Sesiona nuevamente el pleno del Congreso con los diputados que fracasaron en las elecciones

*Aprueba la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Después de mes y medio de receso, el Congreso local aprobó la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y una reforma federal para poder legislar en materia de desaparición forzada de personas y tortura.
Ayer se instaló el tercer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo, y se informó del regreso de seis diputados que habían pedido licencia para buscar nuevos cargos públicos y que se reincorporaron de inmediato.
Fue el caso de Víctor Salinas Salas, del PRD, que contendió por la alcaldía de Coyuca de Benítez; Mario Ramos del Carmen, que buscaba la diputación federal del distrito 04 en Acapulco por MC; del perredista Roger Arellano Sotelo, que buscaba repetir como presidente municipal de Acapetlahuaya; el mismo caso fue el del priista Eduardo Montaño Salinas por Ometepec; del perredista Miguel Ángel Cantorán Gatica, quien perdió en su aspiración de gobernar Chilapa, y Luisa Ayala Mondragón, de ser diputada federal por la Montaña.
En una segunda sesión se informó de las solicitudes de otros funcionarios, como presidentes municipales, regidores y síndicos procuradores que pidieron dejar sin efecto sus licencias para reincorporarse a sus cargos.
En el caso de Heliodoro Castillo, el presidente municipal perredista Mario Alberto Chávez Carbajal pidió regresar a su cargo; también regidores de San Marcos, Acapulco, Taxco y Pungarabato, Víctor Manuel Villanueva Hernández, Marco Antonio Cabada Arias, Venancio Díaz Arroyo y Rita Banderas Armenta, respectivamente, así como el síndico de Chilpancingo, Marco César Armenta Carbajal.
Se informó de la denuncia de juicio político contra el fiscal General del Estado, Miguel Ángel Godínez, contra el director general de presupuesto y administración y directora de recursos humanos dela Fiscalía, Eduardo Balbuena Herrera y Osiris Castañeda Hernández, respectivamente, que presentó el director general de Bienes Asegurados de la misma fiscalía, Miguel Betancourt Ramírez.
Llegó también la iniciativa de ley de protección al patrimonio cultural y natural del estado y municipios que envió el gobernador Rogelio Ortega Martínez.

Protección de los derechos de niños

En esa segunda sesión se presentó la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la que se les reconoce como titulares de derechos.
También se plantea que el Estado cumpla su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados y evitar que se sigan quebrantando.
En la ley se plantea que el gobierno del estado y municipios elaboren reglamentos y promuevan acciones para proteger el interés superior de la niñez, considerados en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niñas, niños y adolescentes e incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas.
Además, el Congreso local a propuesta del Poder Ejecutivo destinará en el presupuesto de egresos los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la ley, el cual será de carácter prioritario y no deberá ser menor al 40 por ciento del presupuesto asignado al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
También se votó por unanimidad a favor de la creación de la Universidad Tecnológica del Mar del estado y la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente como Organismos Públicos Descentralizados.
Los diputados asistentes aprobaron un acuerdo parlamentario por el que exhortaron al secretario Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, a que diseñe los mecanismos necesarios para aplicar un paquete de estímulos fiscales a todos los contribuyentes físicos y morales del estado, “y generar beneficios fiscales para todos los contribuyentes de las zonas afectadas por las constantes movilizaciones”.
También aprobaron un exhorto al Poder Ejecutivo Federal y a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, para que de manera inmediata, y en uso de sus facultades y atribuciones, garanticen “por ley”, que a partir del ejercicio fiscal 2016, “el no incremento a los precios de las gasolinas y diésel”.

Desaparición forzada y tortura

En una tercera sesión, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que presentó la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para reformar el artículo 73, en el inciso “a” de la fracción XXI de la Constitución Política federal, en materia de desaparición forzada de personas y de tortura.
La reforma establece que el Congreso tiene la facultad de expedir “las leyes generales en materia de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones” y que éstas considerarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.
El presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Bernardo Ortega, argumentó el dictamen y afirmó que la reforma otorga “mayor seguridad y garantía en el sentido de que se da respuesta a un reclamo de la ciudadanía en general, sobre la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en todo el país, como mínimo los tipos penales y las sanciones de las conductas delictivas”.
Y que esto servirá para dotar instrumentos normativos “de mayores capacidades institucionales para hacer frente a fenómenos delincuenciales, que todos reprochamos y condenamos”.