Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Benigno Guzmán Martínez

Veinte años de impunidad

¿Cuánto nos dueles Aguas Blancas? ¡Veinte años y el dolor está fresco! ¡Veinte años y la injusticia no cesa!
La impunidad sigue teniendo nombre, apellido, rostro: Rubén Figueroa Alcocer, Antonio Alcocer Salazar, Rodolfo Sotomayor Espino, Gustavo Olea Godoy, Rosendo Armijo de los Santos, Adrián Vega Cornejo, Ernesto Zedillo, PRI, gobierno federal, neoliberalismo.
¿Cómo no recordarles 17 masacrados? ¿Cómo no hablar de ustedes 21 heridos, algunos lisiados? ¿Qué decirles huérfanos, viudas sin precio, padres y hermanos que se quedaron esperando? Veinte años y aquí los estamos recordando, no se han vuelto olvido.
Recordamos los callos de sus manos, sus huaraches, su frente sudorosa de piel morena, su honrado olor a trabajo, a mazorcas recién cortadas, a surcos tempranamente abiertos. Sus abandonados machetes, instrumentos de labranza que esperan volver a ser usados para sembrar, para cultivar, para hacer florecer la fertilidad de la madre tierra.
Hoy nos quieren engañar con el cuento de que el caso ya fue juzgado y ya se decidió sobre él. Que ya no hay nada jurídico que hacer. Y algunos, que agradecen las migajas gubernamentales, lo repiten y nos quieren convencer de que hay que aceptarlo.
Pero mientras no exista una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, de acuerdo con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso sigue abierto.
También sigue pendiente la justa indemnización a los familiares de los masacrados y a los sobrevivientes, así como la atención adecuada de los que resultaron con secuelas de sus heridas.
De acuerdo con las definiciones que hace el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por el gobierno de México el 28 de octubre de 2005, en su artículo 7, la masacre de Aguas Blancas es un crimen de lesa humanidad. Fue un ataque contra una población civil, de conformidad con una política común del Estado. Lo que no necesita ser definido o formalizado, pues basta con haber sido planeado para considerarlo así, y la masacre de Aguas Blancas es un crimen que no ocurrió al azar.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, siempre pueden ser jurídicamente investigados. Por eso, reafirmamos que seguiremos luchando, desde nuestras capacidades, por el castigo de los autores intelectuales y materiales de la masacre de Aguas Blancas, y por una vida justa para los trabajadores del campo.
Nos oponemos a las contrarreformas que, para cumplir con los mandatos del capital trasnacional, hoy se pretende impulsar, convirtiendo nuestros derechos y recursos naturales y energéticos en nuevas ganancias capitalistas.
Enfrentaremos con nuestra decisión los planes de privatización global del agua, de los bosques, de nuestros minerales, de las tierras y del futuro de nuestros hijos y jóvenes.
Exigimos la libertad de Nestora Salgado, de los detenidos de la CRAC y de todos los presos políticos del país.
Reiteramos nuestra solidaridad con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y con los masacrados en Iguala los días 26 y 27 de septiembre; con los familiares de las víctimas de la guardería ABC; con los familiares de los masacrados en El Charco, en Acteal, en Michoacán; con los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos; con los familiares de Los Otros Desaparecidos; con el magisterio rebelde que con su lucha mantiene vivo el derecho a la educación.
De los de abajo depende que la justicia para todos sea una realidad y no una frase hueca, vacía, ostentosa, que sólo sirve para ofendernos.
Desde esta sierra de Coyuca de Benítez, tercamente rebelde a la injusticia, les decimos que seguiremos resistiendo. Les abrazamos.

* Por la unidad de obreros y campesinos, Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS); 28 de junio de 2015, Coyuca de Benítez, Guerrero, México.

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