Marchan miles en el DF a nueve meses de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Familiares de los jóvenes, estudiantes, activistas e integrantes de organizaciones sociales y sindicatos se unen al repudio por la impunidad. “Lo que a nosotros nos interesa es saber a dónde tienen a los muchachos”, reitera Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas

Arcelia  Maya / Agencia Reforma

Ciudad de México

A nueve meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares de los jóvenes, estudiantes, activistas e integrantes de organizaciones sociales y sindicatos marchan del Ángel de la Independencia rumbo a Bellas Artes.
Con pancartas que muestran los rostros de los normalistas, sus padres y familiares encabezaron el contingente, que avanzó sobre Paseo de la Reforma y en el que participaron 2 mil 500 personas, según cifras de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
Sobre esta avenida, policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF) realizaron cortes viales en los carriles centrales.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los estudiantes, advirtió que la orden de aprehensión que se giró contra el ex edil de Iguala José Luis Abarca por los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014 no parará la lucha de los padres.
“Lo que a nosotros nos interesa es saber a dónde tienen a los muchachos, a los 43 jóvenes que se llevaron. La Sedena informa, por medio de un escrito, que uno de los alumnos desaparecidos es un soldado en activo. Esto es una muestra más que pretenden desestabilizar el movimiento”, reprochó el líder, y afirmó que el delito contra los normalistas fue un crimen de Estado.
Melitón Ortega, papá de uno de los desaparecidos, expresó que la elecciones del 7 de junio en Guerrero estuvieron manchadas de sangre por la muerte de una persona en Tixtla.
“Le queremos decir al pueblo que la lucha de los padres de los 43 sigue con más fuerza.
“El 7 de junio fueron una elecciones de farsa, de impunidad. El día 7 demostramos esa fuerza de manifestación contra las elecciones de este país”, dijo.
Integrantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente que participaron en la protesta se uniformaron con camisetas rojas y el logotipo de su organización.
“¡No nos falta uno, no nos faltan 10. Presentación con vida a los 43!”, coreó por su parte un grupo de inconformes que se reunió al pie del Ángel de la Independencia.
“¡De Iguala a Los Pinos están los asesinos!”, agregó otro grupo de estudiantes que portaron cartulinas en las que exigen justicia para el caso Ayotzinapa.

Denuncian intentos oficiales de soborno

El Gobierno federal y estatal de Guerrero ha visitado uno por uno a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa para ofrecerles carros, casas y hasta tres millones de pesos como reparación del daño y para que den por muertos a sus hijos.
Así lo denunciaron ayer en un mitin en Bellas Artes Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, y padres de los desaparecidos.
“El soborno está llegando, pero se les olvida que a los padres les falta un hijo y que los hijos no tienen precio.
“A algunos padres de familia les han ofrecido un millón, dos millones o tres. A algunos les dan una hoja en blanco para que pongan la cantidad. Esto empezó desde el inicio. A todos les han ofrecido dinero”, enfatizó De la Cruz.
Epifanio Álvarez, papá de José Álvarez Nava, denunció que el Gobierno federal trata de dividirlos al ofrecerles dinero a cambio de su silencio.
Eleucadio Ortega Carlos, padre de Mauricio Ortega Valerio, afirmó que las protestas no pararán hasta encontrar a sus hijos.
“Nos han ofrecido dinero por nuestros hijos, pero nosotros les decimos que no. Aunque nos ofrezcan 30 millones por nuestros hijos. Que nos entreguen a nuestros hijos y eso es lo que se aceptamos”, enfatizó.
Ayer, familiares, estudiantes, integrantes de organizaciones sociales, de sindicatos y activistas marcharon del Ángel de la Independencia a Bellas Artes para conmemorar los nueve meses de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala.
En Guerrero, activistas bloquearon brevemente uno de los carriles de la Autopista de Sol, mientras que en Tixtla tomaron la sede alterna del ayuntamiento.
También hubo manifestaciones en Zihuatanejo, Tlapa, en Puebla y otros estados.

Claman por justicia a 20 años de la matanza de Aguas Blancas

En vísperas de que se cumplan 20 años de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, viudas de los fallecidos exigieron castigo a los responsables y reparación “integral” de daños.

Ocurrido el 28 de junio de 1995, el caso de Aguas Blancas, en el que participaron policías del estado de Guerrero, derivó en la renuncia un año después del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a quien los sobrevivientes y familiares de las víctimas señalan como el responsable intelectual de la masacre.
Acompañadas por su abogado José Sánchez Sánchez, cuatro de 16 viudas –uno de los asesinados no era casado–, se solidarizaron con las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, y marcharon junto a ellos la tarde de este viernes en la ciudad de México.
Las mujeres denunciaron que, durante los últimos 20 años, en su clamor de justicia ellas y sus hijos han sido víctimas de persecución, hostigamiento y amenazas.
También señalaron que a pesar de que fueron beneficiadas de un reporte final de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 49/97 y publicado en febrero de 1998 porque “se trató de un crimen de Estado”, hasta ahora no se ha cumplido a cabalidad la serie de recomendaciones emitidas por el organismo regional.
De acuerdo con el informe, entre las recomendaciones finales de la CIDH destaca la realización de una investigación “seria imparcial y efectiva” de los hechos conforme a las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 23 de abril de 1996, por la que se encontró responsabilidad al entonces gobernador Rubén Figueroa y altos funcionarios.
Asimismo, la CIDH recomendó “ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del gobierno del estado de Guerrero” identificados en la resolución de la SCJN.
Entre las medidas de reparación, la CIDH instó al Estado mexicano a “otorgar una indemnización adecuada a los familiares de las personas ejecutadas, y a las víctimas sobrevivientes de los hechos de Aguas Blancas, y prestar la debida atención médica a aquellas víctimas que lo necesiten, como consecuencia de las heridas recibidas en los hechos”.
De acuerdo con el abogado de las viudas, son 17 familias las que tendrían que ser beneficiadas y 43 sobrevivientes, “algunos de los cuales ya han muerto por el paso del tiempo y la desatención, la mayoría en la extrema pobreza”, Sánchez Sánchez llamó al gobierno federal y al de Guerrero a atender a cabalidad las recomendaciones de la CIDH a más tardar el l próximo mes y, de no ser así, acudirían nuevamente al organismo interamericano. (Agencia Proceso / Ciudad de México)