Forma un bloque contra la represión la CRAC de Eliseo con los Pueblos Fundadores; anuncian nuevo reglamento

*Los asesores Pablo Guzmán y Valentín Hernández pactaron con el gobierno el desmantelamiento de la organización desde 2010, acusan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes de seis casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con presencia en 12 municipios de las regiones Costa Chica y Montaña, anunciaron  un proceso de unificación para protegerse de la criminalización que sufren del gobierno, pero al margen de la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán.
En conferencia de prensa también informaron que van a renovar el reglamento de la CRAC.
En la iniciativa participan las casas de Santa Cruz del Rincón, de El Rincón Chautla en Chilapa (que coordinan los pueblos fundadores de la CRAC encabezados por Cirino Plácido Valerio), la de Zitlaltepec en el municipio de Malinaltepec, la de Juchitán en el municipio homónimo y la de Cochoapa en Ometepec, las dos últimas que promovió el líder Eliseo Villar Castillo, financiado por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y ahora preso en el penal de Acapulco.
El representante de Santa Cruz del Rincón, Cirino Plácido afirmó que la CRAC no quiere una confrontación con el Estado, que busca coordinación sin subordinación.
Denunció que el convenio que firmó el gobernador Rogelio Ortega Martínez con la Casa de Justicia matriz (también conocida como la de El Tamarindo y contraria a este bloque), somete a la institución comunitaria.
Aseguró que tienen una mesa de trabajo con el gobierno estatal, pero los funcionarios insisten en subordinarlos.
Planteó que si el Estado los deja en paz, ellos desaparecen de la escena pública y se dedican a trabajar en sus pueblos.
Recordó que los pueblos fundadores de la CRAC nunca aceptaron la credencialización de los policías comunitarios con el gobernador anterior ni el dinero para impartir justicia y seguridad (como lo hizo Eliseo Villar).
En cuanto a la confrontación más evidente entre los bloques de Villar Castillo y la casa matriz, cuyo coordinador más visible es Abad García, indicó que los señalamientos mutuos son “acusaciones del comal”.
Recordó que con Ángel Aguirre, Eliseo Villar tuvo todo el respaldo  institucional, y sus enemigos más acérrimos son ahora funcionarios  en el gabinete de Rogelio Ortega Martínez, en clara referencia al asesor del gobernador, Pablo Guzmán Hernández quien fue asesor de la Casa de Justicia matriz.
En la conferencia se le preguntó si pugnarán por la libertad de Villar Castillo y de Adelaida Hernández, los coordinadores de Juchitán expulsados por la casa matriz, y contestó que buscarán la libertad de todos los presos políticos en Guerrero.
Participó en la conferencia la consejera de la Casa de Justicia de Xitlaltepec, Beatriz Gálvez Macario, mamá de Samuel, un joven policía comunitario preso en Chilpancingo por la portación de un arma durante una operación del sistema de seguridad y justicia comunitario.
En una declaración de principios denunciaron al asesor del gobernador, Pablo Guzmán y al asesor de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Valentín Hernández Chapa de haber pactado el desmantelamiento de la CRAC desde el año 2010.
Los expositores coincidieron en que ambos personajes, lograron la división interna entre comunidades y policías comunitarios cuyo costo fue la detención de los liderazgos de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, y luego de otros luchadores sociales.
Asimismo recordaron que en  2013 durante el surgimientos de los grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), estos personajes acusaron a sus militantes y al dirigente Bruno Plácido Valerio (hermano de Cirino) de gobiernista y paramilitar “ahora, ¿qué podrían decirnos ellos al respecto?”.
Recordó que desde su conformación en 1995 la Policía Comunitaria y posteriormente la CRAC han sido perseguidos, asesinados, encarcelados y otros cooptados por las autoridades.
Recordaron que existe una línea del gobierno federal para fabricar delitos y encarcelar a líderes, activistas y autoridades comunitarias.
Exigieron a los tres ámbitos de gobierno respeto a la CRAC como una institución de gobierno comunitario, en  el entendido de que los pueblos y comunidades en Guerrero tienen legítimos derechos, autonomía y libre determinación.
Precisaron que no son de ningún partido político ni organización donde unos cuantos se disputan el poder para negociar con el gobierno.
Anunciaron que las seis casas de justicia van a regularizar a la institución renovando el reglamento interno, y depurando cada uno de los grupos de policías comunitarios, ratificando y nombrando nuevos coordinadores, comandantes y consejeros dignos de ocupar los cargos de la organización, que son honoríficos.