Vidulfo Rosales Sierra

Marco Antonio Suástegui: la tierra no se vende se ama y se defiende

“Por veinte años debemos impedir a este cerebro de funcionar”. Esta expresión del acusador condensaba los motivos reales para imponer una condena de veinte años a Antonio Gramsci.
Los jefes del régimen del apartheid en Sudáfrica no lo confesaron expresamente, pero los 27 años de encarcelamiento injusto de Nelson Mandela tenían las mismas motivaciones.
Ambos convirtieron la prisión en una trinchera de lucha más. El primero escribió los voluminosos cuadernos de la cárcel (Cuaderni del Carcere) un análisis riguroso y auténtico del pensamiento de Marx y el segundo con el estudio y el análisis forjó y templó la figura de un gran dirigente social oxigenando así desde la prisión la resistencia y la lucha por la liberación de Sudáfrica.
Era un hecho inobjetable que se trataba de dos grandes pensadores y luchadores sociales que aspiraban a forjar una sociedad libre, justa e igualitaria, sin embargo para esos regímenes de gobierno se trataba de un peligro para sus instituciones y el orden establecido y por ello los desprestigiaron, descalificaron y estigmatizaron como delincuentes.
A estas alturas nadie en su sano juicio cuestionaría que el cautiverio de Ricardo Flores Magón, Gandhi, Gramsci y Nelson Mandela fueron injustos y que los regímenes de ese entonces los silenciaron y persiguieron para frenar la lucha por la libertad de sus pueblos.
A la fecha en nuestro país decenas de maestros de la CNTE, dirigentes campesinos que defienden sus territorios e indígenas que ejercen su derecho a sus sistemas normativos se encuentran presos injustamente en cárceles de máxima seguridad. Los compañeros pasan los días en condiciones de aislamiento y exterminio en estos centros penitenciarios que debieran ser utilizados de manera excepcional y para casos de delincuencia organizada. Los activistas del Frente Popular Revolucionario de Oaxaca se encuentran en este tipo de penales por haber participado en el boicot electoral, mientras que los pocos detenidos por delincuencia organizada están en penales ordinarios.
En Guerrero es ilustrativo el caso de los dirigentes de la Policía Comunitaria y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) que están en cautiverio por ejercer y defender sus derechos. Los primeros en agosto cumplirán dos años en prisión y Marco Antonio Suástegui Muñoz cumplió uno este 17 de junio.
Marco Antonio Suástegui Muñoz nació en Cacahuatepec, municipio de Acapulco, la parte rural del puerto. Desde niño ayudó a sus padres en las labores del campo, gracias al apoyo de sus hermanos pudo estudiar la carrera de arquitectura. Al término de la misma regresó al Acapulco rural y de inmediato se integró a la lucha por el territorio de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. El 28 de julio del año 2003 campesinos de los poblados de Garrapatas y San José decidieron parar la actividad de la CFE que sin permiso empezó a realizar los trabajos preliminares de construcción de la hidroeléctrica La Parota. Desde entonces Marco destacó por su valentía, carisma, sensibilidad, capacidad de oratoria, claridad y contundencia en sus planteamientos. Decenas de campesinos lo siguieron sin vacilaciones. En los próximos años gracias a la resistencia y movilización persistente de los pueblos del núcleo de Cacahuatepec ganarían la mayoría de los juicios agrarios y con ello descarrilaron el jugoso negocio de gobiernos, banqueros y empresarios expoliadores.
En el 2013 azotados por la delincuencia organizada que empezó a incursionar el Acapulco rural, varios pueblos anexos de Cacahuatepec organizados por Marco Antonio formaron su Policía Comunitaria. A fines de ese mismo año el huracán Ingrid y Manuel le pegó fuertemente a los pueblos ubicados al margen del río Papagayo, la presa La Venta no aguantó contener la gran cantidad de agua almacenada, rompió y desbordó las compuertas y la corriente arrasó terrenos, cultivos y casas. El mero pueblo de Cacahuatepec quedó casi en su totalidad sepultado bajo cuatro metros de arena. Los pobladores no sabían qué hacer. De nueva cuenta Marco recorrió los pueblos y les dijo que no quedaba otro camino más que organizarse para exigir la reconstrucción de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Después de un análisis en la asamblea concluyeron que dos circunstancias agravaron más el siniestro. El primero la irresponsabilidad de la CFE al no tomar medidas precautorias para evitar el desbordamiento de la presa y la extracción irracional de grava y arena del río Papagayo que realizan empresarios de otros lugares.
Es emblemático el caso del empresario Humberto Marín originario y vecino del puerto de Acapulco. Hace varias décadas llegó a los Bienes Comunales concretamente al poblado de Parotillas sin ser avecindado como la ley agraria lo exige compró varios terrenos a orillas del río Papagayo y en seguida estableció su maquinaria y empezó a extraer grava y arena sin que alguna autoridad supervise si su actividad extractiva se ajusta a los volúmenes legalmente autorizados o si cumple con las medidas de mitigación que le ordena la concesión. Cuando se enteró de que construirían una hidroeléctrica compró más terrenos en ese lugar y otros poblados que eventualmente serían afectados de concretarse el proyecto. Su objetivo era vender al triple los terrenos. Todo esto fue analizado por los pueblos afectados y en asamblea decidieron citar al empresario y solicitarle suspender las labores extractivas hasta en tanto las autoridades ambientales hicieran una inspección al área de extracción. Nunca acudió a las citas, por ello los pueblos decidieron parar las actividades del empresario y clausurar simbólicamente sus instalaciones.
A todo esto el empresario reaccionó con virulencia interponiendo varias acciones legales, entre las que destaca un supuesto robo y despojo. De inmediato fue recibida la denuncia, se le dio trámite y en un par de días se libró una orden de aprehensión sin tener pruebas suficientes. El 17 de junio del año pasado fue detenido con violencia en Acapulco cuando salía de su casa. Después de proferirle vejaciones y malos tratos lo trasladaron al penal de La Unión y al otro día al de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Resulta desproporcionado el despliegue del aparato de justicia y centros penitenciarios de máxima seguridad para castigar a un luchador social reconocido y querido por las comunidades de Cacahuatepec. El gobierno ha construido una imagen de Marco Antonio y de todos los presos políticos de peligrosidad. Son personas que incendian, destruyen, roban y secuestran, por ello se justifica su encierro.
No confundamos, son peligrosos para los adinerados que se aprestan a robar los recursos naturales. Para los delincuentes que extorsionan, secuestran, matan y envenenan con droga a nuestra gente y para el gobierno y sus instituciones que los protegen.
Marco Antonio, Nestora, Gonzalo, Arturo, Bernardino y Ángel son personas que han transcendido. Han abandonado el individualismo, el egoísmo, la mezquindad y la avaricia. Se han entregado en cuerpo y alma a defender a los otros, a los de enfrente, a los paisanos, para que transiten sin ser asaltados, para que el pequeño comerciante no sea extorsionado, para que el ciudadano de a pie que no tiene para pagar guardias de seguridad personales no sea secuestrado y asesinado y para que el campesino tenga tierra, agua, casa y comida. Han decido que para ellos nada, para los demás todo.
Por eso debiera darnos vergüenza nuestro confort, pasividad, silencio, insensibilidad e indiferencia. Desde la casa, la escuela, la parcela, la oficina y el barrio debemos exigir su libertad inmediata.