Nestora presentó a jefes del Ejército y la Marina y al gobernador Aguirre videos de violaciones a niños, y sólo ganó la cárcel, revela

Lourdes Chávez

Ciudad de México

La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, confió en el gobierno y ganó la prisión.
En entrevista en la torre médica de la cárcel de Tepepan, reveló que presentó al almirante de la Marina, al general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero una serie de videos sobre violaciones de niños.
Indicó que con el gobernador se acordó llevar el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), pero debió tocar fuertes intereses porque ella terminó en una prisión federal de máxima seguridad. De las violaciones nada se investigó ni se mencionó.
En cuanto al síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, que también fue sometido a un proceso de reeducación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), luego de que lo sorprendieron recuperando una vaca y una camioneta vinculados a un doble homicidio y robo de ganado, estimó que fue la gota que derramó el vaso.
Recordó que, entre otras, también señaló irregularidades en el centro de salud, “esas denuncias me tienen aquí, porque se afectó a mucha gente. Ingenuamente confié en el gobierno, pero lo que gané fue la cárcel”.
Aclaró que los videos de las violaciones los encontraron en teléfonos celulares de adolescentes que fueron sometidas al sistema de reeducación de la CRAC, por quienes después la acusaron de secuestro y la detuvieron el 21 de agosto de 2013.
Reveló que antes le ofrecieron dinero para dejar en libertad a varias personas retenidas bajo la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígenas, que reconoce a la CRAC como institución de seguridad, justicia y reeducación comunitaria.
Pero el dinero nunca fue su interés, de lo contrario no se habrían enviado a los infractores a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres. Aseguró que en un careo, nadie le podría sostener las acusaciones en su contra.
Añadió que si el gobierno no supo medir las consecuencias de la Ley 701, que da amplios poderes a los pueblos, no es responsabilidad de la Policía Comunitaria. La obligación del Estado es respetar la norma que se sustenta en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y dejar en libertad a los presos de la CRAC.
Indicó que cuando se sumó al movimiento por la seguridad en Olinalá, no sabía la magnitud de los problemas en el municipio, luego escuchó en los pueblos: “señor, nos están matando a nuestros hijos, a una mujer que ya encontró a su hijo despedazado… como madre, nunca me gustaría que un niño mío pasara con un dolor de esto”, dijo conmovida.
Reveló que emigró desde los 18 años a Estados Unidos con una hija en brazos, y aprendió a educar a sus hijos en la cultura americana, donde los menores son el mayor bien del país, “si un niño se cae tienes la obligación de levantarlo”. Consideró que en México, las violaciones a los niños y a la juventud serían igualmente condenados. No fue así.
Pese de la separación de su familia y las vejaciones en prisión, aseguró que no se arrepiente, está orgullosa de haber participado en un movimiento ciudadano por la seguridad, que en 2012 logró la unidad de toda población. De ese movimiento surgió la Policía Comunitaria de Olinalá que después se incorporó a la CRAC.
Consideró que la unidad fue posible por el miedo y el hartazgo de la población, “pero más que nada por el miedo, y Olinalá fue un ejemplo para que otros pueblos siguieran el mismo camino”. En 2013, en diferentes municipios surgieron en cascada los movimientos de autodefensa.
“Parece que lo predije, cuando declaro que ya no le tenía miedo a los delincuentes, sino al gobierno que nos quiere desaparecer, hasta la delincuencia nos respetó, el que quiso destruirnos fue el gobierno”.
Consideró que en un sistema obsoleto, el gobierno tiene que usar la fuerza pública para tener un control que ya no tiene, y demuestra el poder que le resta con represión y persecución, “porque tiene miedo y no puede controlar ni a su gente, ni a los marinos, ni al Ejército, ni a los policías. Usa la fuerza pública para matar, para fabricar delitos por el miedo, porque el sistema les ha fallado”.
Como ejemplo señaló el homicidio en Tlapa durante las elecciones del activista Antonio Vivar, de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, asesinados el 26 de septiembre en Iguala y los 43 desaparecidos, “asusta a la gente con muerte”.
Pero añadió que la gente sólo se calma siendo escuchada, resolviendo sus problemas con justicia.
“En México, la situación de inseguridad es muy fuerte. Les duele que les haya dicho que el sistema está corrompido, que estando encerrada, mi voz se escuchó”.