Controlará el INE los gastos del PT y del Partido Humanista para sus campañas

José David Estrada / Agencia Reforma

Ciudad de México

Para poder gastar dinero en la campaña electoral de Chiapas y en una eventual elección extraordinaria, los dirigentes del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Humanista (PH) deberán contar con autorización de los interventores que nombró el Instituto Nacional Electoral, afirmó el consejero Ciro Murayama.
“De aquí a que concluya la campaña electoral, estos partidos podrán seguir participando en estos procesos y, eventualmente, en algún proceso electoral extraordinario que se llegara a dar. Es con la autorización del interventor. Van a tener toda la libertad (para gastar) con esta autorización”, apuntó el presidente de la Comisión de Fiscalización.
Durante la sesión del INE del miércoles pasado, representantes de los partidos políticos solicitaron a los consejeros permitir que el PT y el Humanista ejercieran con libertad los recursos para la campaña chiapaneca.
Luego de que el INE nombró a Dionisio Ramos Zepeda y Gerardo Sierra Arrazola como interventores del PH y el PT, respectivamente, Murayama apuntó el viernes que ambos funcionarios recibirán un pago por la labor que desempeñarán, sin que se haya fijado el monto.
“En una sociedad justa, el trabajo debe ser remunerado. (La cantidad) no se ha determinado, depende de la carga de trabajo, si es sólo prevención, si es liquidación y, en su momento, tendrá que pasar por la parte contractual en la que se involucre la dirección ejecutiva de administración”, explicó el consejero.
Ramos Zepeda fue el responsable del proceso de liquidación del Partido Social Demócrata en 2009, procedimiento en el que, afirmó, hubo lagunas legales que ahora se corrigieron.
“Cuando un partido llegaba a la revocación de su registro ya no le daban prerrogativas y quedaba en la insolvencia total. Hoy aún se les dan prerrogativas para solventar la deuda, principalmente con los trabajadores del partido”, dijo.
En el proceso de liquidación, añadió, primero se debe garantizar el pago a la plantillas de trabajadores y, enseguida, a los acreedores, quienes pueden recibir sólo un porcentaje de la deuda, en función de los recursos con los que cuente el partido.
“Se deben pagar impuestos, cuotas del seguro social, del Infonavit y a los acreedores que hicieron algún trabajo de campañas electorales”, enumeró.
Incluso apuntó que en el proceso de liquidación se puede aplicar una graduación de acreedores, en la que se establecen los pagos, y cuando el dinero disponible no alcanza, se hace un prorrateo: en lugar de un peso, son 80, 60 centavos.