Se investigará si Zeferino estuvo implicado en el desvío de mil millones del PPS, dice el contralor

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Al iniciar ayer la auditoría financiera al programa de créditos a maestros conocido como Plan de Previsión Social (PPS) por faltantes que se estima rebasen los mil millones de pesos del 2007 al 2011, el contralor del gobierno del estado, Julio César Hernández Martínez, aseguró que la intención es llegar a los responsables quienes quiera que sean.
Dijo que en la revisión se tratará de establecer la responsabilidad que tuvo en los desvíos el ex gobernador Zeferino Torreblanca.
El funcionario señaló que hasta ahora desconoce si el ex gobernador tiene alguna responsabilidad por acción o por omisión.   Y respondió que va a “revisar quiénes administraban el fideicomiso y cualquier servidor público que resulte implicado va a ser sancionado”,  cuando se le preguntó por la responsabilidad en estos desvíos de Torre-blanca, quien personalmente de-signó como subsecretario de Finanzas de la SEG a Enrique Pasta Muñúzuri, un amigo y socio suyo desde antes de que se incorporara a la política desde las organizaciones empresariales de Acapulco.
A la pregunta concreta de la implicación de Torreblanca, pues el desvío de mil millones de pesos no podría pasar inadvertido por el entonces gobernador, dijo que “por ahora no podría afirmar si tuvo alguna participación y cuál es el nivel de ésta, eso se va a  saber en la medida que se vaya desarrollando la auditoría”, dijo.
Cuando se le insistió al contralor por los nombres de los implicados, dijo que “no estamos particularizando la investigación contra nadie, la auditoría es por el periodo 2007-2011 y no estamos promoviendo ninguna cacería de brujas, simplemente vamos a ejercer el ejercicio de nuestra responsabilidad”. Sin embargo, no desmintió la nota de la agencia Reforma, publicada como la principal de la edición de ayer de El Sur, en la que señala a Pasta Muñuzuri, al secretario general de la seción 14 del SNTE, Emiliano Díaz Román y a su antecesor José Ntividad Calixto Díaz quienes, dijo, deberían “ir a la carcel” por el desvío de fondos del PPS.
Por lo pronto el contralor informó que ayer mismo comenzó la auditoría al fideicomiso del PPS, luego de que los maestros han venido denunciando irregularidades.
Este programa comenzó a funcionar en abril de 1994, durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, y desde entonces lo ha manejado un comité técnico administrativo formado por un representante de la SEG y dirigentes de la sección 14 del SNTE.
Mientras tanto, el fideicomiso 51 59-1 está integrado por el gobierno estatal y el sindicato.
El secretario de Educación es el representante ante el PPS, pero la operación del fondo económico es responsabilidad del secretario de Finanzas del gobierno.
El SNTE integra una comisión de vigilancia que decide a quién se otorgan los créditos, y los representantes de la fiduciaria son de Banca Afirme, según información oficial de la SEG.
Denuncias del magisterio aglutinado en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) indican que desde la administración del gobernador René Juárez, el PPS ha sido la caja chica del SNTE y del gobierno estatal, pues funciona de manera irregular y otorga créditos de contingencia y de vivienda en función del clientelismo político.
Sin embargo, también fue del dominio público que en gobierno zeferinista quien administró a discreción los recursos de ese fondo, que se obtienen de un descuento al salario de los maestros y de una aportación del gobierno del estado, fue el propio gobernador Torreblanca a través del subsecretario de Finanzas  de la SEG, En-rique Pasta Muñúzuri.
La agencia de noticias IRZA publicó en agosto pasado que, según fuentes oficiales, el ex gobernador Torreblanca ordenó al ex subsecretario Pasta, realizar esa “operación”, y que desde el 2007, Pasta contrató a la empresa Previsión Social Actuarial SA de CV, para administrar al PPS.
La información revela que esa empresa es propiedad de Renato Soto Alarcón, yerno de Enrique Pasta, pues está casado con una hija del actual rector de la Uni-versidad Loyola de Acapulco.
IRZA asegura que según fuentes oficiales la empresa de Soto se autoasignó un contrato de 4.5 millones de pesos mensuales por administrar el PPS.
Agrega que sus fuentes revelaron que existen sospechas fundadas de que esa cantidad se sigue repartiendo entre funcionarios de primer nivel de la administración de Torreblanca, incluido éste.
También se señala en dicha nota que, incluso Soto Alarcón, viaja una vez por mes a España, donde radica su esposa.
En su insistente reclamo por una auditoría al PPS, el magisterio también demandó a la Contraloría, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Auditoría General del Estado (AGE) revisar los ingresos de Pasta, Soto, del ex secretario de Educación José Luis González de la Vega y del propio ex gobernador Torreblanca.
Consultado ayer al respecto, el contralor Hernández Martínez indicó que aún no se ha establecido quiénes son los que administraron dicho fideicomiso, pues apenas ayer comenzó la auditoría; sin embargo, dijo que “en este gobierno el compromiso es la transparencia y la aplicación correcta de los recursos y vamos a llegar a los funcionarios responsables sean éstos quienes sean, sin importar nombres”.