No aceptará la credencialización ni dinero del gobierno, responde la casa matriz de la CRAC

*Cuando lograron revocar el cargo y expulsar a Eliseo Villar Castillo del territorio, el bloque de San Luis Acatlán planteó la unidad y Cirino Plácido bloqueó las asambleas donde se trataría el tema, “se cerró en que él era el fundador supremo, pero ahora que Villar está preso busca dirigir a la gente que dejó suelta”, acusa Valentín Hernández

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El convenio del gobierno del estado con las casas de justicia de San Luis Acatlán y Espino Blanco no vulnera ni compromete la autonomía de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), porque no van a aceptar la credencialización de la Policía Comunitaria por el Estado, ni el presupuesto del gobierno sea federal o estatal.
En un comunicado los representantes de esas casas de justicias respondieron a la conferencia de prensa de un nuevo bloque de policías comunitarias que conformaron seis casas de justicia encabezadas por los dirigentes Cirino Plácido Valerio y Eliseo Villar Castillo (preso en la cárcel de Las Cruces, en Acapulco), quienes denunciaron que el acuerdo del gobernador Rogelio Ortega Martínez con la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, somete a la institución comunitaria.
Ante la clara confrontación de los bloques, subrayaron que San Luis Acatlán y Espino Blanco no aceptarán la credencialización de la Policía Comunitaria por el Ejército, ni el dinero del gobierno estatal o federal “porque la experiencia que tuvimos con la gestión anterior nos perjudicó profundamente, dejando en la memoria de nuestros pueblos la huella de que el dinero nos divide”.
Consideraron que el anunció de Ortega Martínez, en San Luis Acatlán, de que pedirá presupuesto para las policías comunitarias en 2016 “alborotó la conocida avaricia por el dinero que tienen esos líderes que tanto critican al gobierno, en el día lo critican y en la noche se acuestan con él”.
Convocaron a los pueblos a no caer en confrontación ni en señalamientos personales, “porque la política de desprestigio hace mucho daño a nuestra organización”.
De las acusaciones del asesor Valentín Hernández Chapa, y el ex coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y ahora asesor del gobernador, Pablo Guzmán Hernández, de pactar el desmantelamiento de la CRAC con el gobierno, dijeron que su trabajo es avalado por los consejeros.
“Para nosotros representan una fortaleza enorme, ya que representan la experiencia y sabiduría, la sensatez para no provocar confrontaciones estériles entre organizaciones o entre pueblos, lo cual es muy lamentable”, defienden.
Detallan que en el proceso de unificación que comenzaron el año pasado integraron a 122 comunidades, lo que consta en actas de asamblea firmadas por comisarios en San Luis Acatlán, Chilixtlahuaca, Espino Blanco, Cacahuatepec, Tecoanapa, Huamuxtitlán, Tixtla y Acapulco.

Cirino Plácido es paramilitar, insiste Hernández Chapa

Por separado, Valentín Hernández Chapa señaló que desde que se constituyó como institución de seguridad y justicia, la CRAC buscó la coordinación de la Policía Comunitaria con el Estado, y las acusaciones de Cirino Plácido contra él y Pablo Guzmán no son nuevas.
Vía telefónica sobre la denuncia de Cirino Plácido de que él y Pablo Guzmán pactaron el desmantelamiento de la institución desde 2010, dijo que todos en la región saben quienes denigraron y cosecharon el trabajo de 20 años de la CRAC, en alusión a los hermanos Cirino y Bruno Plácido Valerio.
Como referencia relató que en junio de 2013 Cirino Plácido se separó de la casa matriz y fundó la Casa de Justicia de los Pueblos Fundadores, en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, alegando que Hernández Chapa y Guzmán Hernández impusieron como coordinador de San Luis Acatlán a Eliseo Villar Castillo.
Para agosto de ese año cuando el grupo de San Luis denunció “el entreguismos de Villar Castillo al exgobernador, Ángel Aguirre Rivero, Cirino se aprestó a tomar la Casa de Justicia matriz -también conocida como la de El Tamarindo-, tratando de imponerse sobre Eliseo y nosotros, pero sólo consiguió ser perseguido por Eliseo”.
Asimismo dijo que cuando denunciaron el fraude de Eliseo Villar en marzo de 2014, Eliseo aprehendió a cinco días a los consejeros Armando Zavala, Ignacio Navarro, y a él, “y Cirino y su grupo se mantuvieron a la expectativa sin mover un dedo por la organización”.
Cuando al fin lograron revocar el cargo y expulsar a Villar Castillo del territorio, el bloque de San Luis planteó la unidad y Cirino Plácido bloqueó las asambleas donde se trataría este tema, “se cerro en que él era el fundador supremo, pero ahora que Villar está preso busca dirigir a la gente que (aquel) dejó suelta”.
Consideró que en el nuevo escenario político, sale a figurar ante la prensa pero antes “se ha jactado con reporteros de haber detenido a colaboradores del ERPI en Tierra Colorada, Malinaltepec, en operativos conjuntos con el sistema ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y eso se llama paramilitarismo”.

El convenio con el estado se
puede revocar

Del convenio que la Casa de Justicia de San Luis Acatlán firmó con el gobernador Ortega Martínez, dijo que pueden revisarlo, mejorarlo e incluso deslindarse.
Aclaró que nada se habló en las mesas de diálogo del presupuesto para las policías comunitarias que anunció Ortega Martínez en una visita a San Luis Acatlán, “ojalá lo planteara formalmente para llevar el tema entre el gobierno y las instancias formales”.
Del convenio de coordinación con el gobernador dijo que se planteó el equipamiento de la Policía Comunitaria, la acreditación y certificación de los grupos pero, “no sujetándonos a los estándares del gobierno y del sistema”.
Señaló que la CRAC pidió el reconocimiento de la Comunitaria en sus modos de actuar y de ser electos y en su desempeño, “porque mucho se ha criticado y señalado que la PC, como es de gente indígena sin instrucción escolar, es una policía que da un trato salvaje, bárbaro, lo cual no es cierto”.
De la acreditación aseguró que no existe necesidad de ir a una licencia colectiva 110 (como la que otorga el Ejército a los ayuntamientos para que puedan portar armamento de alto calibre) o de la Secretaría de Seguridad Pública, “planteamos interactuar con el Estado en la instrucción, capacitación, que no se dejaría en forma exclusiva al gobierno”.
Con sus propios recursos ellos también han promovido capacitaciones de primeros auxilios, de protección civil y derechos humanos.
Precisó que la única interlocución es con el estado, se sigue buscando el diálogo con la federación y el Congreso local que no pueden ignorar a la institución comunitaria.
Señaló que en los hechos todas las entidades de gobierno deben interactuar con la CRAC, como autoridad de seguridad y justicia comunitaria, reconocida por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, “para que no detengan a más compañeros. No tiene porque desconocer nuestras funciones y nuestras actuaciones”.
Insistió en que los presos de la CRAC siguen en la cárcel por motivos políticos, con cargos fabricados, “porque los compañeros actuaron en cumplimiento de sus funciones, no tienen porque haberlos encarcelado, vemos que fue una orden de Ángel Aguirre Rivero, que desde agosto de 2013 desconoció la Casa de Justicia de El Paraíso, y con ello se dio lugar a la represión y encarcelamiento de nuestros compañeros”.
Señaló que durante mucho tiempo han habido un sin número de acusaciones en su contra, pero no replicó antes en aras de no acentuar el conflicto, “pero ellos abonan al agravio, a restarnos legitimidad”.