Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

Astudillo: “no llego a perseguir”

Después de diez años de ruinosos gobiernos perredistas, Héctor Astudillo Flores recuperó la gubernatura de Guerrero para el PRI con 85 mil votos exactos por arriba de los que obtuvo la candidata del PRD.
Esa diferencia le otorga un claro y generoso capital político a Astudillo Flores, precisamente lo que en su campaña decía necesitar para traer orden y paz al estado. Pero una vez traspuesta la elección, con la constancia de mayoría en la mano y ya sin la necesidad de hacer promesas, no está claro para qué usará el próximo gobernador esa fuerza.
Acrecienta la duda la mutación del lenguaje que suelen experimentar los candidatos una vez que ganan, transformación de la que el priísta no es la excepción. De haber estado montado en su campaña en un discurso contra la inseguridad, la corrupción y la impunidad, males que alcanzaron dimensiones espeluznantes en los gobiernos del PRD, suma de lo cual es la matanza y la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, durante la semana anterior Astudillo Flores comenzó a mostrarse titubeante y evasivo en su compromiso y sus obligaciones con la justicia.
“No creo que el primer paso sea lanzando un mensaje que voy a perseguir a alguien. Yo no llego para perseguir, llego a gobernar, independientemente de que debo ser respetuoso con la ley, y que la impunidad igual que la corrupción hay que enfrentarlos”, dijo un día después de los comicios, cuando le preguntaron sobre las responsabilidades del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero en el millonario desfalco por el que están presos uno de sus hermanos, un sobrino y siete allegados suyos. (Reforma, 9 de junio de 2015).
La frase “yo no llego para perseguir” refleja la coartada en la que se pertrechan los gobernantes mexicanos para dejar sin castigo los delitos de sus antecesores y de sus pares en la política. El propio Aguirre Rivero puso en práctica esa filosofía de la impunidad en sus tres años de gobierno, y de una manera cínica y desembozada hace un año, cuando públicamente declaró que no iba a proceder contra el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, señalado explícitamente en la investigación de la Procuraduría como autor intelectual del asesinato de Armando Chavarría Barrera.
En una descripción del pacto no escrito que suele regir las relaciones entre los hombres del poder, Aguirre Rivero dijo a los cuatro vientos a finales de agosto del 2014 que las acusaciones contra Torreblanca Galindo eran solamente una campaña de persecución mediática y que no quería que a él le hicieran lo mismo, cuando los señalamientos fueron producto del trabajo realizado por su propio procurador Alberto López Rosas.
Le interesó más a Aguirre Rivero utilizar el expediente judicial del caso Chavarría para doblegar políticamente a Torreblanca y cerrarle el paso a una candidatura por la alcaldía de Acapulco, cargo en el cual el ex gobernador pretendía imponer a su hijo Ángel Aguirre Herrera. Por el mismo interés, meses atrás el gobierno de Aguirre Rivero administró (o manipuló) las acusaciones que pesaban y pesan aún contra el primer ex gobernador perredista por el desvío de mil 200 millones de pesos en la Secretaría de Salud, motivo por el que la Contraloría lo citó y el contralor en aquellas fechas hizo público que Zeferino Torreblanca y su grupo poseían grandes inversiones y propiedades en Texas, con la insinuación de que eran producto de actos de corrupción. A pesar de las evidencias que implican a Torreblanca, el caso es que Aguirre Rivero no procedió contra él en ninguno de los expedientes que le fueron abiertos.
Si no es persiguiendo a los responsables, ¿cómo piensa Astudillo Flores que se combate la corrupción y la impunidad? Si de aplicar la ley se trata, en tales casos perseguir es gobernar. Y perseguir y aplicar la ley es justamente lo que hace falta en el estado. Más persecución y menos simulación.
Si desde ahora dice el próximo gobernador que no perseguirá a nadie, eso solamente significa que su inacción fomentará la impunidad. ¿O es porque finalmente Aguirre Rivero trabajó para la campaña del PRI? Y en esa misma perspectiva, ¿cuánto pesará en la conducta de Astudillo Flores haber declarado en su campaña que Zeferino Torreblanca –ante quien perdió en el 2005– ya es su amigo?
En una comprobación de que los titubeos de Héctor Astudillo son de fondo y que reflejan más de lo que él quisiera, dijo también que “los guerrerenses quieren ver a un gobernador decidido, pero también responsable, transparente, honesto, que trabaje, que no se enriquezca, que no ofenda a los ciudadanos y que se ocupe de los problemas de Guerrero”, lo cual suena muy bien y es cierto. Pero a esa expresión agregó la siguiente, en la que dice y se contradice: “Yo no ando persiguiendo a nadie, pero no voy a permitir la impunidad. No estoy viendo como un objetivo primordial a quién voy a meter a la cárcel o a quién le voy a hacer algo indebido, lo que Guerrero está esperando son mejores condiciones de vida”. (El Universal, 9 de junio de 2015).
Detrás de estas manifestaciones se encuentra la idea, que Astudillo Flores parece compartir, de que aplicar la ley a ex gobernadores es “algo indebido”, de que eso rompe la concordia y la paz (¿cuál?), el orden y la reconciliación, cuando es al revés, la falta de castigo y los arreglos en los oscuro nutren la simulación y la impunidad, y con ello obturan la justicia, rompen el Estado de derecho y el clima democrático.
Lo que Guerrero necesita es justicia, acabar con la impunidad, castigar los crímenes y la corrupción. Y para eso es preciso perseguir a los responsables con los instrumentos de la ley. Pretender que primero es la paz, el orden y la concordia es un falso programa. Sin justicia no habrá nada, y el PRI habrá regresado al poder en Guerrero para ser el mismo de siempre. ¿Para eso empleará Astudillo Flores el voto que recibió el 7 de junio?

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