Se fortalece la tesis de la participación de militares en la agresión a normalistas en Iguala: Tlachinollan

*Diversos testimonios ubican a efectivos del Ejército en varios puntos de la ciudad, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, incluso desde la primera agresión a balazos cerca de las 9 de la noche, pero la PGR se resiste a investigarlos, explica el abogado Vidulfo Rosales

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Distintos testimonios ubican a los militares en “varios” puntos de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, que abren muchas interrogantes sobre la intervención del Ejército en los ataques contra alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, denunció el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vdulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica, afirmó que hay datos que indican que desde la primera agresión a balazos, cerca de las 9 de la noche, los soldados estuvieron en las calles de la ciudad, no sólo en el hospital Cristina, donde hostigaron a un grupo normalistas que buscaron refugio en ese lugar, por la madrugada.
Señaló, que esa información obliga a las autoridades a cuestionar su participación: ¿en qué consistieron los operativos?, ¿qué hicieron?, ¿por qué no previnieron los asesinatos y la desaparición forzada de 43 estudiantes?, ¿su participación fue para inhibir los ataques a los estudiantes o para colaborar con la policía municipal?, si no son responsables, ¿por qué no procedieron al desarme de los municipales?
Se le recordó que el ex procurador, Jesús Murillo Karam, que atrajo el caso a la federación, se negó a abrir una línea de investigación hacia el Ejército, argumentando que los soldados no intervinieron, que los únicos responsables de los agresión fueron policías municipales y sicarios del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, cuyos mandos eran el alcalde de iguala y su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa.
Incluso, el funcionario (ahora secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) declaró en su momento que “qué bueno” que no intervinieron los soldados, porque su actuación habría sido institucional, de apoyo a los policías, como si ello hubiera implicado mayores daños. El saldo fue de seis muertos, tres de ellos estudiantes, una veintena de heridos, uno con muerte cerebral, otro con el rostro destrozado, y 43 desaparecidos.
Rosales Sierra declaró que se está fortaleciendo la tesis de la participación de militares en la agresión, aunque el gobierno se resiste a investigarlos. Indicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aún no ha logrado entrevistarse con los mandos del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, como lo ha solicitado al menos en dos ocasiones que han sido públicas.
Se reservó a hablar de los sitios donde son ubicados los militares, porque es parte de la investigación, pero aseguró que ha quedado establecida su presencia, no sólo en el hospital Cristina. En el hospital privado, 23 normalistas y un maestro pidieron refugio y atención para un estudiante herido, a eso de la 1 de la mañana, de acuerdo con versiones periodísticas.
A pesar del trato hostil, los estudiantes explicaron a los militares que fueron baleados por policías y que uno de ellos estaba herido en el rostro, en el labio superior. Cada uno fue fotografiado y les pidieron sus datos personales, con la advertencia de que dieran sus datos reales, por su propia seguridad.

Sobre la ubicación en la zona militar del celular de un normalista desaparecido

Sobre la versión del padre de Julio César López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos, de que la última ubicación de GPS del celular de su hijo se ubicó en la 27 zona militar de Iguala, Rosales Sierra indicó que el número celular fue dado a la PGR para que se hicieran las investigaciones, pero han sido muy lentas y aún no hay resultados.
El señor Rafael López reveló en redes sociales hace meses que la última ubicación del celular de su hijo fue en la instalación militar, pero no dio más datos sobre la fuente que le permitió acceder a esos datos.
La semana pasada, la agencia Proceso publicó que López Patolzin, era militar y seguía activo al momento de la desaparición forzada, lo cual fue desmentido por su papá, quien confirmó que fue soldado pero desertó.
Rosales Sierra informó que las autoridades también recibieron los números celulares de los desaparecidos que en algún momento se comunicación con sus padres para su rastreo, “de todos esos, tampoco hay muchos resultados todavía”.
De la investigación, indicó que aún no se logra dilucidar una versión que indica que un grupo de los 43 fue detenido en otro lugar, lejos del sitio de los ataques, y que se difundió en diciembre pasado.
La tesis oficial que publicó Murillo Karam, es que todos los desaparecidos fueron aprehendidos por los policías municipales en la calle Álvarez, a unos metros del Periférico en Iguala, hasta donde los normalistas se trasladaron en tres autobuses y fueron atacados a balazos.
Sin embargo, había un cuarto autobus, que se desvió en la primera calle hacia el Periférico, no entró a la ciudad, y se dirigía a Chilpancingo.
Dijo que aún no hay claridad en las versiones porque los testimonios de los normalistas no son del todo coincidentes, y muchos desertaron tras la agresión.
Por ejemplo, dijo que que en la calle Álvarez se habla de que un grupo de 15, 20 y hasta 25 estudiantes fueron bajados del tercer camión, y los detenidos (presuntos responsables) aseguran que de de ahí se llevaron a todos.
Pero hay un cuarto camión de la Estrella de Oro que se encontró vacío en las inmediaciones de Iguala, cerca del puente de la Ciudad Judicial, rumbo a Chilpancingo, y a unos metros de la desviación de la caseta de cuota que conduce a Buena Vista de Cuéllar.
Unos dicen que de ahí fue bajado otro grupo de los 43, otros dicen que iba vacío, hacia la Normal pero todavía no se ha podido verificar.