Silvestre Pacheco León

Las elecciones  federales en Guerrero

En contra de todos los pronósticos que anunciaban el caos en la jornada electoral del domingo 7 de junio, la mayoría de los guerrerenses salió a votar, y lo hizo teniendo presente el valor de su voto.
Fueron las primeras elecciones concurrentes en el estado con las que se estrenaron tanto la reforma electoral de 2014 como los institutos responsables de organizarlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) de la elección de diputados federales, y el Instituto Electoral para la participación Ciudadana (IEPC) de orden local, responsable de la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos.
En el complejo ambiente estatal en el que también confluyeron las movilizaciones de los grupos organizados que tomaron la legítima bandera de los padres de familia que buscan a sus hijos, así como la perenne violencia del crimen organizado, ambos institutos electorales trabajaron con profesionalismo para dejar a salvo el derecho humano universal al sufragio.
Un elemento contenido en la reforma electoral que ayudó a facilitar la organización de las elecciones, como si el legislador se hubiera adelantado a los acontecimientos que en Guerrero pusieron en riesgo la elección, fue el de la casilla única como método novedoso que redujo casi a la mitad el número de funcionarios responsables de recibir el voto de las cuatro elecciones.
Aparte del ahorro económico y de capital humano que representó el establecimiento de la casilla única para la elección local y federal, los institutos electorales dejaron de disputarse a los funcionarios de casilla, como sucedió en las elecciones concurrentes del año 2012, ahora en cambio trabajaron juntos en el objetivo de reunir para la misma causa a casi 90 mil guerrerenses, entre los que escogieron y capacitaron a 43 mil para cubrir las 4 mil 774 casillas que se instalaron en todo el estado para las elecciones local y federal.
Sin embargo, conviene hacer notar que la amenaza y las acciones de boicot que ejercieron los grupos radicalizados tuvieron su impacto negativo en la organización electoral, pues no menos de 7 mil funcionarios de casilla que recibieron su nombramiento y también la capacitación correspondiente renunciaron a sus cargos apenas unos pocos días antes de las elecciones.
Si a esa cantidad se agregan los 2 mil funcionarios que simplemente dejaron de presentarse el día de la elección, el número de ciudadanos y ciudadanas que se tuvieron que sustituir superó los 9 mil.
Sin elucubrar cuántos de ellos renunciaron por miedo a la violencia, por amenazas recibidas, por problemas de tipo personal, o simplemente porque se sumaron a la estrategia del boicot electoral, el caso es que a marchas forzadas el Instituto Nacional Electoral tomó las provisiones del caso, primero recurriendo a la reserva de funcionarios capacitados previamente y, después, ya en la jornada electoral, a los ciudadanos formados en la fila.
Pese a todo, para la elección federal se instalaron 4 mil 774 de las 4 mil 800 aprobadas, de las cuales llegaron a salvo a los distritos electorales 4 mil 761 paquetes, correspondientes a otras tantas casillas, que dan cuenta de 1 millón 319 mil 964 votos, de los cuales, también hay que decirlo, se anularon 71 mil 540, sin que el cómputo distinga entre votos anulados porque el elector no supo votar correctamente o porque señaló alguna protesta en la boleta, de ahí la inutilidad de los votos nulos.
Pero fue esa situación de renuncias y sustituciones la que al final demeritó la calidad de la elección, con inconsistencia en la elaboración de las actas y en el escrutinio y cómputo efectuados en las mesas directivas de casillas, situación que se corrigió con el recuento de casi el 60 por ciento de las boletas en los nueve distritos electorales federales, cuyo trabajo requirió un día más de lo usual, para extenderse hasta el jueves 11 de junio por la noche, cuando se confirmó la conclusión del cómputo en los nueve distritos electorales federales.
Conforme al resultado final del cómputo de la elección federal de diputados, los datos de la participación ciudadana son alentadores y aleccionadores, porque no sólo votó más de la mitad de los ciudadanos (el 56 por ciento), sino que, contra todos los pronósticos, Guerrero superó en nueve puntos la media nacional de participación.
A los datos que dan cuenta de la crecida afluencia de votantes se podría agregar la cantidad estimada de ciudadanos que viven en el municipio de Tixtla, perteneciente al distrito 7 con sede en la capital del estado, que se vieron imposibilitados de ejercer su derecho al voto debido al robo de 26 paquetes de boletas que no pudieron llegar a manos de las mesas directivas de casilla por la acción de grupos opositores a las elecciones que los interceptaron.
La interpretación de lo sucedido el domingo 7 de junio en todo el territorio estatal puede ser múltiple y diversa pero, en todo caso, el hecho incontrovertible es que los guerrerenses se manifestaron mayoritariamente por la vía pacífica, privilegiando el método de las elecciones para dirimir los conflictos sociales.
En lo personal, sostengo que las movilizaciones y protestas que se realizaron como amenaza al proceso electoral sirvieron de lección para que muchos ciudadanos valoraran la importancia de su voto, saliendo a sufragar ese domingo para castigar y premiar a los partidos y candidatos que en el gobierno y en la campaña así lo merecieron.
PD. En la clausura de la sesión extraordinaria del consejo local del INE en Guerrero, efectuada el jueves 11 de junio, en un documento leído ex profeso, las consejeras, María Luisa Garfias, Maribel Nicasio, Elia Moreno del Moral, Reina Ortiz Montealegre, Magdalena Steiner, y quien esto escribe, fijamos nuestra postura sobre el proceso electoral federal 2014-2015, reconociendo lo solidez del trabajo del INE sin dejar de lado sus deficiencias, así como el desempeño ejemplar de las y los capacitadores electorales y el de las y los funcionarios de casillas que hicieron posible la recepción y el cómputo de los votos. También nos referimos al asesinato de Antonio Vivar en Tlapa el día de la jornada electoral, cuya muerte resume una situación detestable en el estado: la falta de oportunidades de estudio para los jóvenes y la criminalización que el gobierno hace de ellos, pues Antonio Vivar creció huérfano, en condiciones de calle, y vivió de la caridad vecinal. Estudió en la universidad Pedagógica Nacional hasta el segundo año. Cuando sucedieron los repugnantes hechos de Iguala Antonio había tomado un receso en sus estudios por falta de recursos. Él vivió como muchos jóvenes la agresión policiaca por nada, golpeado, encarcelado, amenazado. Era uno más de quienes acumulando el rencor contra el poder establecido se sumó a la demanda de presentación con vida de los jóvenes desaparecidos de Iguala militando en el MPG.
La muerte de Antonio Vivar no puede simplemente sumarse a la de los jóvenes normalistas, por eso nuestra demanda es que se haga justicia y se castigue a quien disparó contra ese joven la bala asesina.