Resolver las apelaciones a los autos de prisión contra Suástegui, pide Tlachinollan al TSJ

*En un documento, el organismo de derechos humanos señala que el arresto del vocero del Cecop fue arbitrario pues se le imputaron delitos que no cometió, además de que el proceso penal ha tenido irregularidades

Redacción

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, urgió a los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en Acapulco, a resolver las tres apelaciones pendientes a los autos de formal prisión contra el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Al cumplirse un año de la detención del vocero, el organismo que se encarga de su defensa señaló que se evidencia criminalización del derecho a la protesta y que el arresto fue arbitrario pues se le imputaron delitos que no cometió.
Mediante un comunicado, Tlachinollan indica que ha documentado y presentado ante el Poder Judicial una lista de las violaciones al proceso y a sus derechos humanos.
“Después de una serie de violaciones al debido proceso y a la defensa adecuada, la Fiscalía General del Estado logró consolidar y consignar –en tiempo récord– cinco averiguaciones previas por los delitos de  ataques a las vías de comunicación, despojo, lesiones simples, lesiones agravadas y robo”, denunció el organismo.
Y agregó que tres de esos expedientes se encuentran ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), que es la instancia que debe resolver.
Sin embargo añade que la Segunda Sala Penal del máximo tribunal del estado “ha dilatado las decisiones sobre los recursos de apelación sin fundamento alguno, retrasando el procesos; ejemplo de ello es que las audiencias de vista están programadas hasta agosto y septiembre”.
Tlachinollan se quejó de que el proceso penal contra Marco Antonio Suástegui tiene irregularidades, “las cuales han sido evidenciadas en dos juicios de amparo interpuestos, donde la justicia federal ya ha protegido al defensor comunitario”.
Recordó que el amparo 1034/2014 contra el auto de formal prisión evidenció violaciones al proceso, entre ellas que al momento de tomar la declaración de Marco Antonio en ningún momento se le permitió contar con un abogado de su confianza, “no se le permitió comunicación con su familia, no se le permitió reconocer su autoadcripción a un pueblo indígena y además nunca se le informó de los delitos de que se le acusaban”.
Denuncia que otras irregularidades quedaron evidenciadas en el amparo 649/2014, en el cual se demostró la ilegalidad del traslado de Marco Antonio al Centro Federal de Reinserción Social de Tepic, Nayarit, debido a que no fue justificado dentro del proceso jurídico por las autoridades estatales que así lo solicitaron.
Tlachinollan menciona que con el traslado de Suástegui Muñoz se violaron sus garantías a la legalidad, su derecho a una defensa adecuada y a un trato igualitario ante la ley.
“A pesar de la decisión del Poder Judicial de la Federación, el Ejecutivo estatal demoró sin fundamento el traslado del integrante del Cecop a Guerrero, lo que evidenció –una vez más– el trasfondo de la criminalización en el proceso contra el defensor”, se quejó el organismo.
Indica en el documento que una inconsistencia más es la carencia de pruebas en la causa penal, de modo que no se corrobora legalmente que el vocero cometió los delitos que se le imputan.
“Tales irregularidades han trascendido al resultado del auto de formal prisión dictado en su contra, y en esta tesitura tales violaciones procesales debilitan la causa penal por lo que amerita su libertad inmediata”, se menciona.
Añade que aunado a lo anterior, Marco Antonio ha aportado un cúmulo de pruebas que demuestran de manera contundente su inocencia. “No es posible soslayar el contexto de criminalización de personas defensoras en Guerrero y el uso político del Poder Judicial por parte del Ejecutivo para tal efecto, lo que hemos denunciado y documentado por décadas”.
Finalmente Tlachinollan demandó a los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado a que “a la brevedad valoren con imparcialidad las pruebas ofrecidas en los recursos de apelación a los autos de formal prisión dictados contra Marco Antonio Suástegui, y resuelvan la libertad inmediata del defensor comunitario”.
Marco Antonio Suástegui fue detenido el 17 de junio de 2014 en Acapulco.