Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Ayotzinapa a nueve meses: la indignación sigue

De tanto en tanto alguien desde el exterior le recuerda al gobierno de México la importancia que tiene para la humanidad el asesinato y la desaparición de los estudiantes normalistas ocurrido hace nueve meses en Iguala, y la necesidad de que el caso sea resuelto con los criterios de la justicia. Esta vez fue el juez español Baltasar Garzón, quien dijo antier que “es una vergüenza para la humanidad que no haya todavía una respuesta contundente desde el Estado, desde la justicia y desde la comunidad en general”. En una visita al país, Garzón expresó además que “no podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda y quede impune. Hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino para evitar que vuelva a suceder un hecho como el de Ayotzinapa”.
Pero hasta ahora, ninguna de las escandalizadas reacciones internacionales (del gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea o de organizaciones defensoras de derechos humanos) ha podido romper la monolítica postura sostenida por el gobierno de Enrique Peña Nieto en este caso, quien ha preferido soportar el desprestigio que eso le ocasiona antes que procurar justicia.
Lo anterior ha hecho que después de nueve meses de un auténtico viacrucis infructuoso, parezca que el olvido y la indiferencia es el único futuro que se extiende para los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Pero no es así.
Aun cuando la rutina y el agotamiento han disminuido el vigor de las movilizaciones en busca de los estudiantes y de la verdad sobre su destino, lo cierto es que permanece intacta la indignación social y la exigencia de justicia por los acontecimientos del 26 de septiembre, y que el gobierno sigue sin aclarar los hechos y sin ofrecer respuestas satisfactorias.
Para todos los efectos, es como si la noche de Iguala hubiera ocurrido ayer. El gobierno elaboró una versión endeble que, en su afán de sacudirse el problema y pasar a otra cosa cuanto antes, posterga la búsqueda de la verdad y el compromiso con la justicia. Ni las más de cien detenciones practicadas por la Procuraduría General de la República han podido dotar de credibilidad a la llamada “verdad histórica”.
Además, la posición oficial despierta suspicacia porque se advierte en ella la pretensión de encubrir el verdadero papel que las corporaciones policiacas y el Ejército pudieron haber tenido en el curso de aquellas horas sangrientas en las calles de Iguala, suspicacia que se acrecienta conforme afloran en la prensa testimonios y datos que desmienten la versión preparada por la PGR.
Pero a pesar de toda la determinación que el gobierno ha puesto en la tarea de imponer su “verdad” sobre el caso Ayotzinapa, ésta no se ha impuesto, ni en el país ni en el mundo, y la percepción generalizada es que es falsa. Porque en gran medida lo es, como lo reflejan las palabras del juez Garzón.
En el segundo informe que presentó en abril sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a entender que no compartía la “verdad histórica” de la PGR, y planteó a las autoridades mexicanas realizar una nueva investigación de lo sucedido, para lo cual dijo haber proporcionado a la PGR algunas ideas. No dio a conocer cuáles eran esas ideas, pero es posible que el grupo de la CIDH se refiriera a la vertiente militar. La PGR no ha emprendido una nueva investigación, ni reorientado la que se supone sigue su curso. Antes de lo anterior, el 18 de marzo el grupo de expertos propuso al gobierno de Enrique Peña Nieto reclasificar como desaparición forzada los delitos de los cuales estaban acusados los más de cien detenidos, propuesta a la cual la PGR también se negó. Más recientemente, el grupo de la CIDH informó que solicitó al gobierno federal entrevistar a los militares del 27 Batallón de Infantería que estaban de servicio el 26 de septiembre en Iguala, pero las autoridades han demorado su respuesta y es previsible que ésta sea negativa.
Se consume así el periodo de seis meses acordado entre el gobierno de Peña Nieto y la CIDH para que el grupo de expertos revise la investigación del caso Ayotzinapa –lapso que comenzó en marzo y terminará en agosto–, sin que el Estado haga el menor caso a las recomendaciones de los representantes del organismo interamericano.
Esa cerrazón sólo puede obedecer y explicarse por la decisión del gobierno de mantener a toda costa la versión ya adoptada por la PGR de que los jóvenes fueron asesinados, incinerados y arrojados a un río por un grupo de sicarios del cártel de los Guerreros Unidos en connivencia con las policías municipales de Iguala y Cocula, y por órdenes del entonces alcalde perredista José Luis Abarca. El efecto de esa cerrazón del gobierno es el descrédito, la suspicacia y la indignación, que por muy intensas que sean tampoco cambian la actitud gubernamental.
Hace quince días el escritor Jorge Castañeda recomendó al movimiento de los padres de los normalistas dejar atrás la exigencia de la presentación con vida de los estudiantes, en el entendido de que no están vivos y carece de sentido demandar un imposible, y adoptar otra consigna con el riesgo de que su movimiento desaparezca. Lo significativo es que el analista se haya sumado así al fastidio que el gobierno muestra hacia los padres, y en cambio haya dejado de lado el reclamo al gobierno.
Sin embargo, pese a que reproduce la posición gubernamental, Castañeda tiene razón en que el movimiento normalista deberá reconformarse, sin replegarse. Cuando termine la misión de la CIDH en agosto, y cerca de que se cumpla el primer aniversario del ataque, se presentará la oportunidad de realizar un balance de la lucha del movimiento normalista y hacer los reajustes necesarios. La indignación requiere ser reorientada, y si el gobierno no se mueve, lo deben hacer los padres. ¿Qué hacer? La clave es la indignación que ahí sigue.

Nueve meses después…

¿Por qué aseguró la PGR ayer las instalaciones de la policía municipal de Iguala? Si lo hizo para buscar indicios de los 43 normalistas, como se informó, parece haber llegado con algo de retraso, y si lo hizo para dar la apariencia de que continúa trabajando en el caso, se trata de una acción banal.
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