EDITORIAL : Intimidación de la PGR

EDITORIAL

Intimidación de la PGR

Ayer alrededor de las 3 de la tarde un agente de la Procuraduría General de la República se prensentó en la Redacción de El Sur en Acapulco para interrogar a la reportera Magdalena Cisneros.
Llevaba un oficio en el que aparecía el texto de una denuncia anónima, aparentemente recibida en el llamado C-4, en la que se involucra a la reportera en la organización de una reunión de un grupo de la delincuencia organizada.
La llamada fue recibida a las 9:23 de la mañana del miércoles 3 de agosto pasado; es decir, hace exactamente tres meses, y hacía referencia a una reunión que se estaría celebrando en ese momento en un edificio de Acapulco por parte de “personas del sexo masculino relacionadas con la delincuencia organizada” convocada por una señora y “su cómplice” Magdalena Cisneros “quien colabora en el periódico El Sur”.
Se trata claramente de un despropósito que, en primer lugar, confirma la pésima calidad de la investigación policiaca en México. Tres meses después la PGR investiga una denuncia anónima sobre un hecho que presuntamente estaba ocurriendo en el momento en que se recibió la llamada. Suponemos que ya no encontró a nadie en ese edificio, si alguna vez se celebró allí la reunión señalada.
Luego, tuvo tres meses para darse cuenta que la reportera de El Sur es una ciudadana de un comportamiento cívico impecable y una reportera que se distingue por su profesionalismo y capacidad de trabajo, virtudes reconocidas en todas las fuentes que le ha tocado cubrir. Por estas cualidades con frecuencia cubre la función de coordinadora de información de este periódico.
A propósito, uno de los que supo de esta situación desde hace tres meses fue el secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Ramón Almonte Borja, quien no fue capaz de decirle a la autoridad federal que la denuncia referida era un sinsentido, pues él conoce muy bien a la reportera. O el funcionario del gobierno de Ángel Aguire no se coordina con las autoridades federales, o éstas no le hacen caso o hace como que le da credibilidad a ese infundio que ha servido para hostigar a nuestra compañera y, con ella, a todos los que aquí trabajamos
Pareciera que el procedimiento policial es solamente un exceso de burocratismo. Alguien en la Delegación de la PGR diría que existe por allí un expediente que hay que seguir nomás por cumplir el trámite. Pero la historia de trato hostil que ha recibido nuestro periódico de parte de autoridades federales y estatales nos lleva a sospechar que se trata de un acto intimidatorio.
No es nuevo para nosotros corroborar que las instituciones se preocupan menos por perseguir a los que violan la ley, y más por molestar y presionar o reprimir a entidades o ciudadanos que resultan incómodos al gobierno, a sus fuerzas de seguridad o incluso a los poderes fácticos.
Por eso hacemos pública esta denuncia. Como siempre lo hemos subrayado en otros momentos de hostigamiento a nuestro periódico o a sus reporteros, tampoco ahora estamos demandando un trato de excepción frente a la ley. Solamente decimos que si de esto se tratara, las autoridades del Ministerio Público federal jamás le hubiesen hecho caso a una denuncia anónima a todas luces descabellada.