Los normalistas no estuvieron en la base de la policía de Iguala, confirma el presidente de la Codehum

*En una comparecencia en el Congreso, Ramón Navarrete informa que la mañana del 27 de septiembre revisó las instalaciones y no halló rastro de los estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos. Acudieron ayer al Legislativo los aspirantes a dirigir el organismo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Durante su comparecencia en el Congreso local como aspirante a la presidencia de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el presidente interino del organismo, Ramón Navarrete Magdaleno, dijo que la versión de que los 43 normalistas desaparecidos no  estuvieron en barandillas de Iguala “puede tener mucha razón, no pasaron por ahí”.
En un reportaje de la revista Proceso, publicado en este diario el domingo pasado, el juez de barandilla del ayuntamiento de Iguala en septiembre pasado, Ulises Bernabé García, reveló que los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa no fueron llevados a ese lugar y que tampoco llegaron ahí policías de Cocula, como lo apunta la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR).
En la comparecencia de Navarrete ayer, los diputados le preguntaron sobre la versión de que los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala no estuvieron en la base de la policía de ese municipio, como establece la versión oficial de la PGR, y que posteriormente fueron entregados a miembros del crimen organizado.
Navarrete Magdaleno narró que en cuanto supo de la primera agresión armada contra los normalistas, aproximadamente a las nueve de la noche del 26 de septiembre, se trasladó a Iguala, pero antes de llegar, en Mezcala se encontró un camión atravesado y dentro un agente del Ministerio Público baleado junto con una mujer.
Dijo que cuando amanecía decidieron acudir a barandilla, “hicimos una investigación con mis compañeros muy minuciosa, de encontrar cualquier indicio que nos llevara a asegurar que los muchachos estuvieron ahí, ustedes saben que las paredes son el mensaje para el que sigue, buscamos texto por texto de Ayotzinapa, la lucha, “el Che”, alguna colilla de cigarro o algo que se pudiera someter al proceso de ADN, una agujeta, un huarache, una pulsera… nada, nada de la minuciosa revisión”.
Comentó que revisaron todas las instalaciones hasta las azoteas de la policía preventiva municipal, incluso las bodegas, y que lo mismo hicieron en las instalaciones de la Policía Ministerial y Estatal, y después acudieron a la zona militar acompañados de padres de familias y normalistas pero no se les permitió el acceso.
Por eso dijo que la versión de que los estudiantes normalistas no fueron llevados a la base de la policía municipal “puede tener mucha razón, no pasaron por ahí”.

Las comparecencias

En la comparecencia encabezada por el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, estuvieron también la diputada del PVEM, Karen Castrejón, la priista Nybia  Solís, del MC Laura Arizmendi, del PAN Delfina Oliva, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Salazar, y Evencio Romero.
Navarrete Magdaleno inició su comparecencia hablando del caso de la detención y desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sobre el cual afirmó que modificó el esquema de “la búsqueda de la justicia que parece no llegar”.
Dijo que las instituciones tienen responsabilidad en lo que está pasando en el estado porque en muchos casos no están cumpliendo con su función, y comentó que en algunas ocasiones la Codehum llega a los lugares donde se han  cometido abusos antes que el Ministerio Público.
Afirmó que Guerrero está “en pañales en la defensa de los derechos humanos”.
Consideró que lo importante es que las instituciones resuelvan los problemas de los ciudadanos y así se eviten las manifestaciones y bloqueos que en muchos casos terminan en desalojos, averiguaciones previas y órdenes de aprehensión.
Navarrete Magdaleno llegó acompañado de trabajadores de la Codehum, que lo auxiliaron y tomaron fotografías.
Del surgimiento de movimientos de autodefensa, Ramón Navarrete recordó que el motivo de éstas es la ausencia del Estado en las regiones, aunque dijo que ahora han perdido la “brújula” porque ya no son lo que en su inicio fueron ante la sociedad.
También dijo que comparte la exigencia de justicia por parte de los padres de los estudiantes normalistas y de los alumnos de la escuela y el movimiento que los respalda, “pero nunca estaré avalando la violencia, ni sobre las cosas ni sobre las personas, y esta parte no le gusta al movimiento, porque quisieran que nos pusiéramos la capucha y nos fuéramos a luchar con ellos de esa manera, no lo vamos hacer”.
Por su parte, Gabriel Alonso Márquez, otro aspirante a dirigir el organismo, en su exposición habló de las limitantes que tiene la Codehum, la falta de operatividad y las limitantes que la legislación establece, por lo que es indispensable plantear nuevos principios jurídicos y figuras procesales acordes a los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado.
Planteó que las quejas o denuncias de violaciones de derechos humanos puedan ser anónimas y que se puedan realizar por diferentes vías de comunicación y no necesariamente de manera personal, y sin estar sujetas a la ratificación, porque los ciudadanos que acuden a la Codehum es porque se sienten vulnerados por una autoridad y seguramente tienen miedo y ese es el motivo por el que muchas denuncias se quedan en el primer paso.
También planteó que las multas administrativas impuestas por la Codehum no sean recurribles ante tribunales administrativos, para que puedan ser inatacables.
Propuso que haya un periodo probatorio de 30 días para ofrecer, preparar y desahogar pruebas, un término de cinco días para dictar resoluciones o recomendaciones, 24 horas para dictar medidas cautelares y otro término igual para las autoridades para informar su cumplimiento.
Planteó que el Congreso pueda llamar a comparecer a los servidores públicos para que les informen el porqué de una negativa de cumplir las recomendaciones y en su caso pueda solicitar la destitución de los funcionarios.
Pero para que el órgano pueda cumplir con su función consideró necesario reformar la ley que rige a la Codehum, y que se contemple que en procedimientos por violaciones graves a los derechos humanos no haya la mediación, conciliación o desistimiento y se realice una valoración del estado procesal de todos los expedientes.
Gabriel Alonso planteó también que en materia de desaparición forzada la comisión no sólo sea coadyuvante, sino órgano investigador y sancionador, y no la Fiscalía General del Estado (FGE), porque recordó que en muchos casos se acusa a la fiscalía de cometer ese delito.
Entre los comparecientes que aspiran a la presidencia de la Codehum está el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Seguridad Pública, Javier Morlet Macho, padre de Adriana Morlet, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desaparecida y de quien después hallaron sus restos óseos.
Morlet Macho dijo a los diputados locales que busca la presidencia de la Codehum no por un salario ni por el status que representa, sino por la necesidad de tener en Guerrero un ombudsman comprometido con las víctimas del delito, particularmente de desaparición forzada, ya que es un flagelo que se ha recrudecido en los últimos años.
A los diputados les afirmó que no responde a ningún interés político o económico, “sólo tengo un propósito que me motiva para estar aquí y es luchar porque el lugar donde vivo sea un mejor lugar, eso implica el luchar porque lo que me pasó a mí no le pase a ninguno de ustedes ni a nadie más, nadie merece tanto dolor”.
Morlet Macho dijo que aspira a brindar atención personalizada y profesional a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, para preservar la integridad de las personas.
Otro de los aspirantes fue el ex visitador de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, que renunció a su cargo por la intromisión del Poder Ejecutivo en el organismo, quien planteó que las tres funciones principales de los órganos de derechos humanos es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.
Pero dijo que en el caso de Guerrero no se puede apartar el contexto de la vida en el estado, que afirmó está convulsionado.
Lugo dijo que hay miles de asuntos pendientes en la Codehum por los trámites burocráticos que tienen en el organismo.
De las autodefensas dijo que esos grupos surgen ante la ineficacia del Estado de ofrecer seguridad, y consideró que si la seguridad pública no se garantiza como derecho fundamental, los ciudadanos tienen derecho de defenderse.
Señaló que es preocupante que esos grupos subsistan porque están en la ilegalidad, pero precisó que la solución es que el Estado asuma su obligación de garantizar la seguridad, para así dejar de tolerar a los grupos de autodefensa.
Pero separó el caso de los grupos armados dependientes de autoridades indígenas, porque están cobijados por instrumentos internacionales.
También compareció Román Jaimes Contreras, quien planteó una reestructuración del organismo defensor de los derechos humanos para que los programas estén acordes con la legislación, pero que se dé prioridad a las violaciones graves como tortura y desaparición forzada.
También comparecieron Enri-queta Cuevas Bahena, Cándido Cruz Vargas, Pedro Landa Moreno y Domingo Martínez Altamirano.
Hoy comparecerán Miguel Ángel Parra Bedrán, Rogelio Parra Silva, Alberto Sierra Abraján y Ángel Andrés Suazo Rodríguez y el aspirante Arturo Solís Felipe envió un oficio en el que informa que renunció a su derecho de participar en la convocatoria, sin especificar los motivos.