Se pretende cargar a trabajadores deuda de ayuntamientos con el ISSSPEG, denuncian

Un total de 66 millones 968 mil 405 pesos es la deuda que tienen seis ayuntamientos y dos organismos operadores de agua potable con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), según un documento interno de la agrupación Secciones Unidas del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
Dicha deuda, en la cual destaca la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), con 50 millones 562 mil 87 pesos, es la causa de que el gobierno del estado y el SUSPEG pretendan una reforma a la ley del ISSSPEG, cargando el déficit a los trabajadores, a quienes se les pretende incrementar las cuotas de aportación al instituto y ampliar el periodo para jubilarse.
Según Secciones Unidas del SUSPEG, agrupación disidente en ese sindicato e integrada con dirigentes seccionales, el ISSSPEG se encuentra en “quiebra” y en “bancarrota”, no sólo por esos adeudos que arrastra desde hace varios años por parte de ayuntamientos y organismos públicos descentralizados morosos, sino por la mala administración de las propiedades que tiene ese instituto, como el Conjunto Turístico Jacarandas en Chilpancingo y el Conjunto Turístico Balcones al Mar en Acapulco.
Lo cual consideran injusto, pues por la grave crisis económica que existe en el ISSSPEG están retenidos desde hace por lo menos dos años los préstamos “y las jubilaciones están en peligro”, por lo que urgen, mediante un documento, a que el Congreso local apruebe la reforma a la Ley del ISSSPEG, pero no en los términos en que fue propuesta por el ex gobernador Zeferino Torreblanca, sino con las contrapropuestas que Secciones Unidas del SUSPEG ha hecho llegar a los diputados.
Informan que la CAPAMA tiene un adeudo de 32 millones 699 mil 958 pesos, mas 17 millones 862 mil 129 pesos de intereses moratorios, lo que da un total de 50 millones 562 mil, 87 pesos.
El ayuntamiento de Chilpancingo adeuda 5 millones 513 mil 340 pesos; el de Iguala, 2 millones 841 mil 527 pesos, así como intereses moratorios por un millón 239 mil 788 pesos, lo que da un adeudo total de 4 millones 81 mil 316 pesos.
Mientras tanto, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI) adeuda 2 millones 188 mil 530 pesos, así como intereses de 2 millones 757 mil 240 pesos, lo que da un total de 4 millones 945 mil 771 pesos.
El ayuntamiento de Atoyac adeuda 600 mil 953 pesos, más intereses por 66 mil 839 pesos, que dan un total de 667 mil 792 pesos; el ayuntamiento de Cuajinicuilapa adeuda 503 mil 620 pesos más intereses por 323 mil 85 pesos, lo que da un total de 826 mil 705 pesos.
Tepecoacuilco adeuda 151 mil 61 pesos, más intereses por 72 mil 384 pesos, lo que da un adeudo total de 223 mil 445 pesos, mientras que el ayuntamiento de Florencio Villarreal debe 110 mil 524 pesos, más intereses por 37 mil 421 pesos, lo que da un total de 147 mil 945 pesos.
De acuerdo con Secciones Unidas del SUSPEG, el gobierno estatal, la dirigencia del SUSPEG que encabeza David Guzmán Sagredo, así como el director del ISSSPEG y ex secretario general de ese sindicato, Luís Román Miranda, pretenden cargar la deuda de 66 millones de pesos a los trabajadores, pues avalan las reformas a la ley de ese instituto tal y como las propuso al Congreso local el ex gobernador Zeferino Torreblanca.
Secciones Unidas del SUSPEG ha propuesto al Congreso local que para que el instituto esté en condiciones de otorgar las prestaciones económicas a los derechohabientes actuales, se contemple en el próximo ejercicio fiscal un presupuesto con la finalidad de fortalecer al ISSSPEG por única vez por un monto de 300 millones de pesos, “en razón de que los préstamos son una demanda constante de los trabajadores, mismos que en estos momentos han sido suspendidos, generando una inconformidad y predisposición negativa a cualquier reforma, ocasionando además que los derechohabientes estén endeudados con acreedores que cobran altísimos intereses”.
Asimismo, plantea que en el momento de entrar en vigor la ley, las entidades deudoras paguen el capital y los respectivos intereses al instituto, o “por lo menos que celebren con éste un convenio de eficaz ejecución, en el que se obligue a que en un periodo máximo de un año cubrirán los saldos respectivos tomando como base la Tasa de interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más un interés del 50 por ciento anual.
Asimismo, pide que la ley faculte al gobernador para retener de las partidas presupuestales el cobro de los adeudos. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).