Entregará “un estado en paz y armonía”, asegura Ortega en plena ola de violencia

* El lunes será presentado el equipo que se encargará de la entrega-recepción del gobierno

* Relaciona el gobernador a los policías municipales con las ejecuciones en Acapulco y anuncia una nueva estrategia de seguridad para el puerto redistribuyendo en distintas zonas a las fuerzas municipales, estatales y federales

* Informa que 170 policías estatales buscan a los cuatro desaparecidos en Xolapa

* Da a conocer que las empresas mineras pagan hasta cien mil dólares mensuales al crimen organizado

* La policía de Acapulco no se mueve sola, le responde el alcalde Uruñuela

* Marchan en la Costera familiares de los dos médicos y dos profesionistas; exigen su presentación con vida y responsabilizan a “policías comunitarios”  de lo ocurrido

*Con el jefe de la Pepsi suman tres levantados en Teloloapan en un mes, dice el presidente municipal

Entregará a Héctor Astudillo “un estado
en paz y armonía”, dice Rogelio Ortega

El lunes será presentado el equipo que se encargará de la entrega-recepción del gobierno. Culpa el gobernador a los policías municipales de la ola de violencia en Acapulco. Informa que 170 policías buscan a los médicos y al abogado desaparecidos en Xolapa. Da a conocer que las empresas mineras pagan hasta cien mil dólares mensuales al crimen organizado

Karla Galarce Sosa

El gobernador Rogelio Ortega Martínez señaló que el rebrote de violencia en Acapulco ocurrió a raíz del regreso de efectivos de la Policía Municipal del puerto.
“Ya hay un dispositivo de seguridad, que hoy pondremos en marcha para que podamos atender particularmente a Acapulco. Se trata de desplazar a elementos de policía municipal que ingresaron en abril, y que es en abril cuando repunta la delincuencia (en Acapulco), ahí tenemos un fenómeno que explica claramente de qué se trata, los vamos a sacar del área donde se ha generado mayor incidencia delincuencial y ahí vamos a proteger con Marina, Ejercito mexicano, Gendarmería y Policía Estatal”, expuso al concluir ayer por la mañana la supervisión del desmantelamiento del muelle que la empresa Jar Estate pretendía construir en la playa Revolcadero.
—¿Entonces siguen prevaleciendo las irregularidades en la policía municipal? —preguntó un reportero.
—Existen irregularidades y ahí vamos a profundizar los procesos de acreditación o certificación de la policía municipal —respondió el gobernador.
Mencionó también el caso de los tres médicos y el abogado desaparecidos desde el pasado 19 de junio en la comunidad de Xolapa, en la zona rural del puerto de Acapulco, y añadió que a partir de este viernes se desplegaron 170 efectivos policiacos que iniciaron un operativo de búsqueda y localización.
Ortega Martínez dijo haber acordado con familiares de los desaparecidos que realizarían una intensa búsqueda.
“Siempre que los familiares enfrentan este tipo de problemáticas, se les genera una angustia, incertidumbre por cada minuto que pasa, por la vida y la seguridad de sus familiares, el día de hoy (viernes) iniciamos una búsqueda coordinada con 120 elementos de la Fiscalía (General del Estado) y 50 de la Policía Estatal en el área (de la zona rural de Xolapa) donde fueron secuestrados”, detalló.
La fiscalía hablaba de que habían sido encontrados unos cuerpos que pudieran ser de los cuatro desaparecidos, comentó otro reportero y el gobernador dijo que “los revisaron ya los familiares en el Semefo, se les permitió el acceso directo y no los identifican como familiares suyos”, con lo que el gobernador Rogelio Ortega despejó las dudas de que habían aparecido muertos.
Más tarde, al concluir la presentación del programa Los Sabores de Guerrero de la Sefotur en el salón Acapulco del hotel Calinda, el gobernador habló de la gira que hizo en la comunidad La Pintada para supervisar obras de reconstrucción después de los daños causados por la tormenta Manuel.
Recordó que ayer se cumplieron nueve meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, e indicó que no son tiempos para incendiar edificios, para bloquear la autopista ni para ahuyentar el turismo de Guerrero, sino para “decir que falta la justicia con los familiares, particularmente de los muchachos de ese número emblemático 43 (…) con los familiares de seis personas que perdieron la vida en ese hecho, con los familiares de más de 30 heridos”.
Destacó que con la entrega de los ayuntamientos y la realización de las votaciones el 7 de junio, entregará al gobernador electo Héctor Astudillo Flores “un estado en paz y armonía”.
Indicó que el lunes ambos presentarán en el Palacio de Gobierno los equipos del proceso de entrega-recepción: “una entrega tersa, con absoluta transparencia, le voy a entregar finanzas sanas (…) hemos dispuesto cabalmente con lo que establece el Congreso, con relación a las partidas etiquetadas, con absoluta claridad y rendición de cuentas”.
Anunció también como “logros en ocho meses de trabajo” que el Centro Internacional Acapulco (CIA) fue “recuperado” para que el gobierno estatal lo administre de nueva cuenta y “el nuevo gobierno de Héctor Astudillo, para que sea un centro de convivencia también en lo que ya es prácticamente el centro de Acapulco”.
Expuso ante un centenar de asistentes que la mejor forma de ayudarle a Guerrero es promover el turismo, y reiteró su trabajo con el ramo hotelero para los altos registros de ocupación y su trabajo como intermediario para la entrega de ayuntamientos, pues indico que de 46 que había cerrados por el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) sólo quedan dos, el de Tixtla y el de Ayutla.
En declaraciones a reporteros después de la comida, Ortega Martínez mencionó que la presencia de la procuradora General de la República en Iguala, Arely Gómez González, obedece a una colaboración de los tres niveles de gobierno e hizo referencia al recorrido de supervisión que hizo con los titulares de Semarnat y Profepa.
“Siempre estamos en absoluta coordinación y tienen la deferencia de estar muy pendientes de lo que sucede en Guerrero, por ejemplo en el caso de los tres médicos del caso de Xolapa y del contador que los acompañaba de inmediato recibí la solidaridad y comunicación directa de la titular de la Secretaría de Salud (Mercedes Juan López), es un tema que aglutina al gremio y su disposición aquí para reunirse con los familiares, para estar junto con las instancias de seguridad atendiendo el tema”, comentó.
En relación a lo que publicó la revista Proceso en torno a que sus amigos, familiares y allegados cobran en la nómina del gobierno estatal y en algunos casos también en la Universidad Autónoma de Guerrero, negó que eso sea verdad y anunció que publicará, mediante el área de Comunicación Social, los cheques que ha cobrado desde que es gobernador y aclaró que recibe la misma suma que recibía antes de ser el gobernador.
Dijo que cuando se conformen los equipos de entrega-recepción para el cambio de gobierno, habrá una comisión de cinco personas que corroborarán los registros de nóminas.
“Ya tenemos un acuerdo el licenciado Héctor Astudillo y yo, y él me presentó un esquema de cómo puede ser la transición, me comprometí a estudiarlo, porque tengo una propuesta y habrá que analizarlo. El lunes también voy a presentar una comisión no muy grande, que no será de más de cinco gentes que habrá que trabajar junto con una comisión que trabaje junto con la gente que nombre el gobernador, para que de una vez por todas subsanemos este tema de los dobles salarios conforme a derecho laboral”, anunció.

Pagan hasta cien mil dólares mensuales mineras al crimen

Sobre el cierre de empresas en las regiones Norte y Tierra Caliente, comentó que habló con los gerentes de las mineras cerradas.
Mencionó el comentario que hizo a los mineros, en el sentido de que sus estancias en la entidad “debieron pasar por un esquema de seguridad, de un convenio muy claro entre empresa y gobierno, porque es hasta irresponsable que venga una empresa a invertir si no tiene garantizada la seguridad. De pronto me entero de casos como este, que hay empresas que pagan hasta 100 mil dólares mensuales”.
El gobernador sugirió que si las empresas entregaron el dinero a grupos delictivos debieron entregarlos al gobierno para seguridad.
Y mencionó el proyecto fallido de la construcción del cuartel militar en Teloloapan por falta de dinero, pues los 30 millones disponibles por la federación, fueron insuficientes para la edificación, pues se requerían 200.
“Si las empresas mineras invirtieran en inseguridad no para que le den ese dinero a un jefe policiaco, no para que se lo den a un bandido que los esté extorsionando, sino para que lo inviertan en escuelas, en centros de salud, en carreteras, en seguridad, con infraestructura para la Marina Armada de México, para el Ejército, para la Policía Federal, para la estatal y entonces estaríamos cerrando un ciclo de seguridad, de empleo”, declaró Rogelio Ortega.
Señaló irregularidades y anomalías por parte de las mineras que incumplen con las condicionantes de manifestación de impacto ambiental.
Al final, cuando se le preguntó sobre el repunte de secuestros entre universitarios, expuso que se debe plantear un nuevo esquema de protección que permita coordinar mejor los esfuerzos que se realizan y conocer los “nichos de mayor incidencia en las escuelas” de la UAG.

Anuncia el gobierno estatal nueva estrategia de seguridad para Acapulco

Por la noche en un comunicado el gobierno del estado anunció una “nueva estrategia para reforzar la seguridad en Acapulco”, misma que será planteada al alcalde Luis Uruñuela Fey en una próxima reunión de la que no dan fecha.
En el texto se informa que la nueva estrategia consistirá en la “redistribución de la presencia policial en Acapulco. La policía municipal se concentraría en la periferia de la ciudad, mientras que la Gendarmería Nacional y la Fuerza Estatal lo harán en las zonas críticas” sin especificar cuales.
En el comunicado se informa que “uno de los propósitos de esta estrategia, es brindar mayor seguridad a los ciudadanos, combatiendo en particular los delitos de homicidio, secuestro y robo de automóviles”.
El acuerdo de la redistribución de las fuerzas policiales se tomó en una “reunión extraordinaria” del Grupo de Coordinación Guerrero, la cual fue presidida por el gobernador Rogelio Ortega Martínez, con la asistencia de los comandantes de la Octava Región Naval, vicealmirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán y de la Novena Región Militar, general Alejandro Saavedra Hernández; del delegado de la Secretaría de Gobernación, Erick Castro Ibarra; el delegado de la PGR, Miguel Amelio Gómez, el comisario y jefe operativo de la Gendarmería, División Guerrero, Hipólito Carreño Avelino y el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado.
Otro de los acuerdos fue convocar para la siguiente reunión al alcalde de Acapulco, Luis Uruñuela Fey y al secretario de Seguridad Pública, Marcos Esteban Juárez Escalera, a efecto de que estas propuestas sean consensadas con la autoridad municipal y se puedan aplicar a la brevedad.

Marchan en la Costera familiares de los médicos
desaparecidos para exigir su presentación con vida

Unos 100 manifestantes, en su mayoría amigos y familiares de los cuatro desaparecidos van del asta Bandera al Zócalo de Acapulco

Abel Salgado

En su segunda marcha en Acapulco, ayer cerca de 100 familiares y amigos se reunieron en el asta Bandera para exigir la presentación con vida de los médicos Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tapeque Cuevas, del trabajador administrativo de la Jurisdicción Sanitaria 07 y licenciado en Turismo, Julio César Mejía Salgado, y del administrador de empresas Osvaldo Ortega Saucedo.
La marcha fue convocada en redes sociales para comenzar a las 6 de la tarde en la Costera. Los 80 participantes llevaron pancartas en las que se leía: “La familia los están esperando, ¿dónde están?”, “los cuerpos presentados no son de los doctores ¿entonces dónde están?” y “Te estás tardando, gobierno, ya van 7 días, los queremos vivos”.
Los familiares repartieron volantes en los que señalan que los desparecidos fueron levantados por un grupo armado en el kilómetro 30 de la carretera federal a Tierra Colorada, y que los dos médicos y dos administrativos habían ido a hacer trámites ordinarios a Chilpancingo el 30 de junio; que cuando regresaban a Acapulco “fueron interceptados, levantados y desaparecidos”.
A la marcha, que partió con dirección al Zócalo, se integraron unos 100 inconformes, en su mayoría amigos y familiares de los médicos. La manifestación ocupó dos de los tres carriles de la Costera, con dirección a Caleta. En todo momento fue resguardada por policías de Transito municipal y estatal.
Entre las consignas más constantes y enérgicas, los inconformes gritaban: “son profesionistas, no son delincuentes” y “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Se solidarizan con Ayotzinapa a nueve meses de la desaparición de los 43 estudiantes

Esta vez, marcharon también en solidaridad con los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos hace nueve meses; manifestaron su “solidaridad y reconocimiento a la lucha de las madres y padres de los 43”. Exaltaron que estaban “cansados”  por el clima de inseguridad que predomina en el estado y que “enluta a cientos de hogares guerrerenses”.
Ya frente al Zócalo, a las 8 y media de la noche, la camioneta que iba en la vanguardia  ocupó un carril mientras los familiares y amigos de los desaparecidos formaron una valla en la que entregaban los volantes a los transeúntes y automovilistas.
Allí, el tío del médico Marvin Hernández Ortega, Romualdo Hernández Alvinez tomó el micrófono y denunció que los dos médicos del hospital básico comunitario de Petatlán y los dos trabajadores de la secretaría de Salud fueron desaparecidos, y reconoció la solidaridad que mostraron el jueves en Acapulco, Zihuatanejo y Petatlán, de quienes se integraron al movimiento para exigir la aparición con vida de los cuatro.
El también ex secretario general Académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, Romualdo Hernández, recordó que eran 7 días de “dolor y mucha incertidumbre de los familiares”. Pidió a la Fiscalía General del Estado y  a la Procuraduría General de la República que actúen con rapidez para encontrar a los desaparecidos. Hizo un “llamamiento humanitario” a quienes tienen secuestrados a los cuatro, y propuso una “comisión de intermediación” que incluya a clérigos, organizaciones y familiares de los cuatro desparecidos.

Responsabilizan a policías ciudadanos y comunitarios

Asimismo, llamó al gobierno a asegurar a la sociedad que se pueda transitar libremente por las carreteras, en ese punto, también se acusó a las policías ciudadanas y comunitarias: “que no haya retenes de esos que se dicen policías ciudadanos o de los llamados policías comunitarias, porque están atentando contra la seguridad, contra la vida de los guerrerenses”.
Al finalizar el mitin frente al Zócalo, se le preguntó al padre de Marvin Hernández, Rigoberto Hernández Alvinez, si ya habían tenido un acercamiento después de la reunión del jueves con el gobernador, a lo que respondió, “no ha pasado nada, no nos han informado nada”. Se dijo tranquilizado porque hay un operativo del gobierno del estado en la zona donde desapareció su hijo.“Estamos a tiempo, creemos que están vivos”, confió el padre del médico.
Aseguró que su hijo no fue retenido y secuestrado por el crimen organizado, porque revisó el carro donde viajaban los desaparecidos y recorrió la comunidad de Xolapa, “yo siento que por el calibre que tienen los impactos del carro, tiene que ver la comunitaria ahí”, acusó.
Precisó que las que se utilizaron en el asalto, “nunca fueron armas de alto poder, yo siento que la delincuencia organizada no tuvo que ver porque ellos usan otro calibre muy alto, 9 milímetros, ‘Ak 45’ o ‘R15’, pero no fue así”.
Dijo que vecinos de Tierra Colorada, “nos  informan que las policías comuntarias están acostumbradas a levantar gente ahí, a guardarlos y soltarlos cuando ellos quieren levantarlos”.
En Tierra Colorada, hay una disputa por el control de seguridad en Xolapa entre la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Policía Comunitaria de Xaltianguis, perteneciente al Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), este último, una escisión de la UPOEG. La tensión llegó a su punto más alto con el enfrentamiento entre miembros de la  UPOEG y del FUSDEG el 30 de marzo que dejó ocho policías del FUSDEG y dos de la UPOEG muertos, además de cuatro heridos.
El 6 de junio se dio otro enfrentamiento en Xolapa que dejó 16 muertos y seis heridos, entre las víctimas estuvo el coordinador de la Policía Comunitaria de Xolapa, Ignacio Policarpio  Rodríguez.

Con el jefe de la Pepsi Cola van tres levantados
en Teloloapan en un mes, informa el alcalde

El alcalde perredista de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado dio a conocer que el miércoles, cuando fue levantado el jefe administrativo regional de la empresa Pepsico-Sabritas, Hugo de la Cruz, también se llevaron a un ingeniero que trabaja en la construcción del  mercado municipal.
Además hace un mes le reportaron que un trabajador del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) fue levantado. Dijo que los casos fueron reportados a las autoridades militares, pero desconoce si existe una investigación al respecto.
Consultado ayer vía telefónica, se le preguntó del problema de inseguridad que prevalece en el municipio que gobierna, luego de que el miércoles hombres armados vestidos de civil y encapuchados levantaron al jefe administrativo regional de la empresa Pepsico-Sabritas, Hugo de la Cruz, en un retén instalado a dos kilómetros de Teloloapan, en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano.
El alcalde perredista indicó que la situación en Teloloapan es de “aparente tranquilidad”, pero se han registrado tres casos de personas levantadas en el último mes.
Reveló que el miércoles en la mañana fue informado de que un ingeniero, originario de Iguala que trabaja en la construcción del mercado municipal, fue levantado. Explicó que el reporte lo recibió de otras personas que también trabajan en la obra.
Dijo que no fue posible conocer los detalles porque la familia no quiere hablar al respecto, que los casos del ingeniero y del IEEJAG los reportó al Ejército que con la PF son los responsables de la seguridad  del municipio, sin embargo desconoce si existe alguna investigación  al respecto. (Carlos Navarrete Romero / Chilpancingo).

La policía de Acapulco no se mueve sola,
responde Uruñuela a dichos del gobernador

Afirma el alcalde que desde su regreso tras un año en paro, los agentes municipales son acompañados en sus recorridos por el Ejército y la Gendarmería. “Nos gustaría conocer las bases de sus acusaciones”, dice del comentario de Rogelio Ortega, quien relacionó el incremento del crimen en el municipio al regreso a labores de la policía

Aurora Harrison

El presidente municipal Luis Uruñuela Fey, declaró que son factores múltiples la causa del aumento de la criminalidad en el municipio y uno de ellos la impunidad porque no se castigan los delitos. Del comentario del gobernador Rogelio Ortega Martínez, quien relacionó el incremento de la violencia a la presencia nuevamente en las calles de los policías, tras casi un año de paro, dijo que el comentario debe estar “bien sustentado” y se tiene que analizar.
Abundó que desconoce las razones que tenga el gobernador para hacer esas declaraciones. “A la mejor no se quieren decir cuáles son los elementos que (se tienen y con los que) llegaron a la conclusión, había que ver si es por estadísticas… nos gustaría saber las bases de las acusaciones”.
Este viernes, en declaraciones a reporteros durante la supervisión del desmantelamiento del muelle del Revolcadero, Rogelio Ortega dijo que el rebrote de la violencia en Acapulco ocurrió tras el regreso de la policía del municipio a las calles.
Consultado después de la sesión de Cabildo ayer por la tarde, el alcalde dijo que en abril que regresaron a trabajar los policías municipales estuvieron “acuartelados” porque acudieron a cursos, y cuando les entregaron las armas para salir a recorridos iban acompañados del Ejército y la Gendarmería.
“No sé qué elementos halla para establecer que esa sea la causa del incremento de la criminalidad. Creo que se trata de factores múltiples y complejos que tienen que ver con la impunidad, el alto grado de impunidad, porque la mayor parte de los delitos no se castiga, algunos ni siquiera son denunciados porque los ciudadanos no quieren hacerlo, a lo mejor tienen miedo o no sé cual sea la razón, pero es un tema que coadyuva a esto”.

Debe haber coordinación entre los gobiernos

Luis Uruñuela agregó que con las últimas ejecuciones en Acapulco pareciera que “hubiese alguna lucha o algo que provoque este tipo de incidentes”, y por ello debe haber coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Reconoció que la prevención del delito le toca a la Policía Preventiva, pero la investigación corresponde al estado y cuando se trata del crimen organizado es la federación quien debe de intervenir.
–¿Entonces la autoridad no investigan por eso existe impunidad?
-Preguntaría de todos los hechos que se han consumado y entrevistan a la autoridad… ¿cuántos se han esclarecido, cuántos se han consignado? No es echar culpa, es un problema que nos atañe a todos, pero señalar una causa especifica que sea el factor del aumento de la criminalidad debe ser bien analizado y si es así buscar de cómo resolverlo. Si se trata de los policías, habría que ver si son los que están certificados o no y porque no los hemos liquidado.
El alcalde dijo que si hubo aumento en la criminalidad y si se le echa la culpa a los policías porque regresaron se tiene que analizar bien, “la circunstancia de tiempo modo y lugar de algunos hechos donde se involucren a los policías”.
–¿Descarta que los policías municipales tengan que ver con el aumento de la violencia?
–No descarto, pero debe haber un análisis en conjunto, porque si se atribuye a eso debe estar bien sustentado. Además, quiero decir algo. Los policías cuando recibieron sus armas y patrullaron lo hicieron con el Ejército, nunca anduvieron solos, nunca han andado solos.
Agregó que para inhibir la delincuencia se debe buscar coordinación y que en la práctica “sea efectiva, solidaria e inteligente, que los agentes de inteligencia que tengan como responsabilidad abatir la criminalidad cooperemos juntos”.
Uruñuela Fey declaró que si hay indicios de que los policías están involucrados sería bueno saber para poner remedio en “lo que nos toque, pero es una decisión que debe ser del municipio, y también por qué no, consensada con las autoridades que tengan a su cargo algunas cuestiones en ese tema de seguridad”.
Abundó que desconoce las razones que tenga el gobernador para hacer esas declaraciones. “A la mejor no se quieren decir cuáles son los elementos que llegaron a la conclusión, había que ver sí es por estadísticas… nos gustaría saber las bases de las acusaciones”.
“Qué tipo de ilícitos se han cometido y que den la idea de que son nuestros policías los que están actuando así: extorsiones, homicidios, cuál sería. Es un tema que yo creo que deben de coadyuvar especialistas y tendríamos que buscar la manera de reunirnos para comentar estos temas y hacerle frente común, porque de manera aislada no se resolverá” dijo.
Por la mañana habló sobre la queja en contra la procuradora de la Defensa del Menor, Blanca Guzmán Iturbe, por negar la adopción de un menor a un matrimonio que ya tiene en su hogar a la hermana de ésta: “Hay una especie de campaña que quieren litigar a base de los medios, de decir algo muy cierto que los niños deben estar juntos, pero hay proceso que deben de respetarse. No se trata de decir ‘quiero que los niños estén juntos, pero la otra niña estaba en convivencia con una familia”.
Uruñuela Fey indicó que está en disposición de atender al matrimonio que se está inconformando.