La ley de amnistía, sin efecto en delitos federales, advierte Bernardo Ortega

*Considera inaplicable la comisión consultiva que propuso el gobernador para decidir quiénes serán los beneficiarios

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, afirmó que será necesario que el gobierno federal elabore su propia ley de amnistía, porque de lo contrario será difícil que los luchadores sociales encarcelados puedan salir porque a la ley de amnistía local no se podrán acoger los presos por delitos federales.
También informó que en la propuesta del gobernador Rogelio Ortega Martínez hay varios puntos que tendrán que ser modificados, además de que no será una comisión la que defina quienes encajan en la ley que debe ser general.
Comentó que la iniciativa de ley “está limitada o acotada”, por lo que la tendrán que modificar porque de no hacerlo “se nos puede complicar” al intentar aplicarla, por eso dijo que será un tema del que analizarán el impacto que generará.
Dijo que los diputados tienen “puntos de vista diferentes” sobre el proyecto que envió el gobernador al Congreso local, “porque sí, la que se propone viene media compleja”.
Pero comentó que en el Con-greso ya se “ordenó” trabajar en una propuesta que complemente la del Ejecutivo, en la que se incorporen las opiniones del Poder Legislativo.
Entre los puntos de la propuesta de la ley que envió el gobernador con los que no están de acuerdo, está la creación de un consejo ciudadano, en referencia a la comisión de amnistía, encargada de revisar los actos necesarios para la aplicación objetiva de esta ley, y que estará integrada por representantes del poder público del estado.
Esa comisión estaría integrada por Ortega Martínez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Salazar Marchán, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Lambertina Galeana Marín, y tres representantes de la sociedad civil.
Según la propuesta, esa comisión tendría como tarea analizar minuciosamente cada uno de los casos para determinar la existencia o no de las condiciones legales para aplicarla, y por unanimidad o por mayoría de votos determinar quiénes pueden acogerse a la amnistía.
Sus labores no excederían del 26 de octubre de este año, fecha de término de la vigencia de la ley propuesta.
Bernardo Ortega insistió en que “una ley no funciona así, que alguien tenga que vigilar si se aplica o no”, por eso adelantó que realizarán modificaciones porque subrayó que la ley es aplicable.
Dijo que la comisión tampoco puede decir quién puede o no ser beneficiario de la ley y que entrarán todos los que estén en el marco de los supuestos establecidos en la legislación, por lo que la comisión no tendría razón de ser y que antes de aprobar la ley de amnistía los diputados tendrán que asegurarse de dejarla completamente delimitada en sus alcances.
Otras de las observaciones a la propuesta del gobernador es la de los derechos y protección de las víctimas que pueden también recurrir a tribunales para que sus derechos no sean violados, y en ese caso dijo que tendrán mucho cuidado antes de aprobarla.
Sin embargo dijo que hay una coincidencia entre los diputados de aprobar la ley antes de que concluya la legislatura, “es un tema de alta prioridad”, pero que tendrán que analizar los delitos que encuadran.
Dijo que de los detenidos hay muchos que son por delitos federales, como portación de armas de uso exclusivo o ataques a las vías de comunicación federales, a los que no alcanzará la ley que el Congreso pueda aprobar, además de los delitos graves como el secuestro.
“No es sencillo”, dijo, y explicó que se necesita llegar a acuerdos con el gobierno federal para el desistimiento de las acciones penales o en su caso que también pudieran enviar al Congreso una propuesta de ley de amnistía que contemple esos delitos.
Se le preguntó si ya había avances en la propuesta al gobierno federal para que se busque la manera de una segunda ley de amnistía, pero adelantó que eso le corresponde al gobernador Rogelio Ortega, porque el Congreso puede aprobar una ley que no tendrá el alcance necesario para liberar a “los llamados presos de conciencia”, dijo el perredista.
También se le preguntó por el proceso de designación del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que había anunciado que se podría dar esta semana y que ayer se definiría la terna que presentarían al pleno.
Ortega Jiménez comentó que sí hablaron de las comparecencias de los aspirantes a la presidencia de la Codehum y una “valoración” de las ponencias de los aspirantes.
Pero hasta ayer no había propuestas de los integrantes de la terna que presentarán al pleno, por lo que acordaron con los integrantes de la Comisión de Gobierno que darán la información de los aspirantes a los integrantes de sus fracciones y que en la próxima reunión presentarán las propuestas de los diputados.
El miércoles o jueves que se vuelva a reunir la Comisión de Gobierno las fracciones presentarán las propuestas de los diputados que la integran a partir de las que realizarán la terna que presentarán al pleno la próxima semana.
Afirmó que en la reunión de ayer ninguno de los diputados quiso opinar respecto a quién ven como viable para el cargo, pero sí acordaron que la elección del próximo presidente de la Codehum no pasará de la próxima semana.
Dijo que en los próximos días, tras tener la terna de propuestas, “entonces si iniciará el cabildeo intenso” para acordar quién pudiera quedar al frente del órgano defensor de los derechos humanos.

Bloquean familiares de Gonzalo Molina una calle en la capital; demandan la libertad de los presos políticos

Luego de una hora de bloqueo en la avenida Juárez de esta ciudad, familiares del promotor de la Policía Comunitaria en Tixtla, Gonzalo Molina González, comprometieron al presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, a pedir por escrito al Poder Judicial el reconocimiento de la Ley de Amnistía, por la libertad de los presos políticos.
A media vía pública el Ombudsman recibió el escrito donde se relatan las violaciones a los derechos y al debido proceso de los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), detenidos del  21 de agosto al 1 de diciembre de 2013: Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Ángel García García, Benito Morales Justo, Florentino García Castro, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina y Arturo Campos Herrera.
Para probar que sus compañeros no cometieron los delitos de los que se les acusa, la mayoría por secuestro y delincuencia organizada presuntamente contra personas sometidas a reeducación, los activistas mencionaron los preceptos de la Constitución, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con detalle la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena que reconoce a la CRAC como un sistema normativo de los pueblos y comunidades.
Magdaleno Navarrete recordó que la institución se ha pronunciado porque se respete el debido proceso de los integrantes de la Policía Comunitaria, y afirmó que en Guerrero son muy necesarios los movimientos ciudadanos por la seguridad, y en este sentido se le pidió que hiciera extensivo ese mensaje a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al Congreso del Estado, y que ahí incluyera la legislación que los ampara para ejercer labores de seguridad y justicia comunitaria.
La hija de Molina Gonzalez llevaba una pancarta con la leyenda “mi papá no es terrorista”.
Por separado, Navarrete Magdaleno indicó que en la legislación de la Codehum no se maneja el término de preso político, que será el Congreso del estado a través de la Ley de Amnistía la que dé esa categoría a los luchadores sociales que solicitan su libertad.
Precisó que no está en su competencia determinar la libertad, pero sí se puede pronunciar por la justicia, particularmente en los casos de la CRAC.
Añadió que las Policías Comunitarias son muy necesarias en Guerrero, pero se requiere más unidad y revisión de su reglamento porque también hay inconformidades de los familiares de los detenidos.
Convocó a esa organización a cumplir con cabalidad la responsabilidad que han tomado, porque es necesaria en Guerrero. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).