La presencia del crimen organizado tiene que ver con los asesinatos de nueve periodistas en Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Guerrero es uno de los ocho estados del país en donde, de acuerdo con las relatorías para la Libertad de Expresión y de Opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU), en los últimos años la mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas se cometen por la “fuerte presencia del crimen organizado”.
En el apartado sobre Guerrero del informe que dieron a conocer la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero Marino, y del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rué, el 24 de octubre en la ciudad de México y el 25 en Chilpancingo, destacan insistentemente la dificultad para ejercer el periodismo en este estado.
En las cifras de las dos relatorías, en esta entidad de 2006 a la fecha, han sido asesinados nueve periodistas, y citan los casos de Misael Tamayo Hernández, director del periódico El Despertar de la Costa, en Zihuatanejo, el 9 de noviembre de 2006; Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa México y conductor del noticiero Al Tanto, en Acapulco, el 6 de abril de 2007.
También el de Jean Paul Ibarra Ramírez, del Diario 21 de Iguala, el 13 de febrero de 2009; Juan Carlos Hernández, director del semanario El Quijote, de Taxco, el 27 de febrero de 2009; Juan Daniel Martínez Gil, conductor del noticiero W Guerrero del Grupo Radiorama, en Acapulco, el 27 de julio 2009; Jorge Ochoa Martínez, editor de los semanarios El Sol de la Costa y El Oportuno, el 29 de enero de este año.
Otros son el de Evaristo Pacheco Solís, reportero del semanario Visión Informativa, de Chilpancingo, el 15 de marzo, y los más recientes de Juan Francisco Rodríguez Ríos, corresponsal de El Sol de Acapulco y su esposa, Elvira Hernández Galeana, editora del semanario Nueva Línea asesinados el 28 de junio de 2010 en Coyuca de Benítez.
Pero antes está en calidad de desaparecido Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista Mundo Político.
Sin embargo, según las cifras actualizadas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) son 11 los asesinatos contra periodistas en Guerrero durante siete años.
Los datos del organismo indican además, que de 2000 a 2010 documentó 82 quejas en agravio a trabajadores de la comunicación, principalmente por violación al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la integridad y seguridad personal, y de entre estos datos se destaca que el 2002 fue el año de mayor incidencia, con 12 quejas, mientras que en 2007 se registraron 10.
Sobre los 11 asesinatos contra periodistas, registrados de 2003 a 2010, nueve de ellos fueron victimados durante la administración de Zeferino Torreblanca Galindo.
Las relatorías señalan en su informe que en los últimos años la mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas se concentran en entidades federativas “que cuentan con fuerte presencia del crimen organizado”, incluyendo, entre otros, a los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
Y señalan que en algunos de dichos estados hay comunidades “totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de violencia e impunidad”.
“Según la información recibida de múltiples fuentes, en algunos estados con una fuerte presencia del crimen organizado como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse, y no registrar hechos de extrema violencia que ocurren en su localidad, los cuales son reportados, en el mejor de los casos, por la prensa nacional o internacional”, indica el informe.
Concretamente en el caso de Guerrero las relatorías señalan que fueron informadas de “algunos casos en los cuales se estarían utilizando otros tipos penales para limitar el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente tratándose de expresiones en el marco de actos de protesta social”.
Ponen como ejemplo el caso del defensor de derechos humanos Raúl Hernández, líder indígena de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), quien fue preso en Ayutla en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, por el delito de homicidio, pero que al final fue liberado por falta de elementos de prueba.
Las relatorías recuerdan que “la protesta social es importante para la consolidación de la vida democrática y que, en general, dicha forma de participación en la vida pública, en tanto ejercicio de la libertad de expresión, reviste un interés social imperativo”.
Las relatorías señalan que, adicionalmente, en el estado de Guerrero, recibieron información sobre la existencia de una demanda civil iniciada en el año 2007 contra periodistas de El Sur, a raíz de la publicación de información de interés público sobre la asignación de contratos estatales, en referencia a la demanda contra El Sur y reporteros de este medio por el hermano del gobernador Torreblanca Galindo.