Margarita Warnholtz

¿La ley indígena para cuándo?

En diciembre de 2013, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz anunció que estaba preparando una iniciativa de ley para pueblos indígenas que podría estar terminada en febrero de 2014. Según dijo en esa ocasión, la propuesta retomaría los Acuerdos de San Andrés, así como elementos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informó además que, en el programa gestorial de la Secretaría de Gobernación 2013-2018 (publicado en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 2013) se estableció el compromiso de impulsar la armonización de la legislación nacional con la mencionada declaración de la ONU.
En febrero de 2014, en lugar de presentar la iniciativa de ley en cuestión, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (junto con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados) llevó a cabo el foro Derechos indígenas y armonización legislativa, al que asistieron líderes indígenas de distintas partes del país para discutir el tema. Al final del evento, Martínez Veloz manifestó su intención de que México llegara a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que se realizaría en septiembre en Naciones Unidas, con una ley ya aprobada por el Congreso.
Hoy, casi año y medio después, seguimos esperando tanto la iniciativa de ley, como la armonización legislativa. Después de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, en la que por supuesto México informó que estaba trabajando sobre el tema, se olvidó el asunto prácticamente por completo. Mientras otras leyes y reformas se presentan y se aprueban al vapor, algunas de ellas violatorias de los derechos indígenas, parece ser que la ley indígena y la armonización legislativa mencionada, tendrán que esperar, si bien nos va, al final del sexenio; o bien se convertirán en uno de tantos compromisos no cumplidos a los pueblos indígenas, y sus derechos continuarán siendo violados.
La ley para los pueblos indígenas debería regular, por ejemplo, la consulta previa, libre e informada, que hasta la fecha, cuando se llega a realizar, se hace con base en un protocolo elaborado por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que dista mucho de ser una ley. También, según afirmó el mismo Martínez Veloz, incluiría la creación de una Procuraduría de Justicia de los Derechos Indígenas, propuesta hecha por el etnólogo José del Val desde enero de 2014 (http://mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/439-en-un-modelo-extremo-de-desigualdad-social) y planteada directamente al comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México en noviembre pasado, en un programa de televisión trasmitido por canal 11.
Asimismo, una ley indígena tendría que considerar y regular la cuestión de la elección de presidentes municipales por el sistema de usos y costumbres, así como la creación de una circunscripción especial para senadores y diputados indígenas, que se elijan sin tener que ver con los partidos políticos. También tendría que incluir temas como la educación bilingüe e intercultural, el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación y el derecho al territorio, entre otros.
Sin embargo, parece ser que estos y otros elementos que debiera contener la ley, no solamente no son prioridad ni para el gobierno en turno ni para los legisladores, sino que afectarían sus intereses, y los de las grandes empresas nacionales y trasnacionales; así que, lo más probable es que nos quedemos varios años más esperándola.