Prohíben 11 colonias de Tlapa la entrada de taxistas del grupo de choque que golpeó a maestros

Prohíben 11 colonias de Tlapa la entrada de taxistas del grupo de choque que golpeó a maestros el 1 y 5 de junio

*Colocan mantas en las que advierten que no permitirán el ingreso de las unidades de los sitios Señor del Nicho, Juárez, Federados y Astudillo. Algunos choferes dejaron de usar uniforme, y quitan los rótulos a sus unidades. Los de otros sitios resaltan las organizaciones a las que pertenecen o les ponen “No soy del sitio Juárez”

Carmen González Benicio

Tlapa

En diferentes colonias de esta ciudad vecinos colocaron mantas en las que prohíben la entrada de taxis de los sitios Señor del Nicho, Juárez, Federados y Astudillo, por su participación en el grupo de choque que desalojó del Ayuntamiento al Movimiento Popular Guerrerense (MPG) el 1 de junio, y la agresión al magisterio el 5 de junio en complicidad con la Policía Estatal.
Desde la semana pasada, antes de las elecciones del domingo, las colonias que prohíben la entrada de estos taxistas son la Emiliano Zapata, Magisterio, y San Miguel luego de la agresión a maestros el 5 de junio, cuando marchaban por la presentación de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, en contra de la reforma educativa y el no a las elecciones. Ese día fueron brutalmente golpeados los líderes Juan Tenorio Villegas y Leogin Sánchez y otros profesores.
A esta colonia se sumaron La Tepeyac, Lázaro Cárdenas, Las Mesas, Renacimiento, Benito Juárez, Loma Bonita, Santa Anita y San Antonio, que condenaron el desalojo del 1 de junio, la agresión a los profesores y la irrupción violenta en la colonia El Tepeyac de policías federales, que sin orden de aprehensión se llevaron violentamente a ocho profesores y ciudadanos, y asesinaron al activista Antonio Vivar la noche del 7 de junio, mientras se desarrollaba la jornada electoral.
En algunas mantas, colocadas el domingo 7, se lee “La colonia Loma Bonita prohíbe la entrada del sitio Juárez y Señor de Nicho por su traición al MPG y al pueblo de Tlapa”, “La colonia Benito Juárez apoya al MPG: libertad inmediata a los detenidos por militares y federales. Repudio total al sitio Señor del Nicho, Astudillo y Juárez, prohibida la entrada”.
Otra mantas en el puente peatonal de San Antonio dicen, “taxis Juárez y Señor del Nicho por qué ayudas al opresor” y “boicot al sitio Juárez y Señor del Nicho por morder la mano a quien te da de comer”.
Algunas organizaciones de transportistas que no participaron con el grupo de choque anunciaron que cambiarán el color a sus unidades, para que no los confundan con el azul del sitio Juárez, y se reunirán con el delegado de Transportes este viernes.
Un chofer de la Utam contó que los agremiados a esta organización no cambiarían el tono azul de sus unidades porque no participaron en los hechos del 1 y 5 de junio, aunque fueron invitados pero la mesa directiva contestó que no, ya que los profesores son su fuente de ingresos en la región.
Desde que ocurrieron los diferentes ataques, los taxistas del sitio Juárez dejaron de usar uniforme, y uno a uno le quitaban los rótulos a sus unidades, de los costados y del parabrisas que decían “Juárez”, circulaban pocos y tras el asesinato del activista del MPG, Antonio Vivar, circulan pocos con esos logos. Los de otros sitios resaltan las organizaciones a las que pertenecen o les ponen “No soy del sitio Juárez”.
Acuerdan los agresores y autoridades municipales buscar la paz

El  6 de junio, un día después de que golpearon brutalmente a líderes del MPG, se reunieron el presidente municipal Isaías Rojas, el síndico José Franco, ocho regidores y los integrantes del grupo de choque que desalojó al MPG del Ayuntamiento: el delegado de la colonia Caltitlán, Ever Mateos; de la colonia El Peligro, Sidney Gordillo Díaz; de La Palma, Marta Guerrero Guerrero; de San Nicolás, Luis Javier Cano; de San Francisco, Julio Rodríguez Romano y los presidentes de los sitios de taxis Juárez, Eustaquio Castillo Alcaide y el del Señor del Nicho, Jalil Arias Vitinio, y acordaron  buscar “la paz, armonía, concordia y tranquilidad del municipio, poniendo siempre por delante y todo momento el diálogo tras los hechos lamentables suscitados en la ciudad”, según un documento al que se tuvo acceso.
Los integrantes del grupo de choque se comprometieron a no buscar confrontación de ningún tipo con otros sectores de la sociedad y manifestaron, “estar abiertos al diálogo con el MPG y la CETEG con la finalidad de que exista paz y tranquilidad, así como respetar las manifestaciones de cualquier índole tal y como lo consagran las garantías constitucionales”.
Los ataques en que participaron los colonos y taxistas fueron difundidos en redes sociales mediante videos y fotografías que tomaron varios ciudadanos, lo que generó la desaprobación social contra ellos, y están claramente identificados por su cercanía al PRI, al PT y al Partido de los Pobres, y desde entonces se llamó a no usar el servicio de taxis de estas organizaciones.
Este acuerdo no lo firma la organización  de transportes Federados, del ex regidor priista Marco Antonio Álvarez, quien sí firmó un volante el 2 de junio en que el grupo de choque justificó su participación en el desalojo.
Por su parte el sitio Señor del Nicho mantiene su petición de diálogo y reconciliación, a sus unidades no les cambiaron sus colores y mantienen sus rótulos porque afirman que no todos participaron.
El Ayuntamiento está sin resguardo, con basura y material electoral que quedó ahí desde el domingo de las elecciones.
Por su parte, el presidente municipal informó que tiene reuniones e invita a los diferentes actores a buscar las condiciones de diálogo, para distender la situación luego de los ataques violentos de los últimos días, y para que el gobierno estatal y federal se abstengan de reprimir cualquier manifestación bajo el marco constitucional.

Marchan 800 maestros en la capital; demandan justicia para los dos asesinados por la PF y los 43

*Protestan en Palacio de Gobierno y en la Fiscalía del Estado. Se reúne una comisión de normalistas, profesores de la CETEG y padres de Ayotzinapa con el fiscal Godínez, quien se compromete a entregar un informe de las investigaciones de los asesinatos de Antonio Vivar y Claudio Castillo, y de los estudiantes desaparecidos en Iguala, informan

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y justicia para los asesinados por la Policía Federal, el 24 de febrero Claudio Castillo Peña, y Antonio Vivar Díaz el 7 de junio, unos 800 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de familia protestaron en el Palacio de Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta ciudad.
El fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz llegó a la FGE y se reunió con una comisión encabezada por el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero y el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, con quienes acordó que la institución presentará un informe de avances en las investigaciones de los tres casos por los que se llevó a cabo la protesta, la próxima semana.
Cerca de las 11:30 de la mañana, los manifestantes se concentraron en el plantón magisterial que el bloque de la CETEG que encabeza Reyes Guerrero instaló el 15 de abril frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), al sur de la ciudad, y partieron en marcha desde ese punto hasta el Palacio de Gobierno.
El contingente lo encabezó el integrante de la Comisión Política de la región Centro, Carlos Botello Barrera, quien a través de un equipo de sonido que transportaba una camioneta con las siglas de la CETEG, expuso el motivo de la movilización y el hartazgo de los manifestantes ante la impunidad en el estado.
Botello Barrera avanzaba seguido de padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, quienes portaban lonas con los retratos de sus hijos y eran resguardados por cetegistas que portaban banderas rojas, detrás de ellos marcharon los maestros y estudiantes.
La marcha se detuvo unos 15 minutos sobre el encauzamiento del río Huacapa, a unos metros del Palacio de Gobierno, y durante ese lapso varios manifestantes pidieron el uso de la palabra para expresar su descontento por el contexto violento en el que Héctor Astudillo Flores ganó las elecciones a la gubernatura, ya que el domingo de las votaciones fue asesinado Antonio Vivar en Tlapa.

El mitin en Palacio de Gobierno

El contingente avanzó al acceso principal del Palacio de Gobierno, cuyas instalaciones fueron cerradas de manera inmediata por los policías estatales que las resguardan, y los manifestantes colocaron el equipo de sonido en el centro, frente al portón, y llevaron a cabo un mitin.
Antes de que el acto comenzara los manifestantes, que portaban varias lonas con fotografías de Vivar Díaz, colocaron sus carteles frente al portón y un ataúd hecho de cartón, que forraron de negro y rojo, en señal de huelga.
Reyes Guerrero fue el primero en pronunciarse en contra de los ataques de policías federales y soldados del Ejército contra maestros en Tlapa, durante los cuales Vivar Díaz fue asesinado de un disparo en el pecho.
Dijo que el magisterio disidente no permitirá la imposición de la evaluación docente, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dijo que se llevará a cabo de septiembre a noviembre de este año, “no vamos a permitir una falta de más de las autoridades, no lo aceptamos y en Guerrero no va a pasar la evaluación”.
Reiteró que la CETEG continuará en apoyo total a los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, así como en demanda de justicia para el maestro jubilado de 65 años, Claudio Castillo Peña, asesinado el 24 de febrero en Acapulco, durante el desalojo en el bulevar de Las Naciones.
En el caso de Vivar Díaz dijo que la violencia fue provocada por los grupos de choque que envió el propio Estado, y por lo tanto, la CETEG exigirá que se castigue a los responsables de la muerte de quien fuera integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
Por su parte, Felipe de la Cruz manifestó que las organizaciones sociales y todos los sectores del estado deben estar unidos, debido a que el Estado no distingue entre unos y otros, “todos hemos sufrido por igual, tenemos que mantenernos unidos para poder continuar con esta lucha por los 43, los desaparecidos que se acumularon en Chilapa y los asesinatos de los compañeros (Castillo Peña y Vivar Díaz).
Dijo que los padres de familia continuarán protestando hasta que se resuelva de manera absoluta el caso Ayotzinapa, y se presente con vida a los normalistas desaparecidos, “a casi nueve meses del crimen de Estado en Iguala no nos vamos a detener, seguiremos porque tenemos la esperanza de volver a verlos, y no aceptaremos la farsa del gobierno que dice que ya están muertos”.
Pidió que cese la militarización de Guerrero, porque “en Iguala a los muchachos se los llevó la Policía Municipal, en Acapulco fue la Federal la que asesinó al compañero Claudio y en Tlapa pasó lo mismo con Antonio, sabemos quiénes son los culpables materiales, queremos que se les castigue y se encuentre a los culpables intelectuales”.
Al concluir el mitin, los manifestantes marcharon hacia la FGE por el bulevar Vicente Guerrero, sobre la Autopista del Sol, luego se desviaron por la calle lateral.

Confirma el fiscal que hay órdenes de aprehensión contra activistas

Los manifestantes entraron a la Fiscalía y colocaron sobre la fachada del edificio carteles en los que exponían su repudio al asesinato de Vivar Díaz, y continuaron la protesta para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, así como justicia para Castillo Peña.
Poco antes de las 2:00 de la tarde, Godínez Muñoz llegó acompañado de su equipo de trabajo cercano y sus escoltas, se dirigió a los manifestantes a quienes les propuso instalar de manera inmediata una mesa de trabajo en la que desahogarían sus peticiones principales, a lo cual accedieron.
La comisión de los manifestantes, que conformaron dos maestros, dos padres de familia y dos normalistas, la encabezaron Reyes Guerrero y Felipe de la Cruz, cuando se dirigían a las oficinas con Godínez Muñoz un grupo de cetegistas señaló molesto que uno de los escoltas del fiscal iba armado y pedían que se retirara.
Se les dijo que el arma era para proteger al fiscal, mientras que otros cetegistas trataban de calmar los ánimos entre sus compañeros para mantener el diálogo.
Mientras la reunión se llevaba a cabo, el resto de los manifestantes continuó con la protesta afuera de la Fiscalía, de manera pacífica, sin enfrentamientos con los policías que resguardaban el lugar, se vio salir de las instalaciones a varios trabajadores, y otros permanecieron dentro.
Luego de unos 40 minutos, los comisionados salieron de las oficinas e informaron a los manifestantes que al fiscal se le planteó la necesidad y urgencia de que la Fiscalía presente un informe de avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa, y de los asesinatos de Castillo Peña y Vivar Díaz, a lo que Godínez Muñoz se comprometió a entregar el reporte la próxima semana.
Sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y tres estudiantes normalistas muertos, además de un joven futbolista, un chofer y un ama de casa la noche del 26 de septiembre, la investigación está a cargo de  PGR, pero la exigencia al fiscal consiste en que entregue un informe de las investigaciones cuando estaban a cargo de la Fiscalía de Guerrero (antes Procuraduría de Justicia) y que después pasaron a manos de la instancia federal.
Felipe de la Cruz dijo que el fiscal confirmó que hay órdenes de aprehensión en contra de quienes se han manifestado para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, pero no les precisó cuántas ni en contra de quiénes.
El vocero de los padres dijo que él cuenta con un amparo, “por cualquier situación que pueda presentarse” y es el único de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos que cuenta con un respaldo judicial.
Luego de que se les dio la información, los manifestantes concluyeron la protesta y se retiraron, los maestros volvieron al plantón frente a las oficinas centrales de la SEG, mientras que los normalistas y padres de familia regresaron a Tixtla, en donde se encuentra la Normal Rural de Ayotzinapa.