Abelardo Martín M.

Zeferino en Las Lomas y Polanco15

El cambio de residencia de un ex gobernador no es un hecho aislado y ocurre con más frecuencia de la que nos imaginamos. Incluso se ha vuelto costumbre que el ex mandatario sea protegido por la magia de la inmunidad que ofrece ser diputado o senador. Es el caso de don Zeferino Torreblanca, el jalisciense que arriesgó como empresario y que alcanzó por el PRD, el partido que dentro del centro dice estar más a la izquierda de los demás, la gubernatura del estado. Sin embargo hace varios meses que ha tenido que mudar su residencia, como lo hacen al término de su mandato la mayoría de los ex gobernadores. Son ahora excepción los casos en los que el ex gobernante puede recuperar su condición de ciudadano de a pie, o cuando menos de habitante del lugar cuyo gobierno encabezó. Por distintas razones, la mayoría se ven obligados a emigrar. El caso extremo son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, cuya mala fama lo persiguió durante años, hasta que pudo regresar a México. El otro es de su colega Ernesto Zedillo Ponce de León, quien mudó su residencia por razones de trabajo. Sea como fuere, el fondo de las causas de esta conducta, cada vez más común, puede estar en la pérdida de la urbanidad, especialmente en el mundo de la política, donde la guerra sucia convierte a los adversarios políticos en verdaderos enemigos para toda la vida. Cómo reconciliar, por ejemplo a quienes disputan la gubernatura de Michoacán y que fueron capaces, aun sin saberlo, de autoproclamarse “ganadores” con el propósito de engañar a la opinión pública, al electorado y a los adversarios. Es decir, hay falta de urbanidad política, de decencia y de apego a la verdad por parte de quienes más obligación tienen en respetar y hacer respetar la ley. Hoy en Guerrero, derivado de una auditoría conjunta entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Contralora estatal, que encabeza Julio César Hernández Martínez, ésta ratificó ante la Fiscalía Especializada contra los Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), la demanda penal en contra de cinco ex funcionarios del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo por presuntas irregularidades financieras en el ejercicio de sus funciones. En un procedimiento normativo que tiene como propósito determinar la procedencia o no del ejercicio de la acción penal en contra de los ex funcionarios, y se fincaron responsabilidades contra tres directivos del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-Guerrero: el titular del mismo, Juan Carlos Estrada Reyes; y los responsables de Administración y Finanzas, Octavio López Gómez, y Néstor Morales Silva, a quienes se les responsabiliza por una afectación global al erario por 13 millones 765 mil 587 pesos y 60 centavos. Otro de los funcionarios denunciados penalmente es David González Añorve, quien ocupó el cargo de secretario técnico del fondo de aportaciones de seguridad pública; a él se le atribuye una afectación al erario del orden de los 372 millones de pesos. El quinto funcionario demandado es el ex secretario de Finanzas y Administración, Ricardo Ernesto Cabrera Morín, quien presuntamente violó la ley de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 y se le atribuye una afectación al erario de más de 72 millones de pesos. Todos ellos funcionarios de Torreblanca Galindo. Queda claro que las sanciones de las conductas irregulares en los gobiernos son parte de una cultura o formación cívica que busca preparar ciudadanos cabales y funcionarios que no sólo sean capaces de actuar con transparencia, ética y probidad, sino también con urbanidad, con elementales formas de educación política. La mayoría de los ex gobernadores al término de su gestión no pueden (ni se atreven) a caminar por las calles de las ciudades de los estados que gobernaron. A don Zeferino Torreblanca se le puede ver en Polanco o en Las Lomas, en la ciudad de México, pero no en Chilpancingo o en Acapulco. Las virtudes o formas educadas que se esperan de los líderes o gobernantes, por su preparación o educación, brillan por su ausencia. Sería un buen principio que se recuperara la urbanidad en el trato, aunque en los tiempos de guerra, sea contra el crimen organizado y el narcotráfico o la electoral, sea mucho pedir. La gente parece que no se da cuenta pero lo resiente todos los días.