Lleva 20 meses preso un policía comunitario de Zitlaltepec acusado de portación de arma

*Los jueces no han tomado en cuenta que cuando el indígena Samuel Rodríguez fue detenido cumplía una orden de la Casa de Justicia de la CRAC, amparado por la Ley 701, y por eso llevaba una 30-30 súper que pertenece a su pueblo. Se ha violado el debido proceso y su derecho a un traductor en su idioma na savi, dice el defensor de Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades judiciales federales han violado el debido proceso legal y su derecho a un perito que hable su lengua, al joven indígena na savi (mixteco) y policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Rodríguez Gálvez, quien lleva ya un año y ocho meses preso en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, acusado por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
Samuel fue detenido por elementos del Ejército junto a otros 12 policías comunitarios de esa Casa de Justicia, el 5 de octubre del 2013 en Cochoapa El Grande, cuando participaba en un operativo para cumplir unas órdenes de aprehensión que expidió la Casa de Justicia de Zitlaltepec.
Desde entonces, la defensa que se encuentra a cargo del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, ha presentado pruebas documentales y declaraciones testimoniales, para comprobar que el joven indígena actuó bajo las órdenes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Zitlaltepec y que el arma que portaba cuando lo detuvieron (una 30-30 súper) no era de su propiedad, sino de la Casa de Justicia de la CRAC.
Sin embargo los argumentos no han sido tomados en cuenta por el juzgado séptimo de distrito, ni por el Primer Tribunal Unitario del 21 Circuito, ambos con residencia en Chilpancingo, que en tres ocasiones le han confirmado el auto de formal prisión.
El Juzgado Séptimo de Distrito integró la causa penal 61/2013 en la que también eran procesados los otros 11 policías comunitarios que fueron detenidos junto con Rodríguez Gálvez, pero seis de ellos obtuvieron su libertad absoluta el 15 de octubre de ese mismo año, otros cinco fueron liberados posteriormente mediante el pago de una fianza y sólo Samuel Rodríguez se quedó procesado por portación de arma de grueso calibre y de uso exclusivo del Ejército.
El día que fue detenido el joven policía comunitario aún no cumplía la mayoría de edad, tenía 17 años pero en esa misma semana cumpliría los 18, y fue internado directamente en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, contó el abogado que lleva su defensa, y quien pidió que se citara como fuente a Tlachinollan.
Informó que el 5 de octubre, Samuel y sus 11 compañeros se trasladaron de Zitlaltepec a Cochoapa El Grande a cumplir una orden de aprehensión, pero al momento de ejecutarla hubo disparos e intervinieron efectivos del Ejército que se encontraban cerca en un campamento.
Los soldados detuvieron a los policías comunitarios y los pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), que, a su vez, los consignó ante el Juzgado Séptimo de Distrito, que sigue con la causa penal en contra del na savi Rodríguez Gálvez, por portación de una 30-30 súper.
El juez determinó que por el calibre del arma que portaba Samuel, no alcanzaba el beneficio de la libertad bajo fianza y resolvió el auto de formal prisión en su contra.
El abogado que se encarga de su defensa informó que recurrió primero a la apelación “por agravios y violaciones al debido proceso”, pues el juez no le asignó, igual que a los otros cinco policías que salieron libres bajo fianza, un perito que hablara su lengua, el mixteco, pero el juez resolvió por segunda vez el auto de formal prisión.
Entonces la defensa presentó un segundo recurso de apelación ante el Primer Tribunal Unitario, argumentando que el perito que se le asignó “no conocía sus usos y costumbres” pero el juez volvió a confirmar el auto de formal prisión.
El tercer recurso al que acudió la defensa, fue un amparo ante el mismo Juzgado Primero de Distrito. En él el área jurídica de Tlachinollan argumentó que Samuel y los otros cinco policías comunitarios que alcanzaron libertad bajo fianza, “no contaron con una efectiva interpretación, no se reconoció que pertenecían a la CRAC y que su actuación como policías comunitarios se sustenta en la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Con este tercer recurso Samuel y los otros cinco policías volvieron a declarar pero la resolución del juez fue nuevamente por el auto de formal prisión. El abogado informó que finalmente los cinco de un total de 12 policías salieron libres bajo fianza pero que Samuel no alcanzó este beneficio y sigue preso.
Informó que actualmente se espera que el juez dicte la sentencia y que podría ser el próximo mes de agosto, por ahora el caso se encuentra en la etapa de instrucción. Dijo que la esperanza es que el indígena podría alcanzar el beneficio de libertad anticipada por el tiempo que ha permanecido en la cárcel.
La defensa consideró que el joven indígena ha estado preso injustamente y que la autoridad judicial le dictó el auto de formal prisión sin tomar en cuenta que pertenecía a la CRAC, institución reconocida por la Ley 701 del Estado de Guerrero; que era policía comunitario elegido por el pueblo; que el arma que portaba cuando lo detuvieron no era de su propiedad, sino del pueblo de Zitlaltepec que se la asignó para brindar la seguridad.
Incluso dijo que en la etapa de presentación de pruebas, entregaron al juez un organigrama para mostrar cómo está estructurada la CRAC para demostrar con eso que Samuel prestaba un servicio a la institución comunitaria.
También entregaron copias de los credenciales que le expidió la CRAC y los testimonios de los coordinadores que liberaron la orden de aprehensión que cumplía Samuel Rodríguez. Ellos declararon que Samuel pertenecía a la CRAC y que cumplía una orden conforme a los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Quien es Samuel Rodríguez

Samuel fue nombrado policía comunitario por su pueblo a los 17 años, el 10 de agosto de 2013. Es hijo de la consejera y coordinadora de la CRAC-PC de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Beatriz Gálvez Macario.
Habla poco el español, y antes de ser electo policía comunitario, como la mayoría de los jóvenes de su pueblo se dedicaba a las tareas del campo junto con sus hermanos, motivo por el que no terminó la educación básica.
Durante la asamblea en la que fue elegido policía comunitario, Beatriz, su madre, quien era consejera fue electa coordinadora de la CRAC de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, en reconocimiento a su trabajo dentro de la organización indígena. Doña Beatriz se ha destacado por su labor a favor de la promoción de los derechos humanos de las mujeres del ejido de Zitlaltepec.
Por eso se cuenta que Samuel “creció junto a la CRAC-PC” durante sus 17 años de vida, y que por eso fue formado dentro de un sistema de respeto a los usos y costumbres y a los sistemas normativos de los pueblos indígenas desde su comunidad.
Samuel Ramírez Gálvez es el cuarto de seis hermanos, y se dedicaba junto a su familia a las tareas del campo en un pequeño huerto de café y plátano.