Netzahualcóyotl Bustamante Santín

Avances del presupuesto local

El 15 de octubre pasado, el gobierno de Ángel Aguirre entregó el primer presupuesto de su cuatrienio al Congreso del estado. El documento, como es natural, se acompaña de la ley de ingresos. Esta última de apenas 17 artículos, señala que la tenencia vehicular que será abrogada a partir del siguiente año a nivel federal, no la pagarán en Guerrero sólo aquellos que vayan al corriente hasta el año 2011, lo que significa que en los hechos, ese impuesto seguirá vigente en la entidad. La Ley de ingresos del estado estima que habrán de recaudarse 210 millones de pesos (mdp) por concepto de tenencia y uso de vehículos en 2012. Y ante la insuficiencia de ingresos por la tenencia, se dispone que los propietarios de vehículos particulares y de transporte público, tendrán que canjear otra vez las placas que otorga el gobierno del estado “cubriendo los derechos respectivos” y señalando que las placas estarán vigentes sólo tres años. Por concepto de ingresos propios, el gobierno estatal planea obtener apenas 20 millones más de lo que estimó para 2011, la administración de Zeferino Torreblanca. En el proyecto de presupuesto, el gobierno de Aguirre reconoce que el 94 por ciento de los ingresos del estado son de origen federal y “esa situación se deriva de que la entidad no cuenta con un desarrollo industrial”. Y si las cifras de crecimiento son moderadas en los ingresos propios, lo son aún más en lo referente a los recursos federales. Las participaciones se desploman al pasar de 9 mil 988 millones de pesos en el último proyecto zeferinista a 9 mil 536.238 millones para el siguiente año; la caída responde a una moderada recaudación de impuestos federales y a la desaparición de la tenencia como gravamen federal. Por su lado, la estimación del Ramo 33 en Guerrero pasa de 21 mil 415 millones para 2011, a 22 mil 552 para el próximo año (esta última cifra contrasta con lo proyectado por Hacienda en el presupuesto federal que es de 22 mil 35 millones de pesos tal como lo dimos a conocer aquí, El Sur 27/9/11). En el presupuesto aguirrista se informa que la deuda pública directa heredada de la anterior administración alcanzó la cifra de 2 mil 957 mdp al 31 de marzo de este año y que se pretende bajarla a 2 mil 755 millones el próximo 31 de diciembre; un buen esfuerzo que sin embargo se contrapone con la solicitud al Congreso del Estado para que le autorice una línea de crédito por un monto de 664 millones que se prevé “ante cualquier contingencia”. Para darle mayor claridad a los lectores debe señalarse que las cifras sobre el gasto a ejercer por la administración pública son variables, debido a que el presupuesto enviado por el Ejecutivo es uno, lo aprobado por el Congreso es otro y debido a las variaciones de las finanzas nacionales y por ende, los ajustes que hace la Secretaría de Hacienda a la alza o a la baja, el presupuesto presenta cifras distintas al cierre del año. El dato interesante se presenta cuando el gobierno tiene mayores ingresos que los autorizados por los diputados; ese dato se refleja en la Cuenta Pública, aunque en realidad el destino de esos fondos resulta un verdadero enigma. El anteproyecto de presupuesto de Guerrero para 2012 se ubica en 38 mil 186.93 millones de pesos y crecerá apenas 0.7 por ciento respecto al que se aprobó para este año por el Congreso local que fue de 37 mil 917 millones 609 mil pesos. El paquete económico del gobierno de Aguirre explica que el menor dinamismo de la economía mundial y la volatilidad en los mercados financieros internacionales afectarán a la economía mexicana y por consecuencia, a las finanzas públicas guerrerenses; para contrarrestar tal escenario no contempla un programa de austeridad para la administración pública reduciendo sueldos o reorientando el gasto a programas de combate a la pobreza, al contrario, salvo una tímida mención en los artículos 41 al 47 respecto a la austeridad y disciplina presupuestal, el plan de gastos del gobierno de Aguirre señala tibias medidas para eficientar los recursos locales. Y si bien se establecen de los artículos 62 al 68 del mismo presupuesto, las obligaciones que deberán cumplir los poderes públicos del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en materia de transparencia, el gobierno de Aguirre da un salto cualitativo hacia atrás en calidad de información financiera, pues en los anexos del proyecto de presupuesto sólo se adjuntan cinco cuadros informativos sobre los ingresos totales, el gasto consolidado, la deuda pública y la transferencia a los municipios, pero no el listado de cada una de las obras a las que habrá de destinarse la inversión estatal, ni mucho menos el tabulador de los sueldos y salarios de los servidores públicos comenzando por el del gobernador; todo lo anterior sí lo incluían los tres últimos proyectos de presupuesto de Torreblanca Galindo. El gasto para la administración central (secretarías del gabinete, Contraloría, Procuraduría y otras) asciende a 23 mil 737 millones (contra 22 mil 484 del presupuesto 2011); al Poder Legislativo y al Judicial les han proyectado un incremento de recursos de 10 millones para cada uno respecto del año 2011. Mientras que el conjunto de la administración descentralizada u organismos paraestatales presentan una baja de 38 millones de pesos. En cuanto a los organismos autónomos resaltan las partidas destinadas a los órganos electorales. Al Instituto Electoral local se le ha considerado un presupuesto de 248 millones (224 en 2011), y al Tribunal electoral 62 millones contra 54 de este año. Si bien debe considerarse que en 2012 habrá proceso electoral concurrente, además llama la atención que los incrementos a esos organismos se presentan en su gasto operativo más allá de los recursos orientados a los comicios locales. Por su lado, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos tendrá dos millones de pesos adicionales. Para la Universidad Autónoma de Guerrero, se tiene un presupuesto de mil 747 mdp, 250 millones más que el actual ejercicio fiscal, de los que apenas 50 millones corresponden al aumento del subsidio estatal. En lo que hace a la administración pública centralizada destacan los decrementos a la mayoría de las secretarías. Especialmente la de Desarrollo Económico que pasa de 68 millones en 2011 a 29 el siguiente año; y la de Fomento Turístico que va de 266 millones en el último año del zeferinismo a 157 en el primer año de Aguirre. Mientras que los aumentos se presentan en la Secretaría de Desarrollo Rural (344 millones contra 309 de este año); de la Mujer (100 millones contra 41); y la representación de Guerrero en el Distrito Federal (9.3 millones contra 5.5) Con esas cifras se concluye, sin duda alguna, un buen comienzo de este gobierno.