Se quejan de la lentitud en la investigación del asesinato de un campesino de la sierra de Petatlán

No se han dictado medidas de protección para las víctimas de la violencia que están en peligro, señalan

Maribel Gutiérrez
Dos meses depués del asesinato del campesino Zenaido Ruiz Martínez, en El Timbirichal, sierra de Petatlán, cometido de acuerdo con testigos por seis hombres de la familia Torres de la comunidad de La Morena, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) apenas hizo la exhumación del cuerpo, necesaria para las investigaciones.
Además de la exhumación que se realizó en el panteón de El Parazal, el más cercano a El Zapotillal donde mataron a Zenaido el 25 de junio, y las declaraciones de denuncia de su hermana Natalia Ruiz Martínez, de su mamá, Febrionia Martínez, y de un niño que también fue testigo del asesinato, nada más ha hecho la Procuraduría para responder a la demanda de justicia que presentó la familia y la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, a la que pertenecía Zenaido.
Natalia Ruiz Martínez, de 22 años, originaria de El Timbirichal, sierra de Petatlán, declaró que fue testigo del asesinato de su hermano Zenaido, el 25 de junio, y señala directamente a los que lo mataron, porque los vio y los conoce, y declaró que son Felipe, Alejandro, Alberto y Narciso Torres Cruz, su papá Narciso Torres Rosas, y un desconocido que iba con ellos.?Además denunció la impunidad, que permite la Procuraduría de Justicia, porque tres veces fue a la agencia del Ministerio Público de Petatlán, y ahí se negaron a admitir la denuncia, y los familiares, tres de ellos testigos directos, tuvieron que trasladarse a Chilpancingo, y en las oficinas centrales de la Procuraduría abrieron el expediente, cuando ya habían pasado 20 días del asesinato.
La joven cuenta los días exactos: dos meses y dos días, que han pasado desde el asesinato de Zenaido hasta la exhumación y, en una evaluación, en entrevista telefónica, considera que casi no se ha avanzado nada, y ha pasado mucho tiempo.
Mientras tanto, Natalia sigue en peligro, lo mismo que sus hijos y sus padres y muchas familias de la sierra que han huido amenazadas por los Torres de La Morena, que siguen con la protección de la Policía del Estado, en respuesta a la petición de medidas cautelares que hicieron organismos oficiales de derechos humanos desde abril.
Desde que presentó la denuncia en la Procuraduría en Chilpancingo, el 14 de julio, Natalia arriesga su vida para demandar justicia, y que después de la denuncia que hizo en la Procuraduría y en medios de comunicación fue víctima de amenazas directas de enviados de la familia Torres, y que para escapar de la muerte ha tenido que esconderse, con sus niños de uno y 3 años. No puede regresar a su casa, no puede trabajar ni salir a la calle, para que los Torres no cumplan la amenaza de muerte a ella y a sus niños.
Vive con miedo, y se queja de que no ha tenido la protección de las autoridades del gobierno de Guerrero.
Tras la amenaza de muerte que Natalia recibió de hombres armados que en la madrugada del 27 de julio se metieron a la casa en que se encontraba en Zihuatanejo, la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán pidió al gobierno medidas de protección para la joven denunciante, de 22 años, madre soltera de dos niños.
La coordinadora de la Organización, Eva Alarcón Ortiz, informó que la secretaria de la Mujer del gobierno del estado, Rosario Herrera Ascencio, se puso en contacto con ella y presentó a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) la solicitud de medidas cautelares. Pero hasta este día no hay ninguna protección.
Natalia Ruiz dice que agradece la intención de la secretaria de la Mujer, pero considera que su caso es urgente.
En la entrevista, demanda protección. “Espero que se haga justicia. Le pido al procurador que me ponga resguardo, porque corre peligro mi vida y la de mis hijos. Muchas familias están sufriendo y nadie hace caso”.
También, da un mensaje de sus padres, Febronia Martínez Saucedo y Saúl Ruiz Véjar: “Piden que se haga justicia igual que yo. Y piden a las autoridades que entiendan el dolor que se siente perder un hijo, y que piden que se haga caso a las denuncias para que se haga justicia, y para que en esta región de la sierra de Petatlán haya paz”.
Febronia y Saúl tuvieron quer huir de El Timbirichal, después del asesinato de su hijo Zenaido el 25 de junio. Se vieron obligados a irse a otro estado, porque también están amenazados de muerte por los Torres de La Morena. Se vieron obligados a dejar su casa, su pueblo, su poco ganado, sus terreno, sus siembras; donde están no tienen nada, pero su prioridad es demandar justicia por el asesinato de su hijo, del que Febronia fue testigo directa”.
El la sierra de Petatlán de la ruta de La Botella, en la que durante todo este año, mediante amenazas y asesinatos, los Torres de La Morena han obligado a la mayoría de las familias a abandonar sus pueblos, el éxodo siguió en el último mes.
“Siguieron corriendo más gente, ahora ya casi no queda nadie”, dice Natalia, y pone el ejemplo de El Parazal, en el que estuvo el viernes pasado, en el panteón, donde se hizo la exhumación del cuerpo de su hermano. “En El Parazal, donde había 30 casas, hay sólo cinco con pocos hombres, los pocos que se quedan son mujeres y niños, y los que no se pueden ir, aunque quieran, porque no tienen dinero para salir. En todos los pueblos de la sierra, como El Zapotillal, han corrido más gente. Todos andan con miedo, otros ya se fueron. Las escuelas están cerradas”.

Exhumación con resguardo de un pelotón del Ejército

La exhumación del cuerpo de Zenaido estaba prevista para el viernes 12 de agosto, después de que el presidente y dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Marcial Bautosta Valle, y otros dirigentes de la misma, se reunieron con el procurador Alberto López Rosas, y le pidieron agilizar las investigaciones del caso de Zenaido Ruiz Martínes. Pero se pospuso para la semana siguiente, y finalmente, después de lo previsto, se llevó a cabo el viernes 26 de agosto.
La tardanza de más de dos semanas se debe a que, primero faltaba el médico forense, el Ejército no podía enviar tropas para resguardo porque estaban ocupadas. Sin el resguardo de los militares, los testigos del crimen, los peritos, agentes del Ministerio Público, ni aun los policías, podían subir a El Timbirichal y a El Parazal, por temor a un ataque de los Torres.
Natalia Ruiz informó que el 26 le confirmó el fiscal de la región de la Costa Grande Jorge Evert González Ruiz, que ese día se iba a llevar a cabo la exhumación, iban peritos de criminalística, médicos forenses, policías del estado y de la Investigadora Ministerial, el Ejército del 19 Batallón de Infantería de Petatlán, el agente del Ministerio Público de Petatlán, y personal de la funeraria San José de Zihuatanejo.
“Nos reunimos a las 8 en el Ministerio Público de Petatlán. Fue necesario llevar militares, tenemos miedo, nos fueran a balear los Torres”, dice Natalia.
Informa que la exhumación se hizo en el panteón de El Parazal, donde el cuerpo fue sepultado el 26 de junio. “Yo llegué, les señalé donde estaba, rocié agua bendita, hice unas oraciones”.
Mientras, con un agente del Ministerio Público y otros peritos Natalia fue al lugar donde fue asesinado su hermano. “Fuimos al Timbirichal, les mostré la casa donde lo sacaron, el lugar donde lo estaban maniando (amarrando las manos), el lugar adonde lo mataron. El agente del Ministerio Público tomó fotos de todo”.
“Además, enseñé a los peritos un hilo con el que le habían amarrado las manos, yo lo desamarré y guardé el hilo, era de dos colores, como de seda, negro y amarillo”, indica.
Los peritos en el panteón revisaron dónde tenía los impactos de bala, hicieron la necropsia. Vieron que el cuerpo de Zenaido tenía siete balazos, de por lo menos tres armas distintas: dos de cuerno de chivo, uno de escopeta porque tenía nueve postazos en el ombligo, y los otros eran de otra arma.
Después de cinco horas, dice Natalia, dejaron el cuerpo donde estaba, lo echaron a la sepultura y lo taparon, y ella quiere agradecer al fiscal regional, Jorge Evert González Ruiz, porque dice que él ayudó a que se realizara la exhumación y a que participara el Ejército, si no, no habría ningún avance en las investigaciones.
De regreso, cuenta la joven, esperaron a los militares en El Parazal, porque ahí se les descompuso un carro y lo arreglaron, porque nadie quiso seguir por la carretera sin el resguardo del Ejército.

Temo que me hagan algo

Natalia Ruiz dice que después de la amenaza de muerte para ella y para sus hijos que recibió el 27 de julio, no ha tenido más, pero vive con temor. “No me han amenzado, pero he visto gente que es familia de ellos, y temo que me hagan algo, he visto gente de ellos, halcones de ellos, temo que me hagan algo a mí, a mis hijos, a mi familia”.
Insiste en la demanda de las medidas cautelares, y responde a una declaración del secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno del estado, Ramón Almonte Borja, quien el 28 de julio, luego de que Natalia fue amenazada de muerte, dijo que no podía otorgar medidas de seguridad especial para ella o para las familias amenazadas de la sierra.
“Ese tema es muy importante, supe mediante el periódico que Ramón Almonte Borja decía que no le podía poner protección a una sola persona. Quiero decirle a este señor que no es una persona a la que va a proteger, en mi caso son tres, y pregunto que si para él la vida de una persona no vale. Pedimos que proteja a los que estamos en peligro, al las víctimas, y le recuerdo que por eso muchas personas no denuncian. Ya me hubieran matado, y todo porque busco la justicia, porque quiero que se haga justicia”.