se presentó en la Propeg y en la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para pedir informes sobre la solicitud de cancelación del permiso forestal, pero no hubo ninguna respuesta.
Chávez Ortiz explicó que en la Propeg sólo les mostraron un documento que se giró a la delegada de la Semarnat, Maricela del Carmen Ruiz Massieu, donde se le informaba sobre la denuncia interpuesta.
En el documento entregado detallan que se trata de un asunto de la competencia de Semarnat, por lo que se le dio a conocer la denuncia presentada por Protegiendo el Planeta, en contra del Comisariado Ejidal de Chichihualco, por el incumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, además de denunciar que el ejido cuenta con un permiso para el aprovechamiento forestal.
Antes, la organización presentó el 17 de febrero un oficio dirigido al presidente municipal de Leonardo Bravo, Leopoldo Cabrera, para solicitarle que se coordine con las autoridades estatales y federales para cuidar la biodiversidad de su comunidad.
El mismo oficio fue dirigido al comisario ejidal Enrique Pérez Morales, con el objetivo de que se adopten medidas que ayuden a combatir la explotación forestal desmedida en la zona donde no se ha reforestado, pero ninguno de los funcionarios ha respondido.
Chávez Ortiz dijo que, ante la nula atención, el 26 de marzo dirigió un oficio a la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Maricela del Carmen Ruiz Massieu, para solicitar la cancelación del permiso forestal en la zona, pero a más de un mes y medio, no han sido atendidos.
Este oficio fue entregado a la secretaria particular del gobernador Rogelio Ortega Martínez, así como al Congreso local, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) y a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), pero ninguna ha dado contestación.
Los campesinos cuentan con un expediente detallado sobre la cantidad de hectáreas explotadas en su comunidad, donde hasta 2014 registraron 553 hectáreas de bosque depredadas, es decir, 15 mil 649 metros cuadrados, y que ha acabado con cinco especies de la zona.
La explotación del bosque es apoyada por la empresa Asesoría Forestal Técnica y Operativos SA de CV, a cargo de Mario Cedillo Carbajal, que cuenta con un permiso expedido el 25 de octubre de 2011, con 10 años de permiso para forestar registrado en el libro Guerrero tipo VI, persona moral PSTR inscripción Volumen 2 número 55.
Los campesinos enfatizaron que la problemática es muy seria, porque los estragos son muchos y ninguna autoridad se ha encargado de vigilar que se reforeste o que se cuide la tala en la zona.
Explicaron que, ante la desmedida explotación desde hace tres años hasta la actualidad el agua ha empezado a escasear en la comunidad, y ahora deben abastecerse con agua que se vende en tinacos.
También explicaron que, en la zona dejó de haber pumas, venados, faisanes y tejones, debido al deterioro de su hábitat.
Chávez Ortiz dijo que si las autoridades continúan sin atender la demanda presentada por los ejidatarios, están considerando actuar para evitar que continúe la tala de árboles en la zona.
No descartó la posibilidad de detener a los trabajadores y a sus máquinas que continúan talando madera inclusive verde, las cuales están prohibidas en el permiso otorgado por Semarnat.